Desde los tiempos de la transición hemos consolidado una clasificación del nacionalismo basada en un criterio harto discutible. Distinguimos, en efecto, entre un nacionalismo violento, también llamado “radical”, capitaneado por ETA y un nacionalismo que con excesiva y generosa simplificación denominamos “democrático”.
¿Por qué decimos, sin más, que todo nacionalismo no violento es democrático? ¿Basta la renuncia, expresa o tácita, al ejercicio de la violencia como instrumento de actuación para que un movimiento político reciba el marchamo de democrático?
Desde mi punto de vista, dentro del sector nacionalista no violento puede y debería distinguirse entre un nacionalismo al que podríamos denominar “esencialista” que no procede, en absoluto, de principios democráticos y que ocupa buena parte, si no todo, el discurso nacionalista actual y un nacionalismo digamos que “republicano”, plenamente democrático, cuya existencia suponemos, haciendo un esfuerzo intelectual, aunque quepa la duda de que haya nadie enarbolando tal bandera, por lo menos, dentro del PNV.
He hablado de “principios democráticos” como criterio de cualificación, ¿Cuáles podrían ser? No basta, desde luego, el mero respeto formal a la regla de mayorías electorales (“un hombre, un voto”) ¡Faltaría más! Aunque, por cierto, aquí se ha jugueteado peligrosamente con la idea aberrante de ajustar el censo electoral a colectivos auténticamente “nacionales” en detrimento de los simples ciudadanos avecindados.
Se trata, para obtener ese calificativo de democrático, de cumplir unos postulados básicos de igualdad, libertad, respeto a la ley y control del poder, tanto en los procedimientos como en los objetivos políticos.
Dicho de otro modo, no sería democrática, por ejemplo, la pretensión de imponer a la ciudadanía de un país una determinada religión. No lo sería ni aún en el caso de que se contara para ello con el voto favorable de la inmensa mayoría. Por el contrario, hay que reconocer la existencia de un reservorio jurídico inatacable constituido por los derechos civiles, políticos y sociales fundamentales.
Algo así ocurre cuando un movimiento político pretende defender sus proyectos desde un plano de superior legitimidad al resto, presentando sus postulados, no como un desiderátum más entre otros que compiten, sino como la reivindicación de un derecho, como el resarcimiento de un agravio. No se trata, entonces, de algo que los electores pueden elegir o rechazar en función de su libre parecer sino de algo que los demás “deben”… satisfacer aunque, merced a una actitud tolerante y compasiva por parte del colectivo agraviado, se haya renunciado a su exigencia “manu militari”.
Este nacionalismo esencialista puede no ser violento, lo que ya es una suerte, pero tampoco es democrático. No reconoce a los miembros de la comunidad un albedrío político igualitario y plenamente libre del mismo modo en que aquellos poseídos de una pasión religiosa, llegarán a lo sumo, en un ejercicio de tolerancia, a permitir que los demás practiquen otra distinta sin imponer por medios coactivos su catecismo, pero mantendrán siempre un sentimiento de titularidad con respecto a la “verdadera fe» fuera de la cual no hay salvación.
El pueblo vasco (en la definición que de tan inaprensible concepto haga en cada momento su genuino representante político, es decir, el nacionalismo) es una realidad preexistente e histórica que la política, la praxis política de los ciudadanos realmente existentes,»debe» reconocer.
De este modo, el sujeto político se desplaza desde la esfera racional e igualitaria del ser humano, hacia una entidad metafísica cuyas características ideales, necesitan para manifestarse la interpretación de un sacerdote capaz de percibir los contornos del concepto (invisibles para el común de los mortales) y de transmitirlos. De definir los derechos que deben ser satisfechos al ente, de interpretar su voluntad y en su caso, de decidir los sacrificios exigidos para aplacar su ira.
Todas las doctrinas totalitarias obedecen a un esquema similar. Sea la religión, la revolución o la nación, en el momento en el que aparece un yo colectivo (Iglesia, Clase o Pueblo) titular en sí mismo de unos hipotéticos derechos políticos, estamos acabados.
Es desde este punto de vista como se explica el énfasis nacionalista en la presunta falta de “normalización” política de la sociedad vasca. ¿Por qué? ¿Qué le ocurre a la sociedad vasca para que no pueda considerarse una democracia homologable y normalizada?
Lo que ocurre, el factor de “anormalidad” de la convivencia política de los vascos, es la pervivencia anacrónica del terrorismo. Pero esta pervivencia no es el síntoma de la existencia de un conflicto histórico-político sin resolver, sino de la incapacidad de algunos para aceptar la solución democráticamente arbitrada para resolverlo en 1979, es decir, el Estatuto de Autonomía.
Para los nacionalistas, sin embargo, la solución estatutaria no tiene la virtud de producir la necesaria “normalización”, algo que solo ocurriría (y ocurriría, además, con carácter definitivo e irreversible) en el momento en que la ciudadanía tomara conciencia de que “es” un pueblo sujeto obligadamente al cumplimiento de un destino histórico… ”ser para decidir”.
En Euskadi no basta ser ciudadano sino que se nos impone la tarea de “ser Pueblo Vasco”.
La historia, de ese modo, adquiere un sentido, una misión: “la construcción de la nación vasca”, entendiéndose el término nación, naturalmente, al modo nacionalista, no al liberal. Es decir, la materialización forzosa del ideal profesado por el grupo de profetas de lo que Euskadi ha sido, es y debe ser (para poder decidir) en el futuro.
09/09/2002
Rafael Iturriaga, el blog. 