MAS ALLÁ DE LA LEY

Da la impresión de que la calidad de nuestra convivencia política se halla en un nivel tan bajo que hemos decidido ejercer la crítica pública parapetados tras una última muralla constituida por el bunker de la legalidad. Nos conformamos con que las cosas sean legales, admitiendo que si algo se sitúa “dentro de la legalidad”, ya no queda nada por decir. Que no hay reproche ni evaluación posible. ¿Dónde quedan la eficacia, la eficiencia, la equidad, la ética y la estética como criterios de valoración de la acción de los poderes políticos? … En el limbo.

Para criticar una decisión se intenta, antes que nada, su deslegitimación jurídica a través de un recurso jurisdiccional, esté o no bien fundado. Es la denominada “judicialización de la vida política”. ¿Qué ocurre si, como frecuentemente sucede, los tribunales declaran, largo tiempo después, la conformidad a derecho de lo recurrido? Que el debate político que hubiera sido necesario yace muerto y enterrado. ¡Una preciosa ocasión perdida de remediar una barbaridad, una estupidez, un derroche, una injusticia, etc.!. Por no decir que, de este modo, al hacer entrar a los jueces a dirimir cuestiones que corresponden mas ajustadamente a la órbita del debate político, conseguimos un segundo efecto perverso, la “politización de la justicia” pues los que salgan trasquilados del improcedente pleito no dejarán de ver en la resolución dictada la sumisión a oscuros intereses, la falta de ecuanimidad o, incluso, la pura y simple prevaricación.

Por otra parte, si el único parámetro de control es la legalidad, su ejercicio cotidiano es relegado a instituciones especializadas (policías, tribunales, sindicaturas de cuentas, etc.) y a la tarea de élites profesionalizadas en relación, sobre todo, con el mundo del derecho. ¿Dónde queda la crítica política? Y, sobre todo, ¿Con qué materiales se va a llevar a cabo? ¿Cómo va a forjarse una opinión pública sobre lo mejor o lo peor, sobre lo conveniente o no, cuando lo que se ventila es nada menos que la posible ilegalidad de las acciones públicas?

En los debates electorales (que son casi todos, dentro o fuera de campaña) lo habitual es encontrarnos con un rosario escalofriante de acusaciones mutuas de cohechos, corrupciones y todo tipo de crímenes. Da la impresión de que, o son unos histéricos o, si hemos de creerles, son todos carne de presidio. ¿Es que además de ladrones, prevaricadores, corruptos o asesinos no tenemos políticos bobos, fanáticos, incompetentes, injustos, derrochadores, o, sencillamente, equivocados desde nuestro particular punto de vista? ¿Qué clase de opinión puede tener la ciudadanía respecto de una “clase política” cotidianamente tratada de delincuente? ¿Con qué moral afrontaran los gestores públicos su trabajo? ¿Quién decidirá, en su sano juicio, “meterse en política”?

Además, no nos engañemos, la legalidad, la legalidad vigente y positiva, no constituye siempre una referencia absoluta de definición del bien común. El único legislador que tuvo la suerte de recibir, nada menos que de Dios, la “ley perfecta” fue Moisés. En nuestros tiempos la legalidad, aunque formalmente represente la expresión democrática de la voluntad colectiva, constituye en realidad la plasmación de los intereses de los grupos de presión que influyen sobre las instituciones. Grupos de presión capitaneados por la propia burocracia, en cuyo seno es donde realmente se “producen” los programas presupuestarios, se diseñan las acciones administrativas y donde se escribe la legislación que los políticos someterán, con insignificantes aportaciones, a los cuerpos legislativos para ser aprobada después de una lectura superficial (si existe consenso) o no ser aprobada nunca, sea cual sea su contenido (igualmente ignoto) en caso contrario.

Otra limitación del uso del criterio de legalidad como parámetro sustancial, casi único, de control político deriva del hecho, ya definido por Protágoras (s. V a. c.), de que, para sustentarse, el edificio jurídico-institucional necesita de una actitud, de una virtud cívica ejercida por la inmensa mayoría de los ciudadanos, de un generalizado sentido del respeto y de la justicia. Dicho en otras palabras: que la ley se cumple prácticamente sola, o no se cumple y no hay manera de remediarlo. Que el monopolio legítimo en el uso de la fuerza para el mantenimiento del orden jurídico solo es eficaz en dosis mínimas. Que si una población, por las razones que fueren, decide faltar al respeto a la ley descubrirá (lamentablemente tarde) lo fácil que resulta derribar el estado de derecho, lo injusto del caos subsiguiente y lo duro de su reconstrucción.

Las sociedades en la medida en que se normalizan (como gusta ahora de decirse) delegan en sus instituciones la definición y la gestión cotidiana del bien común, pudiendo dedicarse los ciudadanos a sus cosas, a la vida privada. El sistema funciona si todos, también los delincuentes, comparten un mínimo consenso sobre las normas de convivencia (El ladrón procurará que no le cojan, pero sabe que roba. Aunque sea en el bando contrario, comparte el código, el código penal en este caso, con jueces y policías).

Los vascos, por ejemplo, cometeríamos un grave error al suponer que el fascismo de corte nacionalista que late, desgraciadamente, en una parte no despreciable de nuestros convecinos puede ser afrontado, sin mas, desde el entramado jurídico-institucional mientras la gente mira hacia otro lado y atiende a sus negocios como si fuésemos una sociedad “normal”.

Ante la falta de madurez política (y ética) que demuestran las cosas que pasan aquí resulta necesario que los vascos hagan algo mas que esperar y desear la “solución”. Es imprescindible tomar parte y parte activa, “tomar partido”, por la libertad, la igualdad y la paz.

La legalidad es un criterio insuficiente para afrontar esta consolidación de la convivencia. Perseverar en este único mecanismo solo nos lleva a forzar las interpretaciones jurídicas hasta donde no pueden llegar, a producir normas “ad hoc” contra todo principio de generalidad (caso de la ley de Partidos) o a dejar de aplicar, por desmoralización política, las normas adecuadas y disponibles (que las hay) para atender situaciones meridianamente ilegales pero excesivamente generalizadas (kale borroka).

El agresivo y peligroso totalitarismo debe ser, por tanto, derrotado, además de jurídicamente mediante su lógica ilegalización, política, social y éticamente por la sociedad vasca. Debe ser nuestro sentido del respeto y la justicia lo que nos lleve a proscribir cualquier fuerza política o social fascista, aún cuando muchos compartan con ella su ideario teórico (o parte del mismo, pues resultaría sorprendente una coincidencia generalizada entre los fines democráticos y los totalitarios)

Para una fuerza parlamentaria debería suponer un altísimo coste, en términos de prestigio político, cualquier tipo de pacto o connivencia con Batasuna, desprestigio consecuencia de un rechazo ético, político y social, antes y prioritariamente que jurídico. Los terroristas han de ser, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, sobre todo en el fanatizado siglo XX, los apestados del siglo XXI.

Mientras no seamos conscientes de ello, mientras consideremos que todo aquel que se encuentra formalmente en la “zona de legalidad” puede ser un socio aceptable para el tráfico político sin mayores nauseas, estaremos comportándonos como los alemanes que compraban, legalmente por supuesto, alhajas incautadas por el régimen nazi a los judíos deportados. Era legal, pero todos sabían el origen, el porqué y el destino del lucro de semejante comercio.

12/09/2002

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