LA CARA CARIDAD

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No sé si a ustedes les habrá sucedido lo mismo. A mí me ocurre constantemente. Se trata de lo que encuentro… y de lo que no consigo encontrar en las páginas web de bastantes empresas y sobre todo, de organizaciones de la llamada “sociedad civil”. Habitualmente las páginas de inicio de estos sitios presentan varias pestañas y la primera, con toda la lógica del mundo, suele ser esa que dice “Quiénes somos”. Y eso está muy bien, pues se trata de una información fundamental para saber el terreno que se pisa en este mundo virtual y por lo tanto, artificioso. Otra cosa es que ocurra como en el viejo dicho: “¿De dónde vienes?… ¡Manzanas traigo!”

Uno pincha esa pestaña con la tranquilidad de quien abre una caja cuyo rótulo indica con claridad su contenido y espera encontrar dentro exactamente lo que indica: “Quiénes son”… ¡Error! Con demasiada frecuencia lo que aparece bajo ese unívoco y directo título es una cascada de palabrería sobre la génesis de la cosa, sus elevados ideales o su abnegada y exitosa labor. ¿Por qué no dicen, sencillamente, quiénes son?

Pongamos un ejemplo sacado de la realidad cotidiana:

“La Fundación XX … Surge de la inquietud y el deseo de ser una Entidad de referencia en el campo de la transformación de conflictos, tanto por la innovación en sus programas de actuación y su conocimiento del medio, así como por la red de relaciones a nivel estatal e internacional que posibilitan la invitación de figuras punteras en las materias citadas… nos caracterizamos por tener una experiencia amplia y contrastada en la transformación de los conflictos y en las diversas metodologías de generación de consensos y procesos de toma de decisiones dialogadas”.

¿Aparte de lo incomprensible… No suena un tanto “comercial”?

¿Y hay algo de malo en ser comercial, dirán ustedes?… Pues no. Nada en absoluto.

Es más, la actividad de emprender negocios está considerada hoy en día y con mucha razón, como una actividad personalmente estimulante y socialmente beneficiosa. Pero emprender, lo que se decía en mis tiempos “montar una empresa”, es el legítimo empeño de poner en el mercado productos o servicios y competir con otros oferentes para venderlos… y ganar un dinerito, si se puede. Otra cosa es la actividad benéfica.

Adelanto que desconfío de todo aquél, sea persona física o jurídica, que proclama su intención de hacer el bien. No digo que, afortunadamente, no haya mucha gente que hace el bien a los que les rodean y a veces, también a los que están más lejos. Lo que digo es que, del que se anuncia como benéfico, en principio desconfío “iuris  tantum”.

No quiero dar nombres, pero sí me voy a referir, por lo menos, a una especie dentro del género de las entidades altruistas (asociaciones; clubes; iglesias; partidos; sindicatos; plataformas; coordinadoras; observatorios, etc.) son las Fundaciones.

Las Fundaciones, según se establece en el Art. 2 de la Ley 50/2002 son las organizaciones constituidas sin ánimo de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general.”  Por lo tanto, lo sustancial de una fundación será que disponga de un patrimonio adscrito al desarrollo de unos fines a los que ahora me referiré y que serán gestionados por un Patronato. La entidad no tendrá ánimo de lucro, deberá figurar en un registro público en calidad de tal, someterse al “Protectorado” (una especie de alta inspección) de la administración correspondiente y cumplir unos determinados requisitos legales sobre finanzas, contabilidad, destino de sus bienes, etc.

Hasta aquí, parece que todo se entiende… pero no se entiende nada.

No se entiende nada porque todo el tinglado se sostiene sobre unas normas mal redactadas que manejan conceptos jurídicos indeterminados (y en la práctica, incomprensibles) y sobre una actividad tutelante de la Administración (el mencionado Protectorado) que, sin temor a ser considerado un demagogo, me atrevería a catalogar de “cachondeo”.

De esta manera, muchas personas físicas, jurídicas y para mayor escándalo, personas jurídico públicas (o sea, la Administración) han encontrado en esta venerable y arcaica figura (encontramos antecedentes el la Grecia clásica y en el Antiguo Imperio Egipcio, en el siglo III a.c) un vehículo con el que escapar legalmente, o por lo menos formalmente, del derecho y del control.

Para unos, los particulares de todo tipo, la figura de la fundación resulta eficaz para eludir impuestos, aunque tampoco es moco de pavo como herramienta para recibir ayudas y subvenciones que de otra manera carecerían del adecuado ropaje benéfico-justificante.

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Para la Administración, escandalosamente, las fundaciones han servido para eludir controles y sujeción a las normas de Derecho Administrativo. En pocas palabras, para hacer lo que a quienes las manejaran les diese la gana, básicamente contratar pasándose por el Arco de Triunfo los principios de legalidad, igualdad, economía, eficiencia… y todos los demás.

Como anécdota señalaré el caso de una fundación constituida por un Gobierno Autonómico, una Diputación y un Ayuntamiento, naturalmente con dinero público que, imaginativos ellos, a la hora de registrar su nombre decidieron llamarla “Fundación Privada X” como podían haberla llamado “Fundación Amarilla, o Fundación Brillante, X” por lo que alegaban después con total seriedad (y profusión de dictámenes firmados por bufetes de abogados de elevado caché)  que su carácter “privado” era motivo suficiente como para no rendir cuentas ni someterse al derecho público.

 

Pero vayamos a esos conceptos jurídicos evanescentes que lo mismo valen para un roto que para un descosido y sobre los que el ciudadano común tiene más sentido jurídico que los más sofisticados legisladores.

Decíamos que el requisito que una persona normal consideraría fundamental para la constitución de una fundación es que el patrimonio y su actividad se destinen a “fines de interés general”… ¡Hombre… No será tan “general”!

Por un lado, sabemos que la propia Administración, según proclama el Art. 103.1 de la Constitución “sirve con objetividad los intereses generales”. En este caso, “interés general” sería sinónimo de “interés público”, aunque ni uno ni otro concepto están definidos en ley alguna de manera que, ante la inexistencia de un concepto unívoco y claro, deberemos conformarnos (en una democracia) con lo que vayan haciendo los partidos políticos que, al fin y al cabo, “expresan el pluralismo político y concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular(Art. 6 C.E.)

Es evidente que no podemos utilizar este concepto político-administrativo de interés general para aplicárselo a las fundaciones como si fueran administraciones paralelas pues las fundaciones son (o deberían ser) una genuina manifestación de la munificencia privada y por lo tanto, libre.

Libre… pero limitadamente, porque esa misma nota de “generalidad” nos está indicando que se ha de tratar de actividades que puedan reputarse como beneficiosas para el bien común, no sólo lícitas.

Deben ser directamente beneficiosas, no mediante el amplio beneficio general que, por ejemplo, la actividad económica proporciona a la sociedad. La empresa Mercedes, por un decir, fabrica automóviles con el objetivo de ganar dinero. Consecuentemente, para producir sus coches monta fábricas, compra componentes y genera empleo. Todo ello resulta beneficioso, pero si la compañía automovilística pudiera producirlos a coste cero, lo haría. Su objetivo es el lucro, no el empleo.

¿De qué clase de finalidades estamos hablando, entonces? Pues el legislador, como decía, no se ha atrevido a definirlas en la Ley, dejando a la casuística y al buen hacer de la Administración tutelante la tarea de separar en el día a día el grano de la paja. Lo que el legislador no suponía (o le importaba un bledo) es que la Administración iba a ser un coladero del tamaño de las puertas de San Mamés.

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En efecto, el Art. 4 de la Ley Vasca de Fundaciones determina que, entre otros, se consideran fines de interés general los siguientes:

  • Defensa de los derechos humanos y de los principios éticos y democráticos, en especial la defensa de las víctimas del terrorismo y actos violentos.
  • Promoción de la acción social.
  • Educativos, culturales, deportivos, sanitarios y laborales.
  • Cooperación y educación para el desarrollo.
  • Defensa del medio ambiente y del patrimonio.
  • Fomento de la economía social y/o del emprendizaje empresarial.
  • Desarrollo del sector primario, industrial y de servicios.
  • Desarrollo de la sociedad de la información.
  • Investigación científica y desarrollo tecnológico.
  • Fomento de la igualdad de oportunidades.
  • Desarrollo comunitario.
  • Diversidad lingüística y cultural vasca.
  • Defensa y protección de los animales.
  • Promoción del voluntariado y defensa de la tolerancia.

 

Si distinguimos dentro de este variado elenco entre fines “más o menos concretos” y fines “más o menos difusos”, la cosa podría quedar así:

Fines más o menos concretos:

  • Defensa de los derechos humanos y de los principios éticos y democráticos
  • Educativos
  • Culturales
  • Deportivos
  • Sanitarios
  • laborales
  • Defensa del medio ambiente y del patrimonio.
  • Investigación científica y desarrollo tecnológico.
  • Diversidad lingüística y cultural vasca.
  • Defensa y protección de los animales.
  • Promoción del voluntariado y defensa de la tolerancia.

Vale, se entiende.

Y… Fines más o menos difusos:

  • Fomento de la igualdad de oportunidades.
  • Desarrollo comunitario.
  • Promoción de la acción social.
  • Cooperación y educación para el desarrollo.
  • Fomento de la economía social y/o del emprendizaje empresarial.
  • Desarrollo del sector primario, industrial y de servicios.
  • Desarrollo de la sociedad de la información.

 

Sin hacer sangre respecto de redactados como el del “desarrollo del sector primario, industrial y de servicios” que es tanto como decir “de la economía toda” (los tres sectores) lo que está claro es que casi cualquier empresa con ánimo de lucro confeso o cualquier otra entidad pública o privada, puede reputarse seguidora de alguno de estos “fines difusos”.

Pongamos algún ejemplo (real):

“La Fundación Z pertenece a una nueva generación de “instituciones de capital intelectual” orientada a la creación y difusión de innovaciones con el objetivo de construir un futuro sostenible. Aspira además a ser un catalizador para la colaboración del sector público y privado en la construcción de las ciudades y territorios del siglo XXI”.

O este otro, tomado de una fundación cuyo “trabajo se desarrolla junto a los gobiernos locales y en el que recurrimos a un amplio abanico de metodologías dialógicas que toman como base la puesta en valor de la participación ciudadana” y que “enfocamos la convivencia desde un plano social, entendido este como todos aquellos aspectos que inciden directa e indirectamente en las vidas de las personas”

 

Como puede verse, en estos y en muchísimos casos más, las actividades y la misión de estas entidades son perfectamente legítimas y perfectamente identificables con el campo de trabajo de empresas, pongamos que del ramo de la consultoría.

Si algo las hace coincidir, entre ellas y con otras muchas, son el interés de “colaborar con el sector público” y la enrevesada semántica de sus expresiones.

¡Pobre Sector Público! Tan denostado… pero tan deseado.

¡Hay tantas entidades sin ánimo de lucro dispuestas a echarle una mano!

En el caso de las asociaciones, el concepto del “interés general” se ha perfilado un poco más dando entrada al concepto, también vetusto (recordemos las aguas minerales embotelladas) de la Declaración de Utilidad Pública.

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En efecto, podrán ser declaradas de Utilidad Pública las Asociaciones que cumplan los requisitos establecidos en el Artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. En resumen, son los siguientes:

 

Que sus fines estatutarios tiendan a promover el interés general (hasta aquí, todo igual)

 

y que sean de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza.

La declaración de Utilidad Pública viene a suponer, además de un reconocimiento social de la labor de la entidad, la posibilidad de acogerse a una serie de beneficios fiscales y la capacidad de utilizar la mención “declarada de Utilidad Pública”.

Para disfrutar de tales beneficios será necesario cumplir  los requisitos establecidos en el Art. 3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo que implican  “perseguir fines de carácter asistencial, cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de cooperación para el desarrollo, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción de las voluntariado social o cualesquiera otros que tiendan a promover el interés general (cláusula de cierre que, en realidad, “abre” el portillo) y desde luego, carecer de ánimo de lucro y no distribuir entre sus asociados las ganancias eventualmente obtenidas.

Y es el “ánimo de lucro” es el segundo concepto jurídico indeterminado que trastorna nuestro análisis.

En efecto, se entiende que una organización carece de ánimo de lucro cuando no reparte sus beneficios entre sus miembros. Pero nada le impide obtener beneficios de sus actividades. El concepto parece sencillo, pero no lo es tanto.

Como digo, antes de que se puedan o no repartir, los beneficios han tenido que producirse. Dicho de otro modo, ha tenido que haber más ingresos que gastos. Los ingresos, supongamos en una entidad de este tipo, pueden venir de la caridad privada o de las subvenciones públicas (en ambos casos, sin contraprestación específica alguna) o de la realización de actividades económicas comerciales, algo que las fundaciones pueden llevar a cabo sin limitación alguna pues, aunque el legislador parece que quiere decir algo cuando afirma en el   Art. 24.1 de la Ley de Fundaciones que “ las fundaciones podrán desarrollar actividades económicas cuyo objeto esté relacionado con los fines fundacionales o sean complementarias o accesorias de las mismas, con sometimiento a las normas reguladoras de la defensa de la competencia”

Acto seguido añade que: “ Además, podrán intervenir en cualesquiera actividades económicas a través de su participación en sociedades…”

Así que pueden hacer lo que les dé la gana. Lo cual, tampoco nos ha de inquietar, en principio.

El caso es que dentro de la partida de gastos que habrán de financiarse con los ingresos y minorarán, por tanto, los beneficios encontramos los sueldos, las oficinas, los coches, teléfonos, servicios de limpieza, etc.  todos ellos referidos a unas personas que en buena parte de los casos, son los propios promotores de la fundación (simplemente, es cosa de que no figuren en el patronato… Y a veces, ni eso).

Se va cerrando el círculo. Las fundaciones no tendrán (ellas mismas) ánimo de lucro, pero es muy posible que toda su actividad consista en dar soporte al “modus vivendi” de unas determinadas personas.

¿Y es que hay algo reprochable en ello?

No, en absoluto. No lo hay… Si pagas tus impuestos.

Como decía un viejo chiste de El Roto… “Soy pobre de solemnidad: tengo el yate a nombre de mi mujer, el coche a nombre de la empresa…”

Mediante este mecanismo elusivo, los gestores de la fundación convierten su gasto personal en gasto fundacional (deducible).

La diferencia con el pobre autónomo que carga animoso con su ánimo de lucro, por lo menos del mínimo lucro vital mientras, por sincero, paga todos los impuestos habidos y por haber, no puede ser más cruel y más injusta.

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En definitiva, si eres un instalador de teléfonos, eres un empresario (pringao) con ánimo de lucro.

 

 

Te hubiera merecido más la pena ser una ONG que “fomente la comunicación interpersonal en un mundo globalizado y tal y tal”

En efecto, las Fundaciones (y otras entidades similares) disponen de un tratamiento fiscal ventajosísimo. Si con ese tratamiento fiscal compiten con empresas reales, por ejemplo a la hora de acceder a contrataciones públicas, a las que además aportan esa apariencia glamourosa de no estar dedicándose al negocio, por respetable que sea, sino ejerciendo alguna alambicada fórmula de solidaridad, lo que resultará  de mucha mejor venta para el político de turno,  la injusticia estará servida.

Todo esto no es teoría, ocurre de manera cotidiana y abundante. Yo me pregunto…¿Dónde está y qué hace la administración tutelante a través de su Protectorado?

¡Ahhhh!

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