¡DAME TUS DOS PENIQUES!

banco mary poppins La periodista Olga Rodríguez publica en El Diario.es del día 23 de Junio de 2015 una noticia verdaderamente impactante, a poco que se tenga una mínima sensibilidad. http://www.eldiario.es/zonacritica/cielo-estrellas-decirnos_6_401819843.html Se trata, según su relato, de que parados que han agotado sus prestaciones contributivas y reciben el subsidio de desempleo sufren la expropiación “por la brava” de ese alivio de su miseria por parte del banco… ¡Y uno creía haber visto de todo! Estamos hablando de “su” banco… de ese mismo banco “de toda la vida” que en su día le vendió, entre felicitaciones y palmadas en la espalda, el crédito hipotecario con el que compró aquella vivienda a los astronómicos precios vigentes. El mismo banco que, cuando se quedó en el paro y no pudo hacer frente al mencionado crédito, le embargó, desahució y que además… ¡Oh letra pequeña!… le hizo saber que, contra el sentido común y los elementales principios del Derecho Civil, la hipoteca que había firmado no constituía la garantía real de un crédito, sino una deuda personal, universal y eterna contra todos sus bienes presentes y futuros.

En efecto, la tesorería de los servicios públicos de empleo no paga prestaciones por ventanilla ni giro postal. El subsidio se ingresa, por fuerza, en la cuenta que el beneficiario tenga en el banco. El banco debería actuar como un buen gestor y depositario de esas cantidades pero, con total deslealtad para con su cliente, decide que el destino que el parado ha de dar a su mínimo subsidio no es otro que el de entregárselo… y se lo apropia.

Ni siquiera es necesario el tira y afloja con el que Mr. Dawes, el avaricioso director del Banco Tomes, Mousely, Grubbs, Fidelity Morgana y Compañía, donde trabajaba el inolvidable Mr. Banks, padre de los niños al cuidado de Mary Poppins, pretende arrebatarles la moneda de dos peniques que guardaban para la comida de las palomas. No hace falta semejante violencia. La tecnología permite que, según se efectúe el ingreso, el banco ejecute (tal vez nunca mejor dicho) el cargo correspondiente y se quede con el dinero. ¿Todo?… Pues no. Según la legislación española, el principio de responsabilidad universal de los bienes del deudor está limitado por una serie de excepciones cuya elemental finalidad es la de permitir que el mismo, al margen de sus deudas, pueda llevar una vida mínimamente digna.

Así, el artículo 606 de la Ley de Enjuiciamiento Civil declara inembargables, entre otros, el mobiliario de la casa y las ropas del ejecutado y de su familia, “en lo que no pueda considerarse superfluo” y en general, los bienes imprescindibles para que el ejecutado y las personas de él dependientes puedan “atender con razonable dignidad a su subsistencia” y parece lógico suponer que el magro subsidio de desempleo no tiene otra función que la de evitar la caída de la persona en la más absoluta indigencia. Corroborando y especificando esta idea el siguiente artículo, el 607, referido a sueldos y pensiones, declara sin ambages la inembargabilidad del salario, pensión, o retribución que no exceda del salario mínimo interprofesional.

Esta idea, presente en todas las regulaciones jurídicas civilizadas, es evidentemente conocida por las personas (¿humanas?) que hayan dado semejantes instrucciones a los empleados del banco.

¿Por qué, entonces, lo hacen?… Porque pueden.Es un mero acto de fuerza, pues el sutil razonamiento al que las entidades parecen acogerse para perpetrar semejante abuso es de muy poca vergüenza.

En efecto, la Ley de Enjuiciamiento Civil no regula el embargo de cuentas bancarias como tales, abriendo el portillo a la duda bizantina de si la prestación ingresada, pongamos ayer, en la cuenta del parado es inembargable… o si pudiera considerarse como un inespecífico “saldo financiero positivo” a su favor y ser, por tanto, objeto de embargo. Tampoco el Código penal especifica, por poner un ejemplo idiota, el asesinato de ancianas respecto del asesinato en general y de momento, a ningún abogado (quiero creer) se le ha pasado por la cabeza alegar en defensa de su cliente la falta de tipicidad de semejante acción.

Tal atrocidad (me refiero a la del banco) debería haber sido objeto, no de una, sino de cientos de resoluciones jurisdiccionales y de la correspondiente reforma del texto legal. Desconozco si ha ocurrido, pero, como muestra, sí sabemos que La Ley General Tributaria establece que cuando en la cuenta afectada por un embargo se efectúe el cobro de sueldos, salarios o pensiones, deberán respetarse las limitaciones al embargo señaladas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Parece sensato.

En todo caso, huelga decir que el embargo de cualesquiera bienes de un deudor no es algo que pueda llevar a cabo directamente el acreedor. Como es imaginable, el acreedor hipotecario tendrá que dirigirse al juzgado correspondiente para reclamar la ejecución forzosa de su crédito, todo ello con arreglo a un procedimiento judicial.

En este escenario, sin necesidad de profundizar en demasía, a cualquiera se le ocurre que ese comportamiento de los bancos, además de exhibir un carácter inmoral (y pecaminoso, para el que sea creyente) debe chocar con el Código Penal… ¿No? Para empezar, dando por bueno que, en efecto, el parado siga debiendo al banco determinadas cantidades, la entidad, al actuar de la manera descrita en el artículo de Olga Rodríguez, estaría llevando a cabo la conducta descrita en el artículo 455 del Código Penal que regula el delito de Realización Arbitraria del Propio Derecho que, en su primer apartado, dice: “el que, para realizar un derecho propio, actuando fuera de las vías legales, empleare violencia, intimidación o fuerza en las cosas, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses”. El caso, como pueden los lectores comprender fácilmente, es que el abuso de la entidad financiera depositaria del subsidio se realiza desde una posición de fuerza tan apabullante que ni siquiera es necesaria la utilización de esa “violencia, intimidación o fuerza en las cosas”. Es muy posible, por tanto, que la abominable actuación quedase impune por este lado.

No obstante, viéndolo desde la perspectiva contractual, aunque el poderosísimo banco parezca olvidarlo, el parado es su cliente y es éste y no la entidad, el propietario del magro subsidio. Podríamos considerar, entonces, la acción como un caso de Apropiación Indebida del artículo 253 del Código Penal cuyo apartado primero señala que: “serán castigados…/…los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido”.

Este concepto de la apropiación indebida que, por cierto, entrará en vigor el próximo día 1 de Julio, creo que encaja como un guante en el caso del que hablamos. Semejante acción constituiría, lógicamente, un delito perseguible de oficio. Algo que, habiendo sido conocido (yo sigo sin salir de mi asombro) debería provocar la reacción de la fiscalía, de los reguladores, del Banco de España, de las asociaciones de consumidores, de las de usuarios de banca, de los sindicatos… ¡Qué sé yo!… De las iglesias de toda confesión que proclamen de algún modo la dignidad de los seres humanos, de los partidos políticos… ¡de alguien!

Yo, como suele decirse… ¡no doy crédito!

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