EL VERDADERO ENEMIGO

octopus-standard-oil

La Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI), conocido en lengua inglesa como Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) es una propuesta de tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos que se negocia actualmente bajo unas extrañas condiciones de secreto.

Su origen remoto se encuentra en la Declaración Transatlántica, firmada en noviembre de 1990 por el presidente George Bush y el primer ministro italiano, Giulio Andreotti, quien encabezaba ese semestre el Consejo Europeo y el presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors. Después ha habido acercamientos sucesivos hasta que, el 13 de febrero de 2013, los Presidentes de los EEUU, el Consejo Europeo y la Comisión europea (Obama, Van Rompuy y Barroso) anunciaron el inicio efectivo de las negociaciones.

Estas negociaciones, como decía,  se llevan a cabo con bastante opacidad. De hecho, la Comisión Europea tiene un mandato negociador que contiene información reservada que, pese a haberse primeramente filtrado y después, publicado, no deja de plantear dudas y problemas.

Una vez concluidas las negociaciones, la Comisión lo presentará al Consejo de la Unión, que deberá aprobarlo por mayoría cualificada (55% de los Estados que representen el 65% de la población) y tras este visto bueno, se someterá a aprobación en el Parlamento Europeo y posteriormente se ratificará por los parlamentos nacionales.

Las votaciones son sobre la totalidad del proyecto, por lo que no cabrán enmiendas de los Estados.

Pese a su importancia, que supone, de facto, una mutación constitucional europea y de cada uno de los estados miembros, no hay previsiones de que se someta a referéndum, ni en España, ni en el resto de la Unión Europea, ni a nivel continental.

CONTENIDO:

El Acuerdo tiene tres componentes clave:

  • acceso al mercado
  • cuestiones reglamentarias y barreras no arancelarias (BNA)
  • normas

Estos tres componentes se negocian de forma paralela y formarán parte de un documento único que garantice un resultado equilibrado entre la “eliminación de derechos, la eliminación de obstáculos reglamentarios innecesarios al comercio y la mejora de las normas que den lugar a resultados importantes en cada uno de estos componentes y una apertura efectiva y recíproca de los respectivos mercados”, tal como señala el mandato negociador que recibió la Comisión Europea.

Uno de sus aspectos más polémicos es el de la llamada “COOPERACIÓN REGULATORIA”

De acuerdo con la propuesta de la Comisión Europea filtrada, las iniciativas legislativas de los estados miembros de la UE tendrán que ser previamente aprobadas en relación a los posibles impactos potenciales sobre los intereses de las empresas privadas.

La responsabilidad de este examen recae en el llamado “Órgano de Cooperación Regulatoria”, un cónclave permanente de tecnócratas europeos y americanos, no representativo y que no rinde cuentas a nadie.

La propuesta de la Comisión crea un laberinto (añadido) de burocracia para los legisladores representativos.

Aplicará un filtro a los futuros proyectos normativos antes de que sean presentados formalmente en los parlamentos nacionales, así como a las normativas existentes, proporcionando constantes oportunidades para debilitar y retrasar las regulaciones.

Quizás lo más aterrador sea esa posible aplicación a la regulación existente. No sólo paralizaría la legislación futura, sino que podría ser aplicado a la actual, lo que lo hace terriblemente corrosivo para la democracia.

Implica la difuminación absoluta de la soberanía política de los estados en el marco del TTIP y la eventual imposibilidad de aplicar políticas distintas a los enunciados neoliberales que laten en el mismo.

Las características de un tratado como éste, dependiente además de la Unión Europea, harían materialmente imposible su modificación en el caso de que nuevas mayorías políticas lo planteasen.

El segundo factor de conflicto está representado por la privatización de la justicia, al someter todas las discrepancias sobre las inversiones exteriores a procedimientos arbitrales privados, los Tribunales de Arbitraje Internacional, más conocidos como ISDS (Investor-State Dispute Settlement)  en sus siglas en inglés.

El mecanismo de arbitraje que prevé el TTIP supone la creación de tribunales privados donde los inversores podrán denunciar a los estados si consideran que una inversión realizada se ve afectada, por ejemplo, por un cambio legislativo.

Es un mecanismo parecido al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) existente en el marco del Banco Mundial.

Este tipo de mecanismos de arbitraje actúan como defensa de las grandes multinacionales contra la soberanía de los estados y funcionan al margen de los sistemas judiciales públicos, sean nacionales o internacionales.

En general, desde el punto de vista ciudadano, los riesgos mayores serían la pérdida de derechos laborales, ya que EEUU sólo ha suscrito 2 de los 8 Convenios fundamentales de la OIT; el olvido del principio de precaución en materia de estándares técnicos y de normalización industrial; la privatización de servicios públicos, por el establecimiento de una lista reducida de aquellos que no se pueden privatizar y finalmente, el riesgo directo de rebaja salarial, teniendo en cuenta el efecto que pudiera tener el NAFTA -y los sueldos más bajos de México- y el eventual acuerdo transasiático.

Pues bien, la Comisión de Comercio Internacional de la Cámara europea ha aprobado hoy (28 de Mayo de 2015) una resolución, elaborada por el socialdemócrata alemán Bernd Lange, que evita rechazar la fórmula de los tribunales internacionales privados para dirimir conflictos entre Estados e inversores extranjeros, el mencionado mecanismo ISDS (Investor-State Dispute Settlement), ello a pesar de que el propio Lange llevaba meses criticando esta cláusula ISDS y a pesar también de que en el borrador inicial Lange había incluido su rechazo frontal.

Lo más paradójico de todo es que el propio Lange ha reafirmado en la rueda de prensa posterior a la votación su postura contra el ISDS. De hecho, ha asegurado que, para él “el mecanismo de tribunales privados no es adecuado en casos como Estados Unidos y Europa porque tienen sistemas judiciales fiables, transparentes y consolidados”.

Aquí (España; Euskadi…) de todo esto, ni se habla.

Luego pasan las cosas que pasan. La ciudadanía nos da la espalda y comenzamos a preguntarnos si será por esto, o por aquello, o por lo de más allá.

¿Qué piensan los parlamentarios europeos del PSOE?

¿Qué piensa el PSOE?

Una respuesta a EL VERDADERO ENEMIGO

  1. gonzalo martín baranda dice:

    Uno que vive parte del año en Argentina donde el gobierno aplica la ley a su manera y lo de los tribunales internacionales son el enemigo público número 1 este artículo tiene su aquel. Porque es la CIADI lo que se respeta, poco más.
    ¿ Aceptaríamos como buenos los resultados de un tribunal argentino, ruso, chino, iraní….? Pues dado el primer paso se empieza el camino.
    Lo malo de las lluvias es que traen lodos.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: