LAS PUTAS Y LA ÉTICA

PROSTIBULOEl pasado día 15 de Abril, la catedrática emérita de ética de la Universidad Autónoma de Barcelona, doña Victoria Camps, publicó en el diario El País un artículo titulado “Legalizar la prostitución” al calor del debate planteado por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, al respecto.

Creo que pocas veces me he encontrado con un artículo más tramposo, más falaz y más “inmoral”, de manera que he pensado analizarlo y comentarlo en este blog.

Realmente, lo que me ha producido una honda impresión es que semejantes argumentos y falacias aparezcan en el escrito de una persona que, como doña Victoria, ha demostrado sobradamente a lo largo de su vida pública una finura intelectual y una inquietud moral un tanto por encima de lo que ahora pone de manifiesto.

Desde luego, son malos tiempos para la lírica (digamos por lírica, reflexión, sinceridad, sentido común, espíritu crítico, etc.). Nada, o casi nada, cabe esperar de la respuesta que desde los partidos políticos llamados a conformar el poder legislativo, incluido el mío. Demagogia, populismo y “saber convencional”… por no decir, convencionalísimo. Las cuatro frases de rigor (de “rigor mortis”) para salir del paso. Ni el más mínimo riesgo, ni la más mínima reflexión, ni el menor sentido de la humanidad, ni una pizca de empatía con las personas realmente afectadas por el tema. Nada. El contenido habitual del a política moderna, “nada con sifón”.   Pero de doña Victoria, de verdad, cabía esperar más, mucho más.

Como pienso poner “a caldo” el referido artículo, he pensado que, nobleza obliga, lo primero que debo hacer es ofrecer a mis hipotéticos lectores la oportunidad de leer el artículo objeto de crítica, de manera que puedan hacerse su propia idea y después plantear, intercaladamente, mis comentarios al mismo. Creo que es un trato justo.

Comencemos, pues, con el artículo de Victoria Camps:

 

Legalizar la prostitución

 

La propuesta de legislar la prostitución aparece y desaparece cada cierto tiempo sin que nunca llegue a producirse un debate en profundidad sobre el asunto. Hace unos meses, la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado planteaba regular la prostitución con el fin de “luchar contra sus efectos adversos y aumentar los ingresos públicos”, gracias a que, de legalizarse la prostitución, se produciría un aumento considerable de cotizantes de la Seguridad Social.

Hace unas semanas, un juez de Barcelona dictó una sentencia en la que condenaba al empresario de un prostíbulo a hacer contratos laborales a las mujeres que trabajaban en su local. Aducía que las mujeres que libremente ejercen la prostitución tienen derecho a una relación laboral normal. Al mismo tiempo, este periódico ha informado de la reciente creación del primer lobby formado por varias asociaciones de prostitutas que reivindican sus derechos como “trabajadoras sexuales”. La presidenta del mismo se presentaba así: “Todas las mujeres que ejercemos sexo de pago lo hacemos libre y voluntariamente porque, si no, no es prostitución, es esclavitud”.

El debate no es sencillo. Esgrimir el argumento de que la prostitución es la forma de explotación más antigua que ha existido siempre y no dejará de existir, es el pretexto cómodo para no hacer nada y permanecer en la situación de alegalidad en que nos encontramos. Una situación que ni protege jurídicamente a las prostitutas ni consigue que la prostitución disminuya. Es el argumento derivado de la pereza de enfrentarse a una cuestión complicada.

Frente a él, los partidarios de legalizar la prostitución se unen en una defensa a ultranza de la libertad individual. En nombre de la libertad y en contra de un moralismo puritano, se pronuncian a favor de una aceptación abierta de la prostitución, que elimine la calle y el burdel. Ahora que las campañas electorales que se avecinan alientan el apoyo a todas las causas susceptibles de ser rentables en votos, tanto la CUP como la plataforma “Barcelona en Comú” han manifestado su apoyo a la propuesta de legalización de las trabajadoras sexuales.

La propuesta de regular la prostitución quiere justificarse en nombre de la libertad, y no discuto que existan algunas mujeres que ejercen la prostitución voluntariamente. Pero son una minoría insignificante.

Los datos dicen que más del 80% de las prostitutas están ligadas a mafias que las traen de países de la Europa del Este y del Tercer Mundo. Hablar de libertad en estos casos es una broma.

Prostituirse tiene un significado unívoco: es esclavizarse. No pongo en duda que existan mujeres que pueden permitirse el lujo de considerar que lo que hacen no es prostitución, sino un trabajo como cualquier otro. Pero la legislación no debe mirar a esa pequeña minoría de mujeres que se autodenominan libres, sino a la gran mayoría que no vacilaría en reconocer que vende su cuerpo porque es lo más lucrativo que tiene a su alcance. La ley es, efectivamente, para todos, pero su objetivo primordial, en una sociedad que aspira a la justicia social, es proteger a los más desfavorecidos.

Si aparcamos los principios y nos fijamos en los resultados obtenidos allí donde la prostitución está legalizada, no encontramos datos demasiado convincentes para copiar sus leyes. En Europa, la prostitución está legalizada en 12 países y, en ninguno de ellos, parece que la experiencia haya sido muy positiva para reducir ni la prostitución ni la actividad de las mafias. Caso distinto es el de Suecia, que optó por prohibirla y criminalizar a las mafias y a los clientes. De esta forma, y si las cifras no mienten, ha logrado que la prostitución bajara de un 30% a un 50%.

Dirán las prostitutas libres que con qué derecho una sociedad que se proclama liberal interfiere en las vidas de las personas, condena la prostitución y la considera un trabajo indigno. La respuesta es que, en efecto, es una actividad degradante para todas las mujeres que no entienden que el ejercicio de la prostitución afiance sus derechos como individuos libres, sino todo lo contrario, y esas son desgraciadamente las que más abundan.

La discrepancia de puntos de vista al respecto nos sitúa ante una de las paradojas del liberalismo. La paradoja que consiste en colocar en un pedestal la libertad de los individuos sin atender a las condiciones imprescindibles para que la libertad no sea un derecho sólo formal, sino que cuente con la base material imprescindible  para poder ejercerlo.

Por otra parte, nos cansamos de decir que también la libertad debe tener límites, pero nunca lo ratificamos en la práctica. Hace unos días, la Asamblea Nacional francesa aprobaba considerar delito la incitación a la delgadez extrema prohibiendo a las agencias de modelos contratar a jóvenes exageradamente delgadas. Cuando uno puede elegir, es libre de hacerse daño a sí mismo, pero lo primero es conseguir que la libertad de elegir sea real, poder comparar entre distintas formas de vida y escoger la preferida.

Cuando deje de haber prostitutas obligadas a serlo, podremos discutir si nos parece aceptable sustituir la palabra prostitución por la de trabajadoras sexuales.

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Ahora, lo repetiré intercalando mis comentarios (en recuadros):

 

 

La propuesta de legislar la prostitución aparece y desaparece cada cierto tiempo sin que nunca llegue a producirse un debate en profundidad sobre el asunto.

Hace unos meses, la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado planteaba regular la  prostitución con el fin de “luchar contra sus efectos adversos y aumentar los ingresos públicos”, gracias a que, de legalizarse la prostitución, se produciría un aumento considerable de cotizantes de la Seguridad Social.

 

 

Desde luego, tal como lo dice, la profesora deja caer en la motivación de los inspectores de Hacienda un interés económico (por lo tanto, materialista) situando su argumento, por oposición, en el lado moral, algo más elevado. Sin embargo, además de los, han sido muchos más los grupos de personas que argumentan a favor de la plena legalización y regularización de la prostitución.

 

Hace unas semanas, un juez de Barcelona dictó una sentencia en la que condenaba al empresario de un prostíbulo a hacer contratos laborales a las mujeres que trabajaban en su local. Aducía que las mujeres que libremente ejercen la prostitución tienen derecho a una relación laboral normal.

Al mismo tiempo, este periódico ha informado de la reciente creación del primer lobby formado por varias asociaciones de prostitutas que reivindican sus derechos como “trabajadoras sexuales”. La presidenta del mismo se presentaba así: “Todas las mujeres que ejercemos sexo de pago lo hacemos libre y voluntariamente porque, si no, no es prostitución, es esclavitud”.

El debate no es sencillo.

Esgrimir el argumento de que la prostitución es la forma de explotación más antigua, que ha existido siempre y no dejará de existir, es el pretexto cómodo para no hacer nada y permanecer en la situación de alegalidad en que nos encontramos.

 Yo creo que lo he contado más veces. Eso de la “alegalidad” es un concepto muy dañino y  muy falaz. En realidad, la “alegalidad” no existe. Semejante término se ha puesto de moda y es profusamente utilizado en el discurso jurídico, político y mediático. Incluso será recogido por el diccionario de la Real Academia Española con el significado de “no regulado, ni prohibido” aunque no hay ninguna  fuente formal de derecho que haya producido semejante concepto abominable. En efecto, esta palabreja entra en la jerga jurídica desde la política y llega a ésta desde los medios de comunicación.

El término sugiere la existencia de una laguna, un vacío normativo, de manera que, mientras no termine de ser objeto de algún tipo de regulación, la actividad humana de que se trate se moverá en un limbo inestable. No será, desde luego, la primera, ni la última vez que un concepto vacío o engañoso se hace moneda común en el lenguaje político. Forma parte de la diarrea verbal que se enseñorea de tribunas parlamentarias, boletines oficiales y tertulias mediáticas. Y digo diarrea en consciente referencia a sus tres características principales: su enorme caudal, su escasa consistencia y su composición química.

Quien así habla está desconociendo, u omitiendo conscientemente, que el sistema jurídico es, como el universo, completo en sí mismo. Que, con independencia de la opinión que podamos tener sobre la mejor o peor adecuación del derecho a la realidad social y sobre la conveniencia de aumentar, disminuir o modificar las normas jurídicas, lo “alegal” sencillamente, no existe.

Ahora bien, que no exista no quiere decir que no resulte una herramienta útil para la promoción de determinados intereses. Las palabras construyen la realidad política aunque sean mitologías, falsedades,  estadísticas, o todo a la vez. Así, estimado lector,  observe que siempre que alguien, desde fuera de la Administración,  clama por la perentoria regulación de alguna actividad que considera “alegal”, lo que está proponiendo no es otra cosa que una regulación conforme a sus intereses o a su ideología. Y que cuando se trata de una persona que habla desde dentro de la Administración, lo que normalmente intenta es escurrir algún bulto, aprovechándose de la confusa maraña normativa.

El criterio, sin embargo, no puede ser más sencillo:

 ¿Se trata de una persona física, un particular o una entidad privada de cualquier tipo?… Pues todo lo que no le está prohibido, lo tiene absolutamente permitido. No lo digo yo, que también, lo dice el Art. 1.1 de la Constitución Española que sitúa la Libertad como el primer Valor Superior del ordenamiento jurídico. Dicho de otro modo: Hágase lo que las leyes ordenan; no se haga lo que las leyes prohíben y en lo demás, hágase cada cual de su capa un sayo.

Si por el contrario, hablamos del Sector Público (del que parece Administración… o del que procura no parecerlo) seamos  conscientes de que no puede hacer nada que no esté orientado a la satisfacción de los intereses generales, en el ámbito de sus competencias y con “pleno sometimiento a la Ley y al Derecho”, tal y como le obliga el Art. 103.1 de la Constitución.

Lo de la “alegalidad”, por lo tanto, es un cuento.

 

Una situación que ni protege jurídicamente a las prostitutas, ni consigue que la prostitución disminuya. Es el argumento derivado de la pereza de enfrentarse a una cuestión complicada.

 

Ya lo de adjudicar a los argumentos contrarios al propio un defecto moral (la pereza) me resulta un tanto fatuo en una catedrática de ética pero, sobre todo…

¿Por qué tiene que “disminuir la prostitución”?

A priori, está planteando la prostitución como “un mal”, como un mal público, para ser exactos, lo que sería la única manera de entender la existencia de un interés público en su disminución. Algo así como la contaminación de las aguas, por ejemplo.

Antes de poder estar de acuerdo, o en desacuerdo, tendría que explicar doña Victoria la maldad intrínseca, el perjuicio público, derivada de la prostitución.

Pongamos por ejemplo el hecho de fumar. Antaño era una actividad libre que se consideraba relativamente inocua y cuyos beneficios, en forma de placer fisiológico, se consideraban superiores a sus posibles efectos dañinos. Incluso en épocas de penuria y escasez, como la postguerra, llegaba a racionarse el tabaco para garantizar en la medida de lo posible su acceso igualitario. ¡Vamos… Como un bien de primera necesidad!… Como el aceite o los garbanzos.

Con el tiempo y los avances científicos, sabemos que el humo de los cigarrillos es seriamente perjudicial, tanto para el fumador como para su entorno, es decir, sabemos que es un mal público, un daño a la salud pública, por lo que, desde esa constatación, se plantean políticas públicas para la erradicación del tabaquismo.

Respecto de la prostitución, estamos esperando una mínima argumentación similar. Algo más que un axioma ideológico.

 

Frente a él, los partidarios de legalizar la prostitución se unen en una defensa  a ultranza

 

 

¿Por qué utiliza doña Victoria ese adjetivo?

Al hacerlo, sutilmente sitúa a los defensores del argumento de la regulación legal de la prostitución como unos extremistas (unidos “a ultranza”).

Es una jugada un tanto sucia. Impropia de la autora del artículo.

Pongamos, por ejemplo, a los detractores de la pena de muerte (que somos muchos, incluida, supongo, doña Victoria)… ¿partimos de alguna posición “a ultranza”?

 

de la libertad individual.

En nombre de la libertad y en contra de un moralismo puritano, se pronuncian a favor de una aceptación abierta de la prostitución, que elimine la calle y el burdel.

Ahora que las campañas electorales que se avecinan alientan el apoyo a todas las causas susceptibles de ser rentables en votos, tanto la CUP como la plataforma Barcelona en Comú han manifestado su apoyo a la propuesta de legalización de las trabajadoras sexuales.

 

De manera falaz, la autora sugiere que este posicionamiento en favor de la plena regularización de la prostitución no es el resultado de una convicción moral y racional, sino de un aprovechamiento electoralista. Es un argumento flojo y sucio. De pensarse de semejante modo, el posicionamiento contrario (la ilegalización, o lo que sea) sería, sin más, otro posicionamiento partidista… aunque en ello coincidieran extraños “compañeros de cama” y perdóneseme el exabrupto.

La propuesta de regular la prostitución quiere justificarse en nombre de la libertad,

 

 

¿Por qué dice “quiere justificarse” y no algo así como “se justifica” o “encuentra su justificación”?

¿Es que “quiere”… pero “no puede” justificarse?

 

 

y no discuto que existan algunas mujeres que ejercen la prostitución voluntariamente.

Pero son una minoría insignificante.

 

 

Creo que hay un cierto consenso en que no se puede argumentar en base a datos o inferencias estadísticas sin aportar las fuentes que den soporte a tales argumentos.

¿De dónde saca doña Victoria que las mujeres que ejercen la prostitución voluntariamente son una minoría “insignificante”?

 

 

Los datos dicen que más del 80% de las prostitutas están ligadas a mafias que las traen de países de la Europa del Este y del Tercer Mundo.

¿Qué datos?

En cualquier caso, asombra la habilidad con la que la Sra. Camps desliza los términos adecuados para sugerir imágenes sin comprometer afirmaciones que pudieran demostrar lo falaz de sus argumentos.

¿Qué es eso de “estar ligadas”?… ¿Qué quiere decir?… Porque “estar ligados” de una u otra manera a “mafias” es algo de lo que muchos no podríamos poner  la mano en el fuego si nos movemos en ambientes, por ejemplo, políticos, financieros o académicos, sin ir más lejos.

Por ejemplo, todas las cantantes que actuaban en Las Vegas en los años 30 estaban de alguna manera… “ligadas a las mafias”.

Además, hemos de ser conscientes de que es precisamente esa “alegalidad” la que, de algún modo, fomenta que tales actividades estén “ligadas” a mafias.

Con el uso de ese término, de indudables reminiscencias delictivas, el mensaje subliminal queda bien colocado en el lector. Pero la palabra “mafia” a fuerza de uso y abuso ha adquirido perfiles abiertamente polisémicos. Digamos que entendemos por “mafia” a toda organización jerarquizada dedicada a suministrar productos o servicios ilegales. Que sean ilegales, huelga decirlo, no implica exactamente que sean inmorales. Si hablamos, por ejemplo, de “mafias que las traen de países de Europa del Este y del Tercer Mundo” es evidente que de lo que estamos hablando es de organizaciones que introducen inmigrantes (específicamente, en este caso, mujeres) saltándose las barreras migratorias establecidas. Tal vez el juicio moral que nos merezcan las barreras migratorias sea peor que el de la actividad de quienes se las saltan ¿No?

Porque si de lo que queremos hablar es de una organización criminal que secuestra mujeres en sus países de origen y las traslada a otro donde son sometidas a esclavitud sexual para obtener de ellas un beneficio económico… Entonces, dígase con todas las letras porque semejante actividad no la defiendo, ni la pretende legalizar nadie en su sano juicio.

Lo que ocurre es que, contra esos “datos” enarbolados, pero ocultos, de doña Victoria, nadie se cree que esa sea la situación  de la “inmensa mayoría” (por oposición) de las mujeres que ejercen la prostitución en España.

Cosa distinta es que ser “Mafia” o ser encomiable “emprendedor” puede depender, sin más, de una u otra regulación legal. Durante la Ley Seca en los EEUU, por ejemplo, el alcohol lo vendían los mafiosos. Abolida tan estúpida norma, la producción y distribución de vinos, cervezas y demás bebidas espirituosas es una actividad perfectamente legal y respetable.

El transporte internacional de personas es un cometido “mafioso” (en esa hiperextensión del término) allí donde las fronteras están cerradas, sea entre México y los EEUU o entre el norte de África y Europa. Una mujer camerunesa o ucraniana que quisiera ejercer la prostitución en España, pongamos por caso… ¿dónde acudirá?… ¿A una agencia de viajes?

 

Hablar de libertad en estos casos es una broma.

 

Hablar de libertad, Sra. Camps, nunca es una broma.

¿Cuáles son “estos casos”?

La libertad, la libertad personal,  en efecto, no puede ser coartada ni por una organización esclavista, si tal fuera el caso, ni tampoco por el Estado, si llevado de prejuicios ideológicos o dogmatismos morales cercena los derechos laborales de las personas.

No cabe duda de que entre ambos planteamientos teóricos (la esclavitud sexual y la dañosa desprotección jurídica del Estado) hay diferencias astronómicas. Ello, no obstante, no elimina el debate. Queremos que el Estado ejerza enérgicamente el poder punitivo frente a los delincuentes, pero no queremos que ese mismo estado limite las libertades individuales sin razón.

 

Prostituirse tiene un significado unívoco: es esclavizarse.

 

 

Este es el típico “argumento L’Oreal”… “porque yo lo valgo”.

Con todo el respeto del mundo, Sra. Camps, esa idea puede ser muy válida para usted y resultar una perfecta estupidez para otras personas. El significado de prostituirse no sólo no es unívoco sino que, muy posiblemente, se trate de una experiencia personal y vital subjetiva distinta para cada persona que se prostituya.

En cualquier caso, más allá del sentido subjetivo que cada cual encuentre en ello, la ley es la que debe resultar objetiva y general, limitándose las libertades personales de la manera más leve que sea necesaria para asegurar la convivencia civilizada.

 

 

 

No pongo en duda que existan mujeres que pueden permitirse el lujo de considerar que lo que hacen no es prostitución, sino un trabajo como cualquier otro.

 

Un poco de respeto por los demás, Sra. Camps.

Usted “piensa”… como un ser racional. Entonces, permita que los demás “piensen” cosas diferentes. Una mujer prostituta que considera que su trabajo debe estar adecuadamente regulado es un ser humano que piensa, no que “se permite el lujo de considerar”. ¿A qué viene esa terminología despectiva?

Por otra parte… ¿Por qué utiliza ese eufemismo beato de “lo que hacen”?  Y sobre todo, no haga trampas. Ninguna prostituta dice que “lo que hace” no sea prostitución, sino trabajo, como si el trabajo tuviera una sustancia particular y distinguible. Lo que dicen, esté Vd. de acuerdo o no, es que la prostitución es su forma de trabajo. Su currelo;  su tajo. Y como decía el bueno de Cantinflas en la película “el patrullero 777”… “no ganarán el pan con el sudor de su frente, pero sudar, sudan”.

Lo que dicen las putas, si se las quiere escuchar,  es que “lo que hacen” es un trabajo como otro cualquiera. Es más, que si al día de hoy no es “un trabajo como otro cualquiera” ello es, precisamente, por la falta de reconocimiento de sus derechos laborales y de una elemental seguridad jurídica, en flagrante contradicción con los principios constitucionales, para empezar.

Porque… vayamos a fondo del tema… Si eliminamos los prejuicios ideológicos que cada cual pueda tener, la prestación de servicios sexuales a cambio de una remuneración económica… ¿En qué se diferencia de otras prestaciones de servicios que impliquen contacto físico como, por ejemplo, los de un masajista?

 

 

 

 

“…la legislación no debe mirar a esa pequeña minoría de mujeres que se autodenominan libres, sino a la gran mayoría que no vacilaría en reconocer que vende su cuerpo porque es lo más lucrativo que tiene a su alcance. La ley es, efectivamente, para todos, pero su objetivo primordial, en una sociedad que aspira a la justicia social, es proteger a los más desfavorecidos.”

 

 

Analicemos este párrafo, tremendo por inhumano.

 

 

“…la legislación no debe mirar a esa pequeña minoría de mujeres”

 

Estamos hablando de la libertad, Sra. Camps. Es decir, de los derechos fundamentales de TODAS las personas. La “legislación”, como usted dice, debe mirar a las personas a partir de una sola. Por muy minoría que sea ese grupo de mujeres. ¿A partir de cuántas considera usted que debe “la legislación” proteger a las personas, hombres o mujeres?

Ello, no olvidamos, que ese presunto carácter minoritario es algo varias veces proclamado a lo largo del artículo de la Catedrática, pero en ningún momento acreditado.

 

 

“…que se autodenominan libres”

 

 

¿Cómo que se “autodenominan”?

¿Qué forma tan falaz e irrespetuosa de argumentar es ésa?

Las personas son libres, nacen libres e iguales, Sra. Camps.

Sugiere Vd. algo así como que “las pobres” están tan alienadas que no se dan cuenta de que no son libres. Eso es algo que usted sabe de su parte, ellas no. Si fueran libres todo su argumento se iba, literalmente, al carajo, de manera que su soberbia intelectual no le permite aceptar esa realidad. Si no se sienten libres, es porque no lo son. Y si se sienten libres, es porque están equivocadas.

No hay escapatoria ante semejante sofisma.

 

 

“…sino a la gran mayoría”

 

Persiste en la falacia estadística. Con lo fácil que sería conocer siquiera una aproximación a la verdad. Datos hay. Para empezar en las Delegaciones de Trabajo, a trasvés de la Inspección.

En fin, a través de fuentes oficiales o de otras. De las que sean, siempre que acrediten su valor estadístico. Todo lo demás es humo.

 

 

 

“…que no vacilaría en reconocer”

 

Esto es muy importante. Camps dice “que no vacilaría en reconocer”, en vez de decir algo que sabe que no puede decir como, por ejemplo, “que reconoce”. Es un detalle de un mínimo pudor intelectual. Aunque es muy hipócrita el uso de ese subterfugio argumental.

 En su razonamiento, la “gran mayoría” de las putas, si se les consultara su opinión “no vacilaría en reconocer”que…

 

 

…vende su cuerpo porque es lo más lucrativo que tiene a su alcance”

 

 

Ya. El hecho es que todos los trabajadores “venden su cuerpo” (o, por ponernos marxistas, su “fuerza de trabajo”) de una u otra manera. Todos, desde el que vende la fuerza de sus brazos hasta el que vende la de sus neuronas, sus cuerdas vocales o la exhibición de su cuerpo entero, como los modelos, por decir.

En el fondo, el tabú es que las putas venden concretamente su sexo, algo que a la autora del artículo (y a otras muchas personas) les parece mucho peor que la venta de otras partes del cuerpo, o mejor dicho, de otras manifestaciones de la fuerza humana de trabajo que es lo que todos los obreros entregan al capital a cambio de su salario o lo que el autónomo ofrece a sus clientes. Porque no sólo las putas, todos los trabajadores encuentran en su cuerpo (¿dónde si no?) en una u otras facultades del mismo “lo más lucrativo que tienen a su alcance”.

Todos, excepto el capitalista. El capitalista encuentra “lo más lucrativo que tiene a su alcance” fuera de sí mismo. En el trabajo de los demás. Del cuerpo de los demás, sean estibadores del puerto, analistas financieros o catedráticos.

 

 

“…La ley es, efectivamente, para todos, pero su objetivo primordial, en una sociedad que aspira a la justicia social, es proteger a los más desfavorecidos.”

 

Esta frase es tan bonita, tan estupefaciente, que podría considerarse la más falaz de todo el artículo.

La Sra. Camps sabe de sobra que, en principio,  la ley es igual para todos. Esto en la vida cotidiana no deja de ser un desiderátum. Pero la Sra. Camps sabe muy bien, por eso da este rodeo argumental, que la ley no puede tener de ninguna manera un “objetivo primordial” que le aleje de la propia generalidad y legalidad (principio primordialísimo, si cupiera decir).

Por cierto, aunque no la cita, la ley de la que estamos hablando, pues hablamos de libertades básicas, es la Constitución.

Recordemos ahora que todo el debate comenzaba a partir de una situación que la autora denominaba de “alegalidad”. Es decir, que lo que se ha planteado es la regulación jurídica de una actividad humana intrínsecamente libre. De hecho, no está prohibida. La “protección a los más desfavorecidos” es un objetivo encomiable donde los haya, no cabe duda, pero no puede llevarse a cabo mediante la bienintencionada  (es de suponer) violación de las libertades fundamentales de esas mismas personas objeto de tanto interés.

¿Puede favorecerse a un desfavorecido extorsionando sus libertades, por muy pocas personas que sean?

 

 

La propuesta de regular la prostitución quiere justificarse  en nombre de la libertad,  y no discuto que existan algunas mujeres que ejercen la prostitución voluntariamente. Si aparcamos los principios y nos fijamos en los resultados obtenidos, allí donde la prostitución está legalizada,  no encontramos datos demasiado convincentes para copiar sus leyes.

 

Datos, lo que se dice, datos, la Sara. Camps no ofrece ninguno. Ni a favor, ni en contra.

 

En Europa, la prostitución está legalizada en 12 países y, en ninguno de ellos, parece que la experiencia haya sido muy positiva para reducir ni la prostitución

 

Insisto. ¿Es ese un objetivo del Estado? ¿Quién lo ha dicho?

 

ni la actividad de las mafias.

Caso distinto es el de Suecia, que optó por prohibirla y criminalizar a las mafias y a los clientes. De esta forma, y si las cifras no mienten, ha logrado que la prostitución bajara de un 30% a un 50%.

 

Comenzaré por señalar que la cifra, tal cual está expuesta, es absurda. Del 30% al 50% no se baja… se sube.

En cualquier caso, es evidente que cualquier actividad que pase a ser (como con pasmoso autoritarismo dice la propia autora) “criminalizada”, automáticamente disminuirá, como fruto de la eficacia represiva del Estado, poca o mucha y desde luego, desaparecerá de las estadísticas oficiales. Lo prohibido, Sra. Camps, se oculta.

En cualquier caso, como siempre, faltan datos. De todas maneras, resulta muy alegre ese salto argumental desde el terreno de la ética política, que es el suyo, a este de la “eficacia”.

¿Y si la criminalización de una conducta libre por humana (pongamos por caso, las relaciones homosexuales)  fuera eficaz, por ejemplo en determinados países musulmanes… ¿Cambia en algo nuestro criterio?

 

Dirán las prostitutas libres que con qué derecho una sociedad que se proclama liberal interfiere en las vidas de las personas, condena la prostitución y la considera un trabajo indigno.

La respuesta es que, en efecto, es una actividad degradante para todas las mujeres que no entienden que el ejercicio de la prostitución afiance sus derechos como individuos libres, sino todo lo contrario,

 

Nuevamente volvemos a la superioridad moral e intelectual de la autora. La Sra. Camps es consciente de lo que el sentido común pone de manifiesto, pero tiene una respuesta ideológica y axiomática y las que no lo vean como ella, es que no lo “entienden”

El argumento es una tautología monumental.

Las putas sólo quieren ejercer su oficio en las condiciones mínimas que todas las demás personas ejercen, cuando pueden, los suyos.

Nadie está proclamando que la prostitución en sí, como actividad específica, “afiance los derechos de nadie como individuo libre”. No hace falta. Tocar la trompeta, vender boletos de la ONCE o ejercer el notariado, por sí, tampoco “afianzan derechos”. Lo que afianza derechos es ganarse la vida sin hacer daño a nadie y bajo el amparo que nuestro Estado de Derecho nos ofrece. Tener una Seguridad Social, una protección por desempleo, pagar nuestros impuestos, tener un domicilio y un ambulatorio donde acudir, etc. etc. ¡Eso sí que afianza nuestros derechos!

 

y esas son desgraciadamente las que más abundan.

La discrepancia de puntos de vista al respecto nos sitúa ante una de las paradojas del liberalismo.

La paradoja que consiste en colocar en un pedestal la libertad de los individuos sin atender a las condiciones imprescindibles para que la libertad no sea un derecho sólo formal,  sino que cuente con la base material imprescindible para poder ejercerlo.

 

 

Pero… ¿Dónde está la tal paradoja?

La Libertad individual está en el pedestal que le corresponde. En la Constitución en su mismísimo Preámbulo. La Libertad, como principio,  es el máximo inspirador  de la democracia y como derecho fundamental es el primero de todos, como la propia vida. Nadie discute que la Libertad, como todo derecho, necesita un sustrato material mínimo de tipo físico, material, económico. Nadie lo discute.

Las personas suficientemente ricas pueden elegir si trabajar o no hacerlo para vivir. La inmensa mayoría de los mortales (permítanme decirlo sin mayor soporte estadístico) necesitamos trabajar. Así estamos desde que nuestra raza fue expulsada del paraíso. LA libertad, pues, no es, en general,  perfecta.  ¿Alguien cree que la libertad no existe pues “tenemos” que trabajar?

A partir de esa imposición fisiológica (alcanzar el sustento) cada cual hace lo que puede en función de sus circunstancias personales, económicas, formativas, etc.

Lo único exigible es no hacer daño a los demás. La manera en que cada cual se busque la vida sin perjudicar al resto es, intrínsecamente, un trabajo decente. Les guste, o no les guste, a los demás.

 

Por otra parte, nos cansamos de decir que también la libertad debe tener límites, pero nunca lo ratificamos en la práctica.

Hace unos días, la Asamblea Nacional francesa aprobaba considerar delito la incitación a la delgadez extrema prohibiendo a las agencias de modelos contratar a jóvenes exageradamente delgadas.

Cuando uno puede elegir, es libre de hacerse daño a sí mismo,

 

 

Otra falacia. Lo prohibido, en el propio argumento de Camps,  es la “incitación” es decir, una actividad dirigida a terceros, a terceros en una situación de debilidad (por edad, por ejemplo). Nadie puede, ni podría, “prohibir” a un adulto el hacerse a sí mismo el daño consistente en adelgazar excesivamente.

 

pero lo primero es conseguir que la libertad de elegir sea real, poder comparar entre distintas formas de vida y escoger la preferida.

Cuando deje de haber prostitutas obligadas a serlo,

 

¿Pero de qué clase de “obligación” estamos hablando?

Si estamos hablando de secuestro y coacción, entonces estamos ante algo sencillamente delictivo y gravísimo. No es necesario el debate. Eso es (y era) delito en España. Poco más o menos igual de delictivo sería obligar a una persona a realizar cualquier clase de trabajo esclavo, siquiera fuese el más refinado, cómodo o agradable.

Si de lo que hablamos es de que las circunstancias de la vida (ese cúmulo de condicionantes) le llevan a una persona a optar por ejercer la prostitución por su propia voluntad… ¿Quiénes somos los demás para meternos en ello?

 

 

podremos discutir si nos parece aceptable sustituir la palabra prostitución por la de trabajadoras sexuales.

 

Evidentemente, doña Victoria, la cuestión no es sustituir la palabra. Eso que hace usted es una simple “boutade”

 

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