Ni fú, ni fá.

MESA_PLENO

Hoy, día 13 de Mayo de 2015, los medios de comunicación daban cuenta de que el Anteproyecto de Ley General Tributaria que prevé la publicación de las sentencias en materia de fraude fiscal, ha superado escasamente el preceptivo informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al precisar para su aprobación el voto de calidad de su presidente, Carlos Lesmes.

En efecto, el informe defendido por el vocal Gerardo Martínez-Tristán en el Pleno extraordinario para tratar el asunto y que avala la medida propuesta por el Ministerio de Hacienda como “un elemento preventivo y educativo” frente al fraude, fracturó en dos al órgano de gobierno de los jueces, pues diez de sus 21 miembros han votado en contra, mientras que Fernando Grande-Marlaska emitió un voto en blanco, lo que ha obligado al voto de calidad del presidente.

 

El asunto que me llama la atención es que, si no me equivoco, la regulación del Consejo General del Poder Judicial se recoge en el LIBRO VIII de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, que modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Pues bien, esta norma no regula expresamente el régimen de votaciones en el seno de este órgano colegiado. Ante esta aparente laguna, parece plausible acudir, tratándose de un órgano de naturaleza judicial, a la aplicación subsidiaria de, por ejemplo, el artículo 157 de la propia Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial que, determinando el régimen de las votaciones en el seno de las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales superiores de Justicia, dictamina lo siguiente:

  1. Concluida la discusión de cada asunto, se procederá a la votación, que comenzará por el Juez o Magistrado más moderno y seguirá por orden de menor antigüedad, hasta el que presidiere. La votación será secreta si lo solicitase cualquiera de los miembros.
  2. El Juez o Magistrado que disintiere de la mayoría podrá pedir que conste su voto en el acta. Si lo desea, podrá formular voto particular, escrito y fundado, que se insertará en el acta, si la Sala lo estimare procedente por razón de su naturaleza o de las circunstancias concurrentes, siempre que lo presente dentro del plazo que fije la Sala, que no será superior a tres días.
  3. El Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.

Es decir, que la participación en la votación es obligatoria para los jueces y que, en el caso de existir una discrepancia respecto del sentir mayoritario, lo que cabe es la presentación de un voto particular, pero no la abstención, ni la negativa a participar de la votación misma.

Por buscar otra fuente doctrinal donde sustentar esta opinión, podríamos acudir, no a lo más cercano desde el punto de vista de la naturaleza jurisdiccional del órgano, sino a la regulación general de este tipo de entidades, regulación que encontramos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuyo Capítulo II, referido a los órganos colegiados y en su artículo 24.1.c. se especifica la obligación de votar de los funcionarios, autoridades o empleados que formen parte como tales de un órgano colegiado. Así, dice la ley que “corresponde” a estas personas, entre otras atribuciones, “Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros de órganos colegiados”.

Se podría llegar a entender que en las votaciones secretas, si apareciera un voto en blanco, al resultar teóricamente imposible determinar la personalidad de quien haya incumplido el deber de manifestar su opinión, el voto en blanco se convierte en una posibilidad “de facto”, pero nada más. Que algo pueda realizarse no lo dota de legitimidad legal.

Ahora bien, incluso la votación secreta, para serlo, requerirá de una previa declaración en tal sentido y ésta de un procedimiento, por mínimo que sea, que comenzará por la solicitud efectuada por alguno de los vocales.

Desconozco si la sesión del Pleno del CGPJ a la que me estoy refiriendo, además de extraordinaria, fue declarada secreta. En cualquier caso, de haberlo sido, constará en el Acta correspondiente, tal y como ordenan respectivamente los artículos 158.1: “El Secretario de Gobierno dará cuenta de los asuntos que se lleven a la Sala; estará presente en su discusión y votación; redactará las actas…”  y 159.1: “Los acuerdos de las Salas de Gobierno se llevarán a un libro de actas, que estará a cargo del Secretario de Gobierno…” 

De todas formas, en el caso que nos ocupa, este secreto que abre la posibilidad fáctica de un apócrifo voto en blanco no se ha producido pues resulta pública y notoria la personalidad del miembro del Consejo General del Poder Judicial que ha votado en blanco: el Magistrado Fernando Grande-Marlaska.

Cuestión distinta sería la aplicación, en su caso, del Deber de Abstención que, por muy tasadas razones, pudiera afectar a alguna de las personas llamadas a opinar. Estas razones están expuestas, con carácter general, en el Art. 28.2 de la Ley 30/92:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate

b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados…

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.

d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate…

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto…”

Así que, en resumidas cuentas y salvo error u omisión, creo que aunque nuestra cultura democrática, que tampoco es demasiado profunda, nos lleve a suponer que en cada ocasión en la que los simples ciudadanos somos convocados a decidir algo, siempre disponemos de las tres posibilidades: la positiva, la negativa y la neutra, el derecho exige que aquéllos llamados a tomar decisiones en el seno de un órgano colegiado “por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas” (mutatis mutandi, los jueces y magistrados) no puedan abstenerse.

Y esto (resulta evidente) lo saben todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial, como lo saben los de otras muchas  instancias públicas donde repetidamente ocurre lo mismo.

¿Por qué no se cumple?

2 respuestas a Ni fú, ni fá.

  1. Juan Luque dice:

    Tan sagaz como oportuno, Rafael muestra una vez más las vergüenzas de los poderes públicos, en este caso del judicial. Nuestra cultura democrática es reciente y necesita tiempo para arrancar de las seseras de las autoridades y funcionarios la razón de la fuerza basada en ese instinto que le hace actuar como si el cargo/puesto fuera suyo hasta el punto que le permite hacer su voluntad e ignorar las normas que regulan sus funciones.

  2. gonzalo martín baranda dice:

    Cuando se leen los análisis de Iturriaga en sus columnas, en donde a veces campea el humor, uno se ve obligado a reflexionar. Y pensar es cansado, pero es lo que nos distingue de los animales: la racionalidad. Hace la pila de años, un tal Pilatos votó en blanco, se lavó las manos, ahora sin darse cuenta muchas veces se actua igual.
    Es necesario señalar las obligaciones de los funcionarios, pero eso debe servir para recordar las del ciudadano: votar en las elecciones.
    Al que más guste o al que menos rechazo de. Pero optar, decidir, involucrarse.
    Porque en caso de no hacerlo , luego no vale el lloro.

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