SIN COBERTURA

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Como otros españoles, desgraciadamente no todos los que lo necesitan, este verano hemos realizado nuestros buenos kilómetros de autovía buscando olvidar por unos días lo cotidiano y pillar un poquito de ese sol vivificante. Horas de coche que nos ponen en contacto con otros paisajes y otras realidades que espolean la reflexión. Cosas que damos por supuestas sin que lo sean realmente. Por ejemplo, algo tan imprescindible y tan natural hoy en día como el servicio telefónico inalámbrico de voz y datos.

Los que ya peinamos canas recordaremos cómo las empresas de telefonía móvil invirtieron durante un tiempo grandes cantidades para poner en marcha la infraestructura necesaria para la implantación de esta nueva tecnología. Aparecieron entonces ,como setas, las antenas de telefonía a lo largo y ancho de todo el territorio.

¿Todo?… No. Como decían Uderzo y Goscinny en las portadas de Axtérix, “no todo el territorio”. Y no porque un pequeño pueblo resistiera la invasión tecnológica, no. Sencillamente, las empresas invirtieron en las áreas que les resultaban más rentables hasta que todos los ciudadanos tuvimos en nuestro bolsillo el dichoso teléfono móvil. Por cierto que, si las estadísticas no mienten, ya tenemos tres terminales por barba. A partir de esa situación la inversión decae hasta el mínimo necesario para el adecuado ordeño de un sistema que ha conseguido, incluso, que la gente asuma que la falta de cobertura es un problema personal. “Estoy sin cobertura”, decimos, cuando lo que ocurre es que la empresa telefónica de turno no cubre esta parte del territorio… porque no le da la gana. Es decir, porque no gana lo que quiere ganar. El negocio, en el lenguaje de la Boston Consulting Group, ha pasado de ser una “estrella emergente” a ser una “vaca lechera”, con  las imaginables consecuencias para el cliente.

¿Y en qué recóndito valle, o en qué remotos desiertos te has metido para estar sin cobertura a estas alturas del siglo XXI?… Pues ni valles, ni desiertos, ni alturas. Esto pasa, sin ir más lejos, a lo largo de muchas autopistas y carreteras nacionales, ciudades, centros públicos, hospitales, etc. Quien lo dude, que acuda a la hemeroteca.

Tal vez el lector suponga, como me ocurría a mí, que las exigencias que la Administración impone a las empresas a la hora de otorgar la correspondiente concesión, recogerían esos extremos. Pues no.

En efecto, el servicio de telefonía móvil está definido en la Ley 31/1987 de Ordenación de las Telecomunicaciones donde señala que, conforme a lo previsto en el Art.128.2 de la Constitución Española: “las telecomunicaciones tienen la consideración de servicios esenciales de titularidad estatal reservados al sector público”. Es decir, que se trata de un servicio público, aunque lo presten empresas privadas.

Cuando un servicio público es suministrado por un concesionario, el Estado define unos mínimos exigibles en todo caso. Ese reducto de prestación obligatoria, suele denominarse “Servicio Universal”. A partir de ahí, digamos, el Estado “deja jugar” al concesionario con las reglas del mercado.

Pues bien, dentro del ámbito de las telecomunicaciones, además de la citada Ley, la regulación prosigue por el Real Decreto 424/2005 por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios que traspone la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas y en su desarrollo, finalmente, el Real Decreto 899/2009 por el que se aprueba la Carta de Derechos del Usuario de los Servicios de Comunicaciones Electrónicas, en cuyo Art. 4… ¡Por fin! se especifican las prestaciones incluidas en ese “Servicio Universal”.

Todo lo dicho, naturalmente, sin contar con la existencia de formidables instituciones reguladoras y vigilantes como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, recientemente diluida en el seno de la portentosa Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, etc.

Bien. Pues después de todo ello, repare el lector en que estamos hablando de telecomunicaciones y telefonía móvil porque, para mayor asombro (o mofa y befa) el servicio universal de telefonía móvil consiste en que todos los usuarios finales puedan obtener una conexión a la red telefónica pública desde una ubicación fija” eso sí,  “…siempre que sus solicitudes se consideren razonables…”. (Art. 4, 1-a)… ¿Cabe mayor cachondeo?

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Para redondear la definición de ese parto de los montes que es el servicio público esencial y universal que justifica el inmenso negocio de las telefónicas, el estado previsor exige también…( ¡bueno es el Estado cuando se pone!)… el suministro de una guía (Art. 4,1- b) así como un servicio de consulta telefónica (ya saben, el gratuito que nunca se atiende, no el de pago) y asimismo, que exista una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago (cabinas). Ustedes tendrán una idea  de lo que debe considerarse, o no, suficiente y si ello exige que además funcionen, o sean un pingajo más, dentro del cochambroso mobiliario urbano, de utilidad desconocida y aspecto ruinoso.

No me digan que tamaña desvergüenza no deja de tener su gracia.

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