ESCRACHES: ILEGALES E INMORALES

Este post contiene una serie de comentarios sobre un artículo titulado “Suelte ese escrache” publicado en el Diario.es el pasado 08/04/2013.

El artículo comentado puede leerse en su fuente original clicando en este link:

http://www.eldiario.es/protesto-senoria/Suelte-escrache_6_119398067.html

Los párrafos subrayados y en negrita son los que, en mi opinión, exponen las ideas sustanciales del artículo y los comentarios van a continuación.

“porque la idea que sustenta el escrache es señalar, apuntar”.

La “idea”, como dice el autor, la “intención”, por tanto, no es que resulte irrelevante en el enjuiciamiento de la conducta, pero tampoco resuelve el tema.

Intención, pues, declarada:

“evitar que el cómodo refugio entre la masa de parlamentarios desconocidos cubra a todos aquellos que, sin dar la cara en una pantalla de televisión, hacen bulto en los escaños del congreso, jalean las decisiones gubernamentales, pulsan el botón del voto y después se van tranquilamente a su casa”.

Veamos. Que el sistema parlamentario español, al tener varios representantes compartiendo la misma circunscripción (el mismo distrito) electoral en función de su población, etc. no haga tan visibles a un buen número de ellos como ocurriría, por ejemplo, en la Cámara de los Comunes británica no tiene porqué ser considerado como una patología para nada. Al margen de que se pueda debatir si un sistema electoral y de conformación de las asambleas representativas es mejor o peor, pero eso es harina de otro costal, no constituye el objeto de esta polémica.

Por otra parte, el parlamentario no tiene porqué ser famoso. Esta obsesión por ser famoso o “popular” en el entorno en el que alguien se mueva me parece, con todo respeto, “una americanada” propia de las películas de adolescentes en el instituto. Fenómeno este que, por cierto, se ha universalizado ahora como auténtica obsesión en las llamadas “redes sociales” donde todo consiste en tener “followers”, al margen del porqué.
El parlamentario, aunque no salga en la tele tiene, si cumple con sus obligaciones, mucho trabajo que hacer y a la hora de votar (que, pese a lo que pueda parecer, no es su principal cometido) votará disciplinadamente, se supone, lo que le indiquen los responsables de su grupo parlamentario, que para eso están.
A mucho exagerado admirador del Parlamento Inglés habría que recordarle que ha sido esta centenaria institución la que ha creado la figura del “Whip” (látigo) parlamentario, título que ostenta el diputado encargado de imponer, ya podemos imaginarnos cómo a la vista de tal denominación, la disciplina de voto.

Por lo demás, en pocas ocasiones se habrán planteado con más inteligencia los límites del mandato representativo que en el conocido “Discurso a los Electores de Bristol” de Edmund Burke.

En efecto, el parlamentario, todos y cada uno de ellos, se debe a su electorado y a la ciudadanía en general, pero no se debe de una forma ciega, ni siquiera puede saber a qué electores concretos agradecer el voto, pues es secreto. En esas condiciones el filósofo, jurista y político irlandés dejó sentado que:

“…Vuestro representante os debe, no sólo su industria, sino su juicio y os traicionaría, en vez de serviros, si lo sacrifica a vuestra opinión”.
De modo que unos parlamentarios, los pertenecientes a los grupos que apoyan al Gobierno, seguramente votarán a favor de sus propuestas y harán lo que el autor denomina despectivamente “jalear” (“animar con palmadas, ademanes y expresiones”, según la RAE). Contrario sensu, los parlamentarios de la oposición, cumplirán su papel jaleando a sus portavoces, pues el Reglamento les impide las interrupciones, de tal suerte que es precisamente eso, “jalear”, lo único que pueden hacer los parlamentarios que, siguiendo con las palabras del autor del artículo, “hacen bulto en los escaños del congreso” .

No me resisto a comentar la anécdota de un antiguo parlamentario, no recuerdo si republicano o procurador en las cortes franquistas, a quien un periodista achacó durante una entrevista su dilatada inactividad oratoria. El aludido, vivamente indignado, puso delante de sus narices varios ejemplares del Diario de Sesiones señalando con el dedo las líneas donde podían leerse esas frases con que los taquígrafos transcribían los alborotos… “grandes aplausos”… “gritos”… “silbidos y pateos”… ¡Pues en todas esas ocasiones he intervenido yo! replicaba orgullosamente el entrevistado. Era su papel y lo cumplía.

El problema, el problema del escrache, comienza, como bien escribe el Teniente Kaffe, cuando “se van tranquilamente a su casa”.

Así, continúa el autor diciendo que:

La teoría del escrache es…
plantarse delante de la casa
de un diputado de los del montón
y a la que asome la jeta,
gritar a los cuatro vientos:
“Ese de ahí, es el culpable de que mis hijos duerman en la calle”.

La cuestión, entonces, es la siguiente: ¿Hay alguna diferencia entre el derecho de cualquier persona a entrar, salir y estar “tranquilamente en su casa” y el derecho de un parlamentario, por muy “de los del montón” que sea?

Por cierto… No acabo de comprender ese resabio aristocrático en que insiste el artículo del sr. Kaffe. ¿Por qué esa fijación con los diputados “desconocidos”… “del montón”… que “hacen bulto en los escaños del congreso”?
En principio habremos de suponer que, si los parlamentarios “del montón” son acreedores de algún tipo de acción de la catadura de un escrache, los que, por oposición, podríamos denominar “parlamentarios de renombre” lo serían aún mucho más… ¿no?
¿Qué hacemos, entonces, con ellos?… ¿un sencillo escrache o deberíamos aumentar la dosis de “incomodidad” hasta llegar, por ejemplo, al incendio de su vivienda?
¿O, tal vez los estrategas que han diseñado estas actividades son conscientes de que solamente los domicilios de los parlamentarios “del montón” (de la “gente del montón”, en general) se encuentran lo suficientemente ayunos de seguridad pública o privada? Dicho en otras palabras… son más fáciles, más asequibles, más vulnerables. ¿Cobardía y alevosía?

En fin. Sigamos.

El caso es que la acción, evidentemente, no comienza “a la que asome la jeta”, por mucho que tampoco podamos admitirlo entonces, sino que la acción comienza con ese “plantarse delante de la casa”
La “casa”, para empezar, podrá ser en efecto una casa unifamiliar separada e identificable, o también un edificio en el que cohabiten más de una persona o familia.
En este caso, como es evidente, la operación de escrache, que pretende justificarse como una operación de carácter político, recae inevitablemente sobre personas que nada tienen que ver con la polémica de que en tal caso se trate. Insisto, con independencia de que tampoco resulte admisible en relación a la víctima voluntariamente elegida.
A su vez, “delante”, puede significar, prácticamente “encima” o puede, según sea el inmueble, o el nivel de agresividad de quien realiza la acción, tratarse de pocos o muchos metros de distancia.
Y aún en esas circunstancias, el espacio que medie entre la puerta del domicilio del parlamentario escrachado y una vía pública verdaderamente anónima puede constituir un terrorífico pasillo coactivo (y acojonante) o ser un camino abierto.
Y, en fin, sin duda la casuística puede ofrecer variantes que en este momento no se me ocurren pero que resulten de significativo efecto, no en cuanto a las intenciones de los actuantes, sino en cuanto a los efectos psicológicos sobre los afectados, cuyo me parece el punto de vista verdaderamente relevante.
¿Qué estamos entendiendo, entonces, por “plantarse delante de la casa” de alguien?

Pero el autor del artículo añade algo más sobre el objetivo del escrache:

Es algo incómodo, desagradable para el que lo sufre.
Por supuesto, esa es la idea.

Es decir, que de manera paladina se reconoce que el objetivo no consiste en expresar nada, sino en provocar unas determinadas molestias, infligir un castigo, algo que forzosamente ha de resultar “incómodo, desagradable… ésa es la idea”.

En otros términos, provocar unos determinados daños. Unos daños relativamente leves, faltaría más.

Nuevamente nos asalta la duda. ¿Qué hemos de entender por actividades “incómodas, molestas y/o desagradables?… Al margen, como insisto en todo el escrito, de que cualquier actividad de esta suerte sea rechazable… ¿Quién, cómo y en base a qué clase de parámetros determina los umbrales aceptables (más bien, de aceptación obligatoria) de esa “incomodidad”?

Lo que intento poner de manifiesto es la pavorosa arbitrariedad inhumana por la que alguien, pongamos que en este caso de los escraches la P.A.H. (plataforma de afectados por la hipoteca) se pueda sentir investido de una autoridad extrajurídica suficiente como para actuar así, causando daños, mayores o menores, a un tercero. ¿Qué clase de superioridad moral y legal le asiste?… ¿De dónde la obtiene?

Continúa el Sr. Kaffe:

“No existe ningún artículo del Código Penal que sancione esta conducta como delito, ni como falta”.

Este tipo de falacia jurídica, usada en relación al Código penal, resulta de una pobreza intelectual alarmante. Vamos… que es un argumento para bobos.
¿Cuál es el grado de detalle con el que el Sr. Kaffe consideraría que una determinada conducta está contemplada dentro de los tipos penales?
Pongamos, por ejemplo, el Art. 337 del Código Penal que comienza diciendo… “El que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente a un animal doméstico o amansado…”
¿Será necesaria mayor especificación?… ¿Qué clase de animal?… ¿Qué raza?… ¿Qué color?
Evidentemente, el Código se refiere a cualquier clase de animal, porque lo esencial del tipo penal es el maltrato, no la zoología.

Esto es así, por cierto, aún a pesar del estúpido esfuerzo de nuestros legisladores. Baldío esfuerzo que favorece el asentamiento de esa forma de pensar, incapaz de extraer el concepto sustancial del tipo penal por fuerza de pretender describir detalladamente toda suerte de conductas, redescubriendo a cada paso, en cada demagogia oportunista y en cada reclamación de afectados, el Mediterráneo del “vacío legal” y dando por supuesto que “hasta ahora” tales o cuales hechos quedaban impunes, lo que nunca ha sido cierto.
Justo hasta que la demencial logorrea del legislador moderno redacta, habitualmente mucho peor que lo que deroga, especificidades innecesarias cuyo efecto, contrariamente al aparente impulso puntillista que lo alienta, no es otro que el de determinar novedosas lindes tras las que escabullir la aplicación de la ley, allí donde la recta interpretación de los principios sobraba y bastaba para comprender todo el rango de conductas merecedoras de sanción.
Es un paraíso de leguleyos donde, como instiga la naturaleza humana… “hecha la ley, hecha la trampa”. Y como es comprensible, cuanto más concreta sea la ley, más fácil será la trampa, más universo quedará extramuros de la definición normativa.

Continúa el artículo comentado señalando que:

“Exactamente la misma que mueve empresas como “El cobrador del frac”, sin que sus fundadores o empleados hayan sido encausados penalmente por esta razón”.

Pues en este punto se equivoca, nuevamente, el Sr. Kaffe.

El “Cobrador del frac” y otras empresas similares acumulan cientos de demandas y múltiples condenas relacionadas con el empleo de métodos ilegales en la ejecución de sus servicios.
Valga por muchas, dada la claridad y contundencia de sus razonamientos, la emitida por el Tribunal Supremo (STS 2754/2001) contra Norcobro s.l (una de las filiales de la empresa mencionada) en la que califica algunas de sus prácticas y de las empresas que usan métodos semejantes, como delictivas:
“No deja lugar a dudas […] sobre la intencionalidad de provocar eventualmente sobre los vecinos el rumor sobre la morosidad del destinatario”.
“El vejamen o acción denigratoria que estos medios descritos entrañan, atentan contra la dignidad de la persona […] y lastiman y lesionan el honor del sujeto afectado”.
Acaba la sentencia del Tribunal Supremo diciendo que estas prácticas “no pueden quedar justificadas por los usos sociales y menos aún por la ley”.

Poco cabe añadir.

Y es que, pese a lo rotundo de la afirmación del Sr. Kaffe, esa actividad que denominamos “escrache” y que el propio autor del artículo ha definido en sus características básicas, reciba, o no, un tipo penal específico (cosa que, como decía, no tardará en ocurrir para mayor galimatías) encuentra su acomodo sustancial en varios artículos del Código Penal, como no podía ser de otro modo.

Por ejemplo, en el TÍTULO VI, de los Delitos contra la libertad, en su Capítulo III, de las Coacciones, donde tenemos el Artículo 172 que dice:
“…el que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado…según la gravedad de la coacción o de los medios empleados”.
Y añade, con buen criterio, que:
“Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental se le impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este Código”.

A mayor abundamiento, el TÍTULO VII (de las Torturas y otros delitos contra la Integridad Moral) en su Artículo 173 insiste en esta misma idea:
“el que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado…”
Pues bien…recordemos que el Art. 15 de la Constitución Española, dentro de los derechos fundamentales, proclama que:
“Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral”
(Incluso quien tenga el infamante cometido de ser “parlamentario del montón”).

La integridad moral se configura como una categoría conceptual propia, como un valor de la vida humana independiente del derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad en sus diversas manifestaciones o al honor.

En efecto, El Tribunal Supremo español ha definido la integridad moral como:
“un atributo de la persona, como ente dotado de dignidad por el solo hecho de serlo, esto es, como sujeto moral, fin en sí mismo, investido de la capacidad para decidir responsablemente sobre el propio comportamiento”.

Lo que implica la proscripción de cualquier imposición al mismo de algún menoscabo que no responda a fin constitucionalmente legítimo y legalmente previsto (Sentencia Nº: 922/2009 de 30 de Setiembre. RECURSO CASACION Nº:1935/2008)
El Tribunal Constitucional, por su parte, aunque no fija un concepto preciso de integridad moral, lo interpreta desde la idea de la inviolabilidad de la personalidad humana, es decir, el derecho a ser tratado como persona y no como cosa. Así habla de “sensación de envilecimiento” o de “humillación, vejación e indignidad”.
La STC 120/90 de 27.6 nos puede servir de paradigma de la posición de dicho Tribunal al decir que el art. 15 CE. garantiza el derecho a la integridad física y moral
“mediante el cual se protege la inviolabilidad de la persona no solo contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo o espíritu, sino también contra toda clase de intervención en esos bienes, que carezca del consentimiento del titular”

Así pues, la inviolabilidad de la persona aparece como idea central en esta materia.

El elemento material, por tanto, viene a ser compartido en parte con cualesquiera otra agresión específica, como podría ser, por ejemplo, la tortura y se identifica con la aplicación ilegítima de sufrimientos (en nuestro caso, al parecer, sufrimientos leves: molestias… incomodidades… situaciones desagradables) físicos o mentales, así como la supresión o disminución de facultades de conocimiento, discernimiento o decisión, o acciones que de cualquier otro modo atenten contra la integridad moral.

Continúa el meritado artículo del Sr. Kaffe refiriendo que:

“El entorno institucional de aquellos que están experimentando la presión social del escrache, tanto los partidos políticos como el Gobierno, acuden a la equiparación con conductas que guardan un remoto parecido y que solían ser llevadas a cabo por miembros de la izquierda abertzale en Euskadi.
La comparación no resiste el menor análisis”.

¡Hombre! La comparación podría ser, como señala el Sr. Kaffe varios párrafos después, estúpida. No me voy a meter en esas valoraciones.

Pero ni la posible estupidez de la comparación, ni la demagógica intención de asociar malévolamente a grupos como la PAH con la Kale Borroka usada por algunos para oponerse a los escraches puede otorgar legitimidad a los mismos. Dos males no hacen un bien.
Es muy cierto que la Kale Borroka traslucía una amenaza terrorista de consecuencias mucho peores aún… pero era autónomamente delictiva entonces, como lo sigue siendo ahora que la organización terrorista ETA ha puesto, al parecer, fin a su actividad y como lo seguirá siendo siempre, ¿No?
Sencillamente, podremos afirmar que la Kale Borroka es algo todavía peor que los escraches, no que los escraches sean legítimos.

En efecto, la posibilidad del homicidio no disculpa las lesiones; ni éstas el maltrato; ni éste la injuria; ni ésta, por ejemplo, el hurto, etc. Salvo en el irónico relato de Thomas de Quincey “El asesinato considerado como una de las bellas artes”:

“Si uno empieza por permitirse un asesinato, pronto no le da importancia a robar, del robo pasa a la bebida y a la inobservancia del día del Señor y se acaba por faltar a la buena educación y por dejar las cosas para el día siguiente. Una vez que empieza uno a deslizarse cuesta abajo ya no sabe dónde podrá detenerse”.

Prosigamos con la lectura del artículo.

…La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana establece que los agentes policiales pueden exigir la identificación de los ciudadanos particulares en la vía pública, pero no cuándo y cómo les dé la gana, sino cuando sea indispensable para cumplir sus funciones de prevención y seguridad.

Los agentes de policía no pueden, como ningún otro funcionario público, incidir sobre la esfera de libertades de los ciudadanos “cuándo y cómo les dé la gana”. ¡Faltaría más!

La cuestión, como bien intuye el autor, es aclarar si un escrache representa, o no, una situación en la que una determinada actividad (no cualquiera, evidentemente) de los poderes públicos, titulares del monopolio del uso de la violencia legítima, está legitimada.
En mi opinión, si se está produciendo un trato degradante por parte de un grupo de personas contra otra persona, por mucho que tenga lugar con ocasión del ejercicio de un derecho de reunión y/o manifestación, la intervención (proporcionada y eficiente) de la fuerza pública no sólo es legítima, sino obligada, so pena de incurrir en la omisión del debido socorro a la víctima.
Porque, dice el Sr. Kaffe:
“…en puridad, el escrache no pone en peligro a nadie, no supone una amenaza, ni se impide circular libremente a persona alguna…”

Pero, sea lo que sea lo que el autor entiende por “en puridad” lo cierto es que, como él mismo ha afirmado anteriormente, se trata de:

plantarse delante de la casa de un diputado de los del montón y
a la que asome la jeta, gritar a los cuatro vientos:
“Ese de ahí, es el culpable de que mis hijos duerman en la calle”.
Es algo incómodo, desagradable para el que lo sufre.
Por supuesto, esa es la idea.

O sea, de acosar a alguien…“desde que asome la jeta” (o de conseguir que no se atreva siquiera a asomarla)

Finalmente, el autor parece dar un cierto giro argumental aplicando, sin decirlo, el concepto de acoso, no a la actividad en sí (actividad que, refiriéndose a algún tipo de manual redactado al parecer por la PAH, considera “inmaculada”) sino que, abandonando la tesis de la falta de antijuridicidad del escrache, opta por eliminar la culpabilidad en base al estado de necesidad de
“tanta gente desesperada, enfadada y sin nada que perder”

Esto es harina de otro costal, ciertamente.
Se puede comprender que gente “desesperada, enfadada y sin nada que perder” cometa barbaridades, llegado el caso. Lo cierto es, sin embargo, que lo que más a menudo vemos que ocurre en la calle deja un aroma más a evento demagógico, que revolucionario.

Una cosa es la acción directa a la que pudiera entregarse la gente desesperada, enfadada y sin nada que perder y otra muy distinta es la actividad de grupos y organizaciones que asumen la representación de esa gente desesperada.
No pienso, ni por un momento, que la acción genérica de estos agentes sociales pueda reputarse ilegítima. No lo es, no lo será nunca, salvo que la acción concreta, con independencia de las intenciones de sus autores, lo sea.
La actividad organizada de los grupos sociales es imprescindible para el planteamiento de demandas presentes en el cuerpo social que seguirían soterradas por los siglos de los siglos si no se pusiera en marcha algún tipo de organización. Pero convendremos en que las causas de justificación, de eliminación de la culpabilidad de tipo personal, subjetivo, no pueden ser extendidas a las actividades llevadas a cabo por las organizaciones.
Las organizaciones carecen de personalidad física y psíquica. Un sindicato puede organizar la lucha por unas condiciones dignas de trabajo, por ejemplo, pero los gestores del mismo no tienen por qué ser víctimas de esas condiciones indignas que denuncian.
La exculpación derivada del estado de necesidad no puede alcanzar a la persona jurídica organizada ni, en principio, a sus líderes. La actividad de los organizadores, por tanto, siempre es consciente y voluntaria. Siempre es dolosa. Para bien, o para mal.

Para el autor, entonces, una vez asentada la idea de que los escraches son manifestaciones político-sociales amparadas, por tanto, por los derechos fundamentales a la Libertad de Expresión (Art. 20.1-a C.E.) y de Reunión y Manifestación (Ar. 21 C.E.) la cuestión problemática, si la hubiere desde este punto de vista, se traslada a los posibles excesos en que se pudiera incurrir por alguno de los participantes. Algo que tampoco merece para el Sr. Kaffe un reproche demasiado severo.
No se trata de destacar la inmoralidad y la ilegalidad de los escraches, en las que no cree, sino que las posibles acciones palmariamente violentas que pudieran producirse son rechazables tanto en cuanto que puedan representar la “excusa” que las fuerzas del orden estuvieran “deseando” encontrar para reprimir el escrache. Es la vieja teoría de los “agentes provocadores infiltrados” que se ha utilizado tantísimas veces.

En definitiva, que según el autor, el escrache en cuanto tal es perfectamente legítimo…
“en su pura e inmaculada teoría”
y ha sido diseñado con un…
“exquisito respeto de las formas”
por lo que se trata de evitar que…
“…medie una frase un poco fuerte, la promesa de unas hostias de las no consagradas, o haya el más mínimo empujón”…

¡Menos mal!
No puedo adivinar lo que el Sr. Kaffe entiende por “frase un poco fuerte” pero “la promesa de unas hostias de las no consagradas” es una amenaza como la copa de un pino, por lo menos de las recogidas en el Art. 171 del Código Penal (o falta del Art. 620) y realizada, por cierto, si no en el domicilio de la víctima, sí muy cerca, circunstancia que el legislador (y el sentido común) considera agravante.
En cuanto a lo de “el más mínimo empujón”… Pues eso. ¿Qué cabe decir?… Que es y será una agresión, un maltrato de obra que, si es tan mínimo como lo pinta el Sr. Kaffe, constituirá, por lo menos, una falta del Art. 617.2 del Código Penal.

Menos mal que, para el autor,

“…no es lo mismo mantener una cierta distancia y que sea un individuo aislado el que cometa la agresión, que rodear al objetivo, impedirle escapar y que en ese contexto sea en el que se produzca la agresión o la intimidación”.

Desde luego que no lo es.
Pero distinguir entre lo malo y lo peor no convierte en bueno a lo que solamente es “menos malo”.

En cualquier caso, lo que me parece más llamativo es que el autor del artículo, el Sr. Kaffe, quien se presenta a sí mismo como “profesional de la justicia”, añada a los anteriores argumentos el de que…

“todo eso son sutilezas propias de la fase de prueba en un juicio”.

Vamos… menudencias, formalismos, detalles.

Lo importante, al parecer, no es el daño ilegítimamente producido desde un principio con la acción de escrache. Ni siquiera los eventuales daños inferidos con ocasión del mismo, no. Lo preocupante para el Sr. Kaffe es que:

“…sirven para justificar la actuación policial. Es decir, a la mínima desviación del modélico protocolo de la PAH, la policía puede tener el pretexto perfecto para intervenir…”

Como diría Mafalda… ¡Sonamos!

En conclusión.

Es verdad que nos dan miedo las malas personas, los facinerosos que por el mundo pululan. Y es verdad que hay más de los que quisiéramos y que, esto es lo peor, son más poderosos de lo que convendría. Todo lo que hagamos por protegernos de ellos, desde la prevención a la represión del crimen y desde la educación de los jóvenes a la movilización popular contra los dañinos “de guante blanco”, sean financieros, políticos o ambas cosas a la vez, estará muy bien y no ofrece demasiadas dudas.

A mi juicio, lo terrible, lo más deletéreo, es la maldad de los buenos.
Los buenos, los que actúan con la mejor de las intenciones, pueden llegar a sentir (ha ocurrido varias veces en la historia con catastróficas consecuencias) que la realización material de sus benéficas pretensiones justifica, incluso exige, una determinada dosis de sacrificios (ajenos, naturalmente).
Además, por si fuera poco, estas acciones no osan ser criticadas por el resto de las buenas gentes pues, si así lo hicieran, estarían “dando bazas al enemigo” comportándose como perfectos “tontos útiles”.

Así, la bondad puede llevarnos a los buenos a hacer cosas que, si las hicieran los malos, serían maldades. Pero como las hacemos nosotros, los buenos, son… son… ¿Qué diablos son, Sr. Kaffe?

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