LA ACCIÓN POPULAR EN RIESGO

El ejercicio de la Acción Popular se encuentra regulado a partir del Art. 100 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la veterana Ley de Enjuiciamiento Criminal si bien, como ocurre con tantas otras cosas, un constante mantenimiento (la última revisión es de Febrero de 2013) le ha permitido llegar a nuestros días con un relativo buen funcionamiento. En todo caso, podremos estar de acuerdo en que la clave para resolver los actuales problemas de la Justicia en España no se encuentra entre sus respetables principios. Más viejos son otros muchos del derecho romano y otro gallo nos cantaría si no nos hubiera dado por superarlos.
Concretamente, el Art. 101 proclama que “la acción penal es pública. Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la Ley”.
Esta rotunda afirmación no es novedosa en nuestro derecho, ya la Constitución de 1812 (¡nada menos!) reconocía la acción popular para la persecución de delitos cometidos por los Jueces y Magistrados y la LECrim. la introduce desde un principio con carácter general como acción pública.
Asimismo, el ejercicio de la Acción Popular se configura como un derecho constitucional en el Art.125 de la Constitución, al decir que “los ciudadanos podrán ejercer la acción popular”.
Mediante la acción popular se puede sostener una pretensión penal, incluso en contra del criterio del Ministerio Fiscal sin necesidad de ser víctima o perjudicado por el delito y supone un acicate y un elemento de control importantísimo sobre la actuación o, mejor aún, sobre la no actuación del Ministerio Fiscal que, no lo olvidemos, no deja de mantener una relación jerárquica con el Poder Ejecutivo.
Es importante recordar la sabia prevención de aquellos legisladores reunidos en Cádiz. El objetivo de la acción popular es el poder. Es una apelación a la ciudadanía para cuando fallen los mecanismos institucionales de restablecimiento del orden jurídico, o para aquellos casos en los que el poder público tenga poderosos incentivos (políticos, personales o sociales, etc.) para no intervenir con todo su celo en defensa del Estado de Derecho.
Otra cosa será que, a veces, los motivos que animen a los acusadores populares, no sean excesivamente altruistas. Por ello los jueces exigen fianzas y otras garantías, pero estas cautelas razonables no empañan el principio general.
¿No lo empañan? Hay quien no opina de este modo. Así el borrador para un nuevo Código Procesal Penal comienza con estas rimbombantes palabras: “Tan obvia resulta la obsolescencia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 que el clamor unánime en favor de su sustitución por un nuevo texto legal haría vana una detallada exposición de los argumentos justificativos de la decisión de emprender la reforma” y tan obvia, tan obvia, le debe resultar que, en efecto, poca molestia se toma el redactor, sea quien sea, en explicarse. De lo que no se olvida en absoluto, no es de modernizar lo social o tecnológicamente obsoleto, sino de retorcer el redactado de la Ley hasta llevar a su cotarro institucional lo que estaba precisamente diseñado para quedar fuera de su control. Aún más, para controlarle a él.
Observemos este sutil proceder leyendo el redactado textual del Art. 89 del borrador que, como se ocurre últimamente con tantas cosas, con muy poca vergüenza, manifiesta en su título estrictamente lo contrario de lo que contiene. Así, el Art. 89, titulado “carácter Público•” dice: “La acción penal es pública y se atribuye al Ministerio Fiscal”… ¡Con un par!
Además, el redactor explica en su Exposición de Motivos que se autoriza a cualquier ciudadano a ejercer la acción popular “para la persecución y enjuiciamiento de los delitos en relación con los cuales se entiende justificada la asunción de la función pública de acusar por quien, no siendo ofendido ni perjudicado, solicita la condena y que son los cometidos por funcionarios públicos, delitos de corrupción en el sector público, delitos contra intereses difusos y electorales” Es decir, que si este borrador llegase a ser Ley, se estaría derogando bonitamente el propio Art. 125 de la Constitución Española que configura la Acción Popular como una acción general, sin mayor limitación.
Y añade, sin enrojecer, que con ello “se mantiene la institución constitucionalmente prevista, si bien se redefine legalmente para evitar abusos”.
Sería interesante que el redactor explicase (aunque tal vez lo obvio de la cuestión se lo impida, también en este caso) cuáles son esa clase de abusos a los que pone preventivo remedio redefiniendo (es decir, limitando por su cuenta) un derecho constitucional.
¿Y bien? ¿Cómo quedaría la cuestión?
Vayamos, pues, al Capítulo V (La Acción Popular, Arts. 69 al 73) para verlo:

Señala el artículo 70 (requisitos subjetivos) que “pueden ejercer la acción popular todos los españoles con plena capacidad de obrar, siempre que no estén comprendidos en el apartado segundo de este artículo”, apartado en el que se nos cuelan (letra “d”) “los partidos políticos, los sindicatos, ni cualquiera otra persona jurídica pública o privada, a excepción (de la excepción) de las constituidas para la defensa de las víctimas del terrorismo”.
Asombroso e inexplicado privilegio. Debe ser algo “obvio” también. Y no por su legitimación, más que evidente, sino por la exclusión de todas las demás organizaciones de eso que llamaríamos “Sociedad Civil” y que, al parecer, tanto molesta al redactor del borrador (funcionario fiscal sin ninguna duda) que no desea ver pasearse por “sus juzgados” a partidos, sindicatos y demás organizaciones… ¿Acaso cabe imaginarse peor chusma?
Muy al contrario, creo que en esta sociedad en la que poderes fácticos e institucionales han alcanzado un grado tal de compenetración que uno no sabe si paga sus impuestos a las empresas o si recibe servicios de una ONG o si el propio Estado es aconfesional o ha sido objeto, asimismo, de una “redefinición para evitar abusos”, el hecho de asumir la costosa defensa procesal por la obtención en muchísimos casos de una “justicia efectiva” (tal y como proclama el, todavía no “redefinido”, Art. 24 de la Constitución Española) es algo que supera con creces las posibilidades de las personas físicas (por lo menos de las pobres) y que bien podría representar uno de los principales cometidos de las organizaciones sindicales, políticas, consumeristas, ecologistas, etc. mal que le pese al innovador redactor de la propuesta.
Todo esto podría parecerle a alguien una cuestión menor. Yo no lo creo así. En la defensa de las libertades todas las batallas son importantes y todas, todas las batallas que se dejan de plantear, se contabilizan por derrotas.

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