ACCIÓN Y REACCIÓN


Recordemos por un momento la tercera ley de Newton, o Ley de Acción y Reacción. Esta Ley viene a decir: “Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria”.

No vamos a suponer que en el ámbito de las relaciones humanas, de los movimientos sociales, esa formulada equivalencia, esa igualdad de fuerzas, se produzca. Mucho menos, que se produzca en unas determinadas coordenadas de tiempo y lugar. Sería demasiado mecanicista, poco realista, en suma. Pero el caso es que, a cada acción, de alguna manera, le debería corresponder una reacción del cuerpo social. Una reacción, si no igual, como ocurre en la formulación newtoniana, sí, por lo menos, razonablemente proporcional. Si no es así… ¡malo! Dicho de otro modo, “si lo que debe ocurrir no ocurre… ¡es que algo ocurre!”

De esta manera, si ante fenómenos de menor importancia observamos una reacción desmesurada, fanática, nos preocupamos con razón pues ello está indicando que alguna patología afecta al cuerpo social, generalmente el miedo irracional; el prejuicio (por ejemplo, racista) etc. La historia de la humanidad está llena de víctimas inocentes de la superstición fanática contra hipotéticas brujas, contra herejes, en fin, contra disidentes de toda condición y cuyo martirio ha solido ser aplaudido enfervorizadamente por el pueblo.

Por el contrario, si ante fenómenos de palmaria injusticia, de abuso, de daño al común, la reacción de las gentes es mínima, lábil, escapista, pasiva… ¿qué habremos de pensar?

Un buen amigo, abogado bilbaíno, por más señas, me comentaba hace unos días uno de los casos, muchísimos,  de suicidios relacionados con desahucios. Recordemos, me decía, que el pasado 17 de septiembre una mujer se suicidó tras recibir la notificación de que iba a ser desahuciada por una deuda de 900€. Que el 1 de agosto, murió el hombre que se disparó cuando iban a desahuciarle en A Coruña. Que, el 14 de mayo, otro hombre se suicidó en Murcia, también cuando iba a ser desahuciado. El 6 de mayo, un hombre de 40 años fue encontrado ahorcado por la comitiva judicial. El 3 de abril, otro de 56 años apareció ahorcado en la calle diez días después de ser desahuciado en Alicante. El 20 de marzo, un parado que había sido desahuciado en Teruel. El día 10 fue hospitalizado un hombre desahuciado en Jaca tras intentar suicidarse. El 6, otro hombre de 50 años, se suicida en Bilbao cuando iba a ser desahuciado por impago de alquiler. El 16 de febrero, un hombre de 68 años se suicida en Calviá al perder su casa por una deuda. El 13, la comisión judicial que se disponía a hacer efectivo el desahucio de una vivienda en el barrio de Los Ángeles (Alicante) encontró al propietario, un hombre de 55 años, ahorcado en el interior. El 12 de febrero, un matrimonio de jubilados, el marido de 68 años y su esposa de 67, se suicida después de recibir el aviso de desahucio de su domicilio por impago, también en el municipio mallorquín de Calvià… “¿Sigo? … hay muchos casos más”, me decía mi amigo.

De entre todos estos casos, le llamaba la atención, por lo siniestro y contradictorio, el más reciente, el de Amparo.

En efecto, Amparo no había sido desahuciada por un banco usurero, como hubiéramos podido imaginar, no. Lo más “dickensiano” del asunto es que Amparo había sido desahuciada, nada menos, que por la Empresa Municipal de Vivienda (EMV) de Madrid.

Amparo vivía con su marido, tres hijos menores y dos nietos que estaban a su cargo en un piso de la calle Sonseca, en Carabanchel. Tenía, además, otros tres hijos. La deuda de Amparo ascendía a 900 miserables euros. La EMV, por su parte, es una empresa municipal que desarrolla la política de vivienda del Ayuntamiento de Madrid, es decir, que depende de la Administración y su supuesto objetivo (político) es el de “facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos con mayores dificultades”… ¡”Fíjate, me decía, precisamente para los más pobres”!

El problema, según han explicado fuentes no desmentidas es que, en cuanto se acumula cierta deuda (poca cosa, al parecer) la empresa no quiere coger ya el dinero de la gente. Aunque quieran pagar o renegociar la deuda, se les dice que la situación no tiene arreglo y que se procederá al desahucio…  “La EMV sólo busca que todo se privatice”, sostienen.

 

¿Y, bien?… se preguntaba mi amigo con cierto “retintín” sobre mis consideraciones científicas… ¿Cuál fue la “reacción” correspondiente a tamaña “acción”?

Pues que a las seis de la tarde se convocó una concentración frente a la sede de la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid, en la calle Palos de la Frontera, número 13, donde cuatro gatos (por lo menos cuatro gatos indignados, que ya es algo) corearon las consabidas frases y protestas de rigor.

¿”Qué le ocurre a la sociedad española, bramaba mi buen colega, cuando es incapaz de reaccionar mínimamente ante lo que está ocurriendo”?

Yo no pude menos que darle la razón aunque no comparta, por motivos legales y por algún que otro escrúpulo moral, todo hay que decirlo, sus conclusiones pero, como se las escuché, las cuento.

Decía que la única reacción mínimamente proporcional, newtoniana en los términos planteados,  hubiera sido la de entrar en ese edificio  de la calle Palos de la Frontera, número 13, concretamente en la sede de la empresa municipal y una vez desalojada, pues no es cosa de producir el menor daño a personas inocentes  (y todas lo son, individualmente consideradas, excepto lo que la justicia pueda establecer después de un proceso con garantías)  derramar por encima de archivos, mobiliario, ordenadores y demás instrumental destinado originariamente para el bien (“facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos con mayores dificultades“) y corrompidamente dedicado al mal, la gasolina que fuese necesaria para, acto seguido, prenderle fuego.

“Así… como la Bastilla”… proclamaba enfebrecido mi amigo.

¿”Serviría de algo”?... Preguntaba yo, con cierta inocencia.

“Serviría para ir a la cárcel, desde luego, pero… ¿desahuciaría esta entidad pública a otra pobre Amparo con tanta frialdad en un futuro”?

No supe qué contestar.

 

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