¡QUÉ POCO LIBERALES SON NUESTROS NEOLIBERALES!

En fechas recientes ha saltado a los medios uno de estos “globos-sonda” con los que el Gobierno testa la posible reacción de la ciudadanía ante propuestas políticas más o menos futuribles. Se trata, atendiendo a lo que he podido leer en la prensa, de que se estaría elaborando un Proyecto de “Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Alquiler” que, como viene siendo práctica habitual, se orientaría estrictamente a lo contrario de lo que proclama, de forma que, en aras de la “flexibilización y el fomento” (bellas palabras) se pretende modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para dejar al margen de su aplicación “la cesión temporal de uso de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato” que se comercialice o promocione en “canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa”
En definitiva, lo que se camufla bajo tanta palabrería no es otra cosa que la pretensión de crear una apariencia de prohibición respecto de una actividad hasta ahora libérrima para cualquier ciudadano español, la de alquilar una vivienda de su propiedad por temporadas.
Digo “crear una apariencia de prohibición” y no “prohibir” porque supongo que, quien sea que haya redactado el tal Proyecto, es consciente de que la posibilidad de alquilar una vivienda por parte de un particular no nace del marco jurídico de la Ley de Arrendamientos Urbanos, sino de mucho más arriba, si nos referimos a la jerarquía de normas y de muchísimo antes, si hablamos de tiempo.
En efecto, la Ley de Arrendamientos Urbanos plantea una clara diferenciación entre los arrendamientos de vivienda, que son aquéllos dedicados a satisfacer la necesidad de hábitat permanente del arrendatario y arrendamientos para usos distintos al de vivienda (categoría que engloba los arrendamientos de segunda residencia, los de temporada y los tradicionales de local de negocio) manteniéndose el carácter protector de la regulación de los de vivienda, por razones de interés social, al tiempo que se opta en relación con los destinados a otros usos por una regulación basada en el libre acuerdo de las partes. En realidad, podríamos decir, la presencia de estos arrendamientos de “no vivienda” ya era más bien marginal en la vigente regulación.
Así, lo que dice el Art. 4. Apartado 3 de la LAU es que “sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los arrendamientos para uso distinto del de vivienda se rigen por la voluntad de las partes, en su defecto, por lo dispuesto en el Título III de la presente ley y supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil”. El tal Apartado 1señala que “los arrendamientos regulados en la presente ley se someterán de forma imperativa a lo dispuesto en los Títulos I, IV y V de la misma y a lo dispuesto en los apartados siguientes de este artículo”. Por cierto, que yo siempre hubiera creído que lo que se regula en una ley cualquiera somete a todo el propio contenido de la misma pero, en fin. Más allá de la psicodélica técnica legislativa, lo que quiere decir en “Román paladino” es que todos los arrendamientos (los de vivienda y los otros) se sujetan a la regulación de los Títulos I, IV y V y que el resto de la norma se refiere solamente a los de vivienda.
¿Y qué dicen estos Títulos que sí afectan a todos los arrendamientos, es decir, también a los de temporada? Pues, esquemáticamente, el Título I hace referencia, obviamente, al ámbito de la propia Ley; el IV a la fianza y a la formalización del arrendamiento y el V a los pleitos por causa de los arrendamientos. Es decir, casi nada de nada. En efecto, el grueso de la normativa sustancial de la LAU se encuentra en su Título II, del que estos arrendamientos de temporada ya estaban excluidos.
En efecto, el apartado específico que la LAU dedica a los arrendamientos distintos a los de vivienda es el Título III, apartado que básicamente hace referencia a los locales de negocio donde, como es de suponer, se establecen entre arrendador y arrendatario relaciones jurídicas y económicas de mayor complejidad que en el caso que nos ocupa del simple arrendamiento turístico.
Como resulta notorio y evidente, el arrendamiento de bienes inmuebles es tan antiguo como la humanidad civilizada y desde luego, fue detalladamente estudiado por los juristas romanos (“locatio conductio rei”) autores de definiciones clásicas que han llegado incluso a nuestro Código Civil (Libro IV, Título VI: “Del contrato de arrendamiento”) cuyo artículo 1543 dice, con ejemplar sencillez : “En el arrendamiento de cosas, una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto”, estableciéndose, acto seguido y con idéntica claridad, el régimen de mutuas obligaciones y derechos de arrendador y arrendatario (Arts. 1554 y1555 para quien tenga curiosidad).
¿Cómo pueden, quienes sean los portavoces de este Gobierno, decir que el arrendamiento turístico de inmuebles por parte de particulares es “alegal”? Podrá decirse, si así se considera, que la regulación legal del arrendamiento de vivienda de temporada gusta más o gusta menos. Pero no que no existe… y reclamar al mismo tiempo su exclusión del ámbito de la Ley.
Debemos tener presente que, en un Estado de Derecho, los ciudadanos gozan de un régimen de libertad individual. Para los ciudadanos, todo lo que las leyes no prohíben está permitido y es, por tanto, legal como la copa de un pino. ¿Cabe otra interpretación de nuestra Constitución?
Cosa distinta es que los empresarios del sector hostelero, perjudicados en estos momentos de crisis económica, traten de defender sus intereses (respetables, pero particulares al fin y al cabo, no confundirlos con el Interés General) y sostengan que, en efecto, estos alquileres turísticos privados son (sic) “alegales, porque no se ajustan ni en exigencias de calidad ni de servicios a las que sí están sometidas los hoteles, campings, casas rurales o apartamentos reglados”.
Pero esto es otra cuestión bien distinta. Nadie puede ofrecer, mediante engaño, aquello que no va a dar después. El inmueble cuyo propietario pretenda alquilar anunciará unas determinadas características de habitabilidad, confort o servicios que el inquilino, evidentemente, valora como satisfactorias y en consecuencia, procede al arrendamiento. Si se produce un fraude, no parece que nos encontremos ante una situación “alegal”, como se afirma, sino ante un hecho plenamente “ilegal”, bien sea como Publicidad Engañosa o, en último extremo, como un delito de Estafa, previsto en el Art. 248.1 del vigente Código Penal que dice: “Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno”.
Por otro lado, las “exigencias de calidad o de servicios a las que sí están sometidas los hoteles, campings, casas rurales o apartamentos reglados” serán, en todo caso, objeto de una regulación sectorial del mercado hostelero. Podrán parecer razonables o excesivas a cada cual. Desconozco el grado de exigencia ni si se trata de normas elementales de orden público (higiénico-sanitarias, por ejemplo) o de normas referidas a la clasificación comercial por categorías, etc. En el primero de los casos, entiendo que esas elementales normas de orden público, por su propia naturaleza deben extenderse a la totalidad de los casos, sean empresas o particulares. En cuanto a todo lo demás, la pertenencia a un mercado organizado es una decisión libre del empresario y quien no se integre no podrá, so pena de incurrir en publicidad engañosa, exhibir una determinada categoría hostelera. Nada más.
Por poner un ejemplo, fuera del control de un Consejo Regulador de una Denominación de Origen vitivinícola, no se podrá vender vino etiquetado con esa denominación controlada, pero podrá venderse el vino… ¡faltaría más!
Algo parecido podríamos decir de multitud de mercados en los que confluyen operadores económicos profesionales junto con particulares, personas o entidades privadas que, en un momento dado, deciden ejercer su derecho a obtener un lucro legítimo mediante la disposición de sus bienes o la oferta de sus servicios. Solamente la protección de valores superiores de orden público puede exigir requisitos adicionales a quien pretenda ofrecer sus productos o servicios. Es, por ejemplo, el caso evidente de la medicina o de algunos otros servicios, cada vez menos, cuyo ejercicio está limitado a quien posea determinada titulación como garantía de una razonable praxis profesional.
¿Cabe, por ejemplo, en la cabeza de alguien, que un particular no pudiera vender un inmueble de su propiedad por que se considerara “intrusismo” en el mercado de las empresas inmobiliarias, severamente castigadas por la crisis?… ¿Cabe imaginar que se prohibiera la venta particular del vehículo propio a causa de las quejas del sector de los concesionarios de automóviles? … ¿Qué puertas se le intentan poner al campo?… ¿Acaso no tenemos a la vista el fenómeno de Internet en cuyo mercado virtual las personas compran y venden de todo y donde empresas y particulares compiten en beneficio del consumidor, lo que, por cierto, sí que representa una genuina manifestación del Interés General? (Arts. 38 y 51 de la Constitución Española)

Pero es que, además, el Gobierno desliza una velada acusación generalizada de “Competencia Desleal”, lo cual resulta verdaderamente grave.
El Gobierno, más que cualquiera de nosotros, sabe que “Competencia Desleal” es solamente aquello que pueda encajar entre las conductas tipificadas como tales en la ley (pues en España tenemos, por tener, hasta una ley específica sobre el asunto) la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
Naturalmente, como es de imaginar, dado que se trata de un texto legal relativamente moderno, resulta farragoso y dificilísimo de entender pero, en términos generales consideraremos competencia desleal, por engañosa, cualquier conducta que contenga información falsa o que, aun siendo veraz, induzca a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida en la existencia o la naturaleza del bien o servicio o sus características principales. O sea, en resumidas cuentas, nuestra vieja conocida: la Estafa.
¿Puede presumirse con tanta ligereza que los españoles que alquilan una vivienda de su propiedad por temporadas incurren en semejantes “deslealtades”?… ¿Es ésa la opinión de un Gobierno que se proclama liberal respecto de sus propios ciudadanos?

Queda, por último, un soterrado reproche que merece nuestra atención. Se trata del reproche fiscal.
Es de suponer que los empresarios hosteleros pagan religiosamente sus impuestos, no lo pondremos en duda, pero… ¿Se supone, por el contrario, que los particulares arrendadores de viviendas de temporada no lo hacen?… Si la respuesta es afirmativa, el problema, nuevamente, es bien distinto al que originaba la polémica. Es un problema de naturaleza fiscal, de eficacia recaudadora, de inspección y exacción de impuestos y en definitiva, un problema de economía sumergida que debe ser aflorada. Pero la solución no puede pasar por tachar una conducta legal de alegal, para así convertirla en algo plenamente ilegal. Es quebrar demasiado el Estado de Derecho y la sagrada libertad del individuo para producir pocos o nulos efectos positivos desde el prisma del Interés General. Es injusto y es ineficaz. Es, por tanto, una plena estupidez.

5 respuestas a ¡QUÉ POCO LIBERALES SON NUESTROS NEOLIBERALES!

  1. Mises&Hayek dice:

    Una sola consideración al respecto. El gobierno del PP de Mariano Rajoy no es un partido liberal, ni de ideología liberal. Subir impuestos, aumentar o continuar con el despilfarro de los déficits y por consiguiente con el aumento de la deuda, no son comportamientos pertenecientes a la ideología liberal, que aboga justamente por todo lo contrario. Esta Ley es otro claro ejemplo de que no es un partido liberal, simplemente porque en España no existen partidos liberales. Alguna corriente minoritaria podría haber en ese partido pero ya se encargó el propio Rajoy de finiquitarla en el congreso de Valencia del año 2008. En España no hay más que partidos socialdemócratas, socialconservadores o socialcristianos y cada vez más simples neocomunistas. Así que la próxima vez que quiera denostar al liberalismo, infórmese de que és el liberalismo, cual son sus intelectuales más influyentes, cuales son sus fundamentos teóricos y filosóficos, porque lo único que hacen ustedes los socialdemócratas de todos los partidos es precisamente denostar el liberalismo y anatematizarlo, culpabilizándolo de la actual crisis cuando ésta es precisamente fruto del mainstream socialista que invade a toda Europa, sobre todo a España, y así nos va.

  2. Mises&Hayek dice:

    De nada.

  3. Neli dice:

    Hola Rafa,

    me alegro que hayas puesto negro sobre blanco todo ese montón de mitos y falacias (principalmente de corte nacionalista) que tenemos que ir desmontando poco a poco y que hayas sacado a la luz la cantidad de enredos y soluciones de compromiso y de medias tintas(que ofrecen y tratan de vender aquellos que se pierden intentando “complacer” a todos).

    Una vez hecho este ejecicio (brillantemente por tu parte), hay que volver a enfocar el problema donde verdaderamente reside:

    Enfoque de “Federalismo” vuelve a partir de un punto de vista territorial y es ahi donde está el error básico de planteamiento. Parte del concepto de “competencia” entre regiones, y clasifica a los ciudadanos en pertenecientes a regiones ricas y pertenecientes a regiones pobres.

    El plateamiento Nacionalista y Federalista es erróneo desde ese punto.
    El plateamiento Socialista no es territorial. Parte de Ciudadanos. Y de Trabajadores. Y el tornero y el administrativo y el policía o el médico catalán, debe tener iguales derechos y obligaciones que el riojano o el de Oviedo. O si vamos más allá, el de Lisboa o el de Avilés o el de Pau.

    Que lo que defendemos es una lucha de clases. Lucha contra los corruptos, sean de fuera o de dentro. Lucha contra los especuladotres. Lucha contra los privilegios. Lucha por la igualdad de oportunidades. es ahí donde tenemos que poner el foco y donde están los problemas. Todo esto no tiene fronteras. Ni diferencias regionales!.

    Cuando logremos que cale esta idea habremos ganado. Tambien las elecciones.

    Un fuerte abrazo.

    • Gracias Neli,

      Tal vez quepa un federalismo razonable. Allá donde se encuentren las dos tensiones. Por un lado ¿porqué no? a la gente le gusta una cierta política identitaria… Le emociona oír su himno, ver su bandera flamear, sus cantos regionales, el chorizo de su pueblo, sus concretos paisajes, su clima y su equipo de fútbol. A mí, ni pizca, pero puedo entender que haya gente más romántica. Por otra parte, necesitamos un estado que, a la vez, sea poderoso (para llevar a cabo las políticas -transformadoras- que deseamos) y que, por otro lado, sea controlable y eficiente. ¿Dónde es más eficiente cada una de las políticas públicas?… ¿Qué parte de ellas correspondería a cada uno de los diferentes niveles institucionales?
      En estas cosas deberíamos pensar a la hora de organizar el Estado… Por lo menos las personas que no somos nacionalistas de nada, de ninguna nación.

      En fin.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: