UN DEBATE ORDENADO

Desde hace un tiempo la sociedad española manifiesta la necesidad de un debate político amplio, de magnitud prácticamente constitucional. Buena parte de las instituciones nacidas en la transición están necesitando una “parada en boxes” de la que algunas podrían salir renovadas, otras puestas a punto y otras, en fin, camino del desguace.

Hoy, afortunadamente, no nos condicionan “ruidos de sables” ni amenazas terroristas. Nada, salvo el “bienestar de la República”, es sagrado. España no tiene un hipotético “destino en lo universal” que obligue a los propios españoles por encima de sus deseos. A pesar de la frecuente tentación de los constituyentes de labrar en piedra histórica y jurídica inmutable e imperecedera sus opiniones, cada generación de ciudadanos tiene el perfecto derecho de revisar la constitución que ordena su convivencia. No puede ser que lo que fue posible para los españoles de 1978 no lo sea para los del siglo XXI.

Pero, para que puedan ofrecerse alternativas, el debate no puede ser caótico, sino ordenado y ese orden del debate (la agenda) sólo puede plantearse desde el poder. Si no lo hace un poder reformista, más tarde y con mayores costes, lo hace un poder revolucionario.

El Pueblo, el electorado, puede sancionar una propuesta, pero su elaboración corresponde, sin duda, a unas élites políticas (como digo, democráticas o populistas) conscientes de su función.

Por ejemplo, podríamos partir de considerar que la democracia se compone de cuatro movimientos básicos: representación, mandato, ejecución y control. Son cuatro buenos asuntos sobre los que hablar.

En cuanto a la representación… ¿Hasta qué punto nos parece satisfactoria la articulación entre “el Pueblo” y la, mal llamada, “clase política”?… Aquí se pone de manifiesto todo lo relativo a la legislación y prácticas electorales; la comunicación política; el sistema de partidos; la estructura de los parlamentos; la irrupción de otro tipo de actores políticos, etc.

Hay algo que no podemos pasar por alto: la estructura territorial en la que se manifiesta el poder. ¿Produce una suficiente representación o no?… ¿Qué clase de Estado queremos?

Ahora bien, una vez elegidos los representantes, es necesario que las aspiraciones populares lleguen efectivamente a orientar la acción de los poderes públicos (mandato).Estamos hablando de las relaciones entre el Poder Representativo y el Poder Ejecutivo (desde el Gobierno Central hasta los más pequeños ayuntamientos). ¿Puede el poder representativo inferir mandatos al sistema institucional de manera eficaz o se distorsionan por la interferencia de otro tipo de agentes no representativos?

Pero, aún desde la perspectiva de quien ocupe el Gobierno, todavía queda un largo camino (y no precisamente de rosas) para la materialización efectiva de una agenda política. Entramos en el proceloso mundo de la Administración, de la aplicación de medios de todas clases para llevar a cabo las políticas públicas (ejecución). ¿Quién debe hacer las cosas?… ¿Cómo hacerlas?… ¿Cómo financiarlas?… ¿Como cuánto de privado y cuánto de público en la gestión?

Acaso sea en este “cómo hacer las cosas”, más que en relación a “qué cosas hacer”, donde se encuentre la verdadera trinchera política hoy en día.

Por último (“last, but no least”), una vez que el Gobierno ha producido unas determinadas políticas públicas, tendremos que comprobar que se han llevado a cabo con “pleno sometimiento a la ley y al derecho” (Art. 103.1 de la Constitución) y que, además, se han hecho las cosas que queríamos que se hicieran y se han producido los efectos sociales que queríamos producir sin incurrir en el derroche de los recursos (eficiencia pública).

Que todo este proceso, desde la inspiración política inicial hasta la realidad constatable de los servicios públicos, es adecuadamente conocido (transparencia) y metódicamente evaluado desde todos los puntos de vista anteriormente expuestos (“accountability”… rendición de cuentas de legalidad y de eficiencia) y que, finalmente, las posibles desviaciones entre nuestros deseos, los deseos del soberano y la realidad de los servicios públicos son sancionadas (responsabilidad política, administrativa, civil, contable, penal…) y remediadas (realimentación de la agenda de gestion).

En definitiva que discutir, lo que se dice discutir, podemos discutir de todo y de cualquier manera, a golpe de catástrofe cotidiana, de demagogia aprovechada o de agravios imaginarios pero, si queremos hacerlo de una manera que pueda producir realmente cambios políticos significativos que adecúen nuestro sistema institucional a nuestras aspiraciones políticas, lo primero que deberíamos hacer es ordenar el debate.

Pensar de una manera racional y estructurada, no llevados por la histeria, las manías o el mero sectarismo.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: