DOWNTOWN ABBEY

Esta exitosa serie de televisión narra las peripecias de la familia Crawley cuando el futuro heredero de la mansión que da nombre a la serie, Downtown Abbey, muere ahogado en el desastre del Titanic y su posición hereditaria viene a recaer en un joven primo lejano y plebeyo dado que los condes no tienen hijos varones sino solamente tres hijas que, debido a su género femenino, no pueden heredar.

Al margen de la trama argumental de la serie, la anécdota atrae el interés sobre las circunstancias del derecho sucesorio.

Es curioso como en estos tiempos de legislación motorizada, abundante y redundante sobre tantísimos extremos, peor escrita, sistematizada y codificada que nunca pero inspirada por el benéfico impulso de “dar respuesta” a perentorias necesidades detectadas por una pléyade de observatorios, clusters, redes y demás entelequias promotoras de los más variados intereses que pululan alrededor del presupuesto nadie, que yo sepa, se haya planteado la reforma de una legislación que, de una u otra manera, a todos nos ha de afectar más de una vez. Una como causantes y otra, por lo menos, como causahabientes y que, en el caso del derecho sucesorio español, es uno de los más antiguos.

Veamos, por ejemplo, la cuestión de las legítimas. La Legítima es la porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por esto herederos forzosos según dispone el Art. 807del Código Civil.

Es lógico que para el caso de que una persona muera sin haber hecho testamento, el legislador efectúe una presunción respecto de lo que el fallecido hubiera hecho con sus bienes y ofrezca una solución sencilla y automática para la adjudicación de los mismos.

En caso de que no exista testamento, el orden de sucesión comenzaría por los hijos y descendientes; en segundo lugar, los padres y ascendientes; en tercero, el cónyuge, luego vendrían los hermanos e hijos de hermanos, tras de ellos, el resto de parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y por último, a falta de otros posibles herederos, el Estado, que somos todos.

Hasta aquí, nada especialmente llamativo. La cuestión comienza a complicarse en el momento en el que una persona, plenamente capaz, decide el destino que quiere dar a su patrimonio tras su muerte y hace testamento. Aquí es donde la libertad individual resulta significativamente coartada por el derecho sin que, por lo menos yo, termine de entender la causa.

En efecto, a los hijos y demás descendientes, les corresponde a partes iguales un primer tercio del caudal hereditario, que recibe el nombre de legítima estricta. Estos herederos tienen también derecho a otro tercio, el de mejora, que no tiene porqué ser repartido a partes iguales y a falta de descendientes, serán los padres y demás ascendientes quienes disfruten de ese tercio de legítima estricta si hubiere cónyuge viudo, o de la mitad, si el fallecido no estuviere casado. El cónyuge viudo, por su parte, recibirá su legítima en usufructo y será menor o mayor, según con quién concurra a la herencia.

Por si fuera poco galimatías, en España coexisten junto al Derecho Común, los derechos sucesorios forales que se aplican en Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra, parte de Vizcaya y Álava.

En cada uno de estos casos podemos rastrear las razones sociológicas, políticas y culturales, la “ratio legis”, que inspiró cada regulación. Podemos encontrar, por ejemplo, la protección de la “gens” romana, de la unidad familiar multigeneracional y patriarcal que abarcaba desde sus propios espíritus hasta distintos grados de consanguinidad, afinidad y servidumbre. Podemos entrever la defensa de la unidad de la explotación agrícola frente al riesgo de dispersión minifundista, aún a pesar de la evidente crueldad que implica la exclusión de los hijos segundones o de las mujeres, etc. En general, todas las regulaciones sucesorias vigentes reflejan una sociedad distinta y anticuada en relación a la que vivimos al

día de hoy. No creo que sirva para la sociedad individualista, liberal, postindustrial, urbana, cibernética y globalizada una regulación nacida para la sociedad agraria de hace siglos.

A un principio de libertad absoluta podrían oponerse, desde luego, variadas prevenciones referidas a la especial protección de los menores o dependientes a cargo del testador, personas cuyas razonables expectativas vitales, piénsese, por ejemplo, en los jóvenes estudiantes, no deberían verse truncadas por una disposición caprichosa. Pero estas cautelas, que pueden ser perfectamente recogidas en la regulación sucesoria, no creo que tengan capacidad de enervar el principio sagrado de Libertad que ha de inspirar, a tenor de lo proclamado en el Art.1, apartado 1, de nuestra Constitución, todo el ordenamiento jurídico, incluido el sucesorio.

Vivimos más años y lo hacemos con una mucho mayor capacidad de decidir sobre nuestros propios asuntos. Es de suponer que los afectos naturales respecto de nuestros familiares más próximos orienten de forma automática las disposiciones testamentarias hacia esos seres queridos. De ser así, esta regulación aplastantemente tuitiva estaría de sobra. Y para el caso contrario, para el caso en el que una persona, satisfechas en vida todas las obligaciones que la razón impone, fundamentalmente con respecto a sus descendientes, quisiera hacer con lo que es suyo lo que buenamente le pluguiere… ¿Que motivos tiene el

Estado para imponer el destino que ha de dar a las dos terceras partes de su patrimonio?… ¿Cuál es el bien jurídico que se pretende proteger mediante la anacrónica institución de las legítimas?

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