TRANSPARENCIA, LEGALIDAD Y MOTIVACIÓN

Una de las exigencias mas comunes sobre la actividad de los poderes públicos consiste en que su actuación sea “transparente”. Los órganos de control externo dependientes de los distintos parlamentos debemos velar por ello y utilizar nuestras facultades de fiscalización para conseguirlo.
La transparencia es un requisito del control y el control es un requisito de la democracia. Pero, además de ser una necesidad política, resulta que la transparencia es imprescindible para la buena marcha del sistema económico del mercado. Cuando decimos que una administración cualquiera debe actuar con transparencia nos referimos a la posibilidad de poder poner de manifiesto lo que queda normalmente oculto en los procesos administrativos y, aún así, tampoco es necesario que todo sea accesible. Conviene desconfiar casi tanto del secretismo como del exhibicionismo demagógico. Con cierta frecuencia los responsables públicos sucumben a la tentación de ofrecer sobreinformación farragosa e irrelevante o, lo que es aún peor, mera publicidad cuando se trata de informar. Proclamar que todo lo que se hace con el dinero público debe estar a disposición del escrutinio de los ciudadanos es declarar un gran principio, pero decir muy poco al respecto. ¿Cuál es la información relevante que debe ser suministrada a cada instancia de control del poder?… ¿Cómo ha de servirse dicha información?… ¿Con qué grado de elaboración?… ¿De qué sirve a un agobiado parlamentario de la oposición un inmenso listado de asientos contables sobre la ejecución presupuestaria del gobierno?… ¿De qué sirve emitir en los medios de comunicación de masas anuncios de autobombo como los que con tanta frecuencia contemplamos?

Por regla general todo el ámbito de la acción pública debe ser transparente, es decir, accesible. Sin embargo, dentro de la fase que podríamos denominar “determinación estratégica” hay algunos aspectos que, excepcionalmente, resulta mas valioso mantener en secreto en la medida en que ello permita a las personas intervinientes la expresión libre de sus verdaderas opiniones, amparándolas ante posibles presiones de los interesados en el asunto.

Pero señalado el campo concretísimo de la excepción, lo que no debe ocurrir es que algo tan importante como las razones por las que los poderes públicos actúan, lo que explica que unos recursos públicos siempre escasos vayan a parar a este o a aquel destino queden las más de las veces en el nebuloso mundo de unas decisiones políticas que, como mucho, se proclaman “legales”.

¿Basta entonces con que, en el mejor de los casos, una actuación administrativa sea legal para que la consideremos correcta? Por cierto… ¿Qué es lo “legal”? El concepto de lo legal se extiende desde lo “no expresamente prohibido” hasta lo “expresamente ordenado”, lo que deja entre ambos hitos un ámbito excesivamente amplio como para ser cubierto con la sola justificación de una supuesta voluntad política.

Si hablamos de la Administración, el concepto de legalidad debe ser mucho mas radical de lo que habitualmente se supone. En efecto, los ciudadanos y entidades privadas operamos bajo un principio de libertad: todo aquello que no está prohibido está permitido. En nuestra esfera privada no debemos explicaciones a nadie, siempre y cuando cumplamos con nuestras obligaciones (lo ordenado) y no causemos daño a terceros (lo prohibido).

Para la Administración la cosa no es así. El sector público no puede conformarse con no hacer nada prohibido ¡Faltaría más! Si no que, como proclama el artículo 103 de la Constitución de 1978, actúa “con pleno sometimiento a la ley y al derecho” lo que en resumidas cuentas hace referencia a que la Administración Pública, para hacer algo, deberá además ser competente, seguir unos determinados procedimientos, disponer de la necesaria habilitación presupuestaria, etc.

Como vemos, pues, se trata de un comportamiento mucho mas estricto que lo que puede exigirse de un ciudadano particular. Es lógico tratándose nada menos que del poderoso aparato administrativo. Llama la atención, sin embargo, la frecuencia con la que muchos responsables políticos y comentaristas hablan del sector público como si se tratara de una empresa cualquiera señalando, por ejemplo, que se halla… ”sujeta a las leyes del mercado…” Si, a las del mercado… ¡y a otras muchas!
Pero… Démosle una vuelta mas de tuerca al asunto.

¿Puede la administración, aún dentro de “lo legal”, hacer, sin mas, lo que quiera? ¿O debe justificar por qué quiere lo que quiere y por qué hace lo que hace?

Cuando el citado artículo 103 de la Constitución señala que la Administración sirve “con objetividad los intereses generales” está remitiendo a un concepto ideal que se ha de procurar escogiendo entre los muchos intereses particulares (todos lo son, en principio) aquéllos merecedores de la especial protección de los poderes públicos. No basta con que algo sea producto de la Administración para que se considere automáticamente “Bien Común”. Lo que haga el sector público satisfará los intereses generales cuando previamente haya existido un proceso de determinación estratégica racional, políticamente libre, construído dentro de los límites del derecho y enfocado hacia el logro de los grandes principios del ordenamiento jurídico: la libertad, la igualdad, el pluralismo, la equidad, la búsqueda del bienestar colectivo, etc.

Si los razonamientos político-administrativos no existen o se orientan hacia la satisfacción de intereses espurios la motivación de la acción pública será reprochable (desviación de poder… prevaricación…) y para que pueda ser reprochada tendrá que haber sido de antemano controlada lo que implica que, a su vez, deberá ser accesible, es decir, transparente.

Por tanto, la cuestión de la transparencia de la motivación de la acción del sector público no es una cuestión menor como podría parecer. No basta con la escueta legalidad. La motivación es, además de un requisito lógico, un elemento imprescindible para el control público (político, parlamentario, jurisdiccional y social) del poder.

Desgraciadamente, la motivación suele ser unas veces rutinaria y litúrgica (se actúa de una determinada manera por inercia administrativa y se señala una razón tan fosilizada y obsoleta como la propia rutina) o por el contrario, pura propaganda afectada por todos los desenfoques de la realidad propios del género publicitario.

Quienes de una u otra manera intervenimos en la tarea del control del sector público (funcionarios, políticos, periodistas, analistas, profesores, etc.) debemos, pues, perder todo escrúpulo a la hora de preguntar ¿Por qué? y exigir que ese porqué exista y pueda ponerse de manifiesto oficialmente, es decir sea real, verdadero y coherente.

A los órganos de Control Externo no nos corresponderá, bien es cierto, dar otros pasos. Criticar los motivos es competencia del sistema parlamentario no de los órganos de control y fiscalización, pero a lo que si estaremos obligados es a procurar que se pongan a disposición de los miembros del Parlamento y de la ciudadanía de manera clara y detallada las razones por las que el Sector Público hace lo que hace, además de saber si se han hecho las cosas con respeto a la ley y de un modo razonablemente eficiente. Tampoco sería mala cosa que a partir de ahí políticos y medios de comunicación, en vez de encogerse de hombros con resignación o limitarse a esperar su turno para ocupar el poder, sometieran al moderno y despótico Leviathan a la pregunta clave… Y ésto… ¿Por qué?

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