TOLERANCIA PARA LA POLÍTICA

Para que el sistema democrático sea posible hemos de partir de la aceptación de un principio de tolerancia, de una cierta relativización de las cosas. Aún cuando cada uno de nosotros tenga una idea respecto del orden idóneo del mundo, admitimos que no existe un criterio perfecto, anterior al acuerdo político, al que éste se deba orientar.
Puede haber otros modelos (el teocrático, el tradicional, etc.) pero en nada contribuyen al funcionamiento de una sociedad democrática incluso aunque fuesen mayoritarios. No conviene confundir lo democrático con lo mayoritario.

Que la elaboración del orden político sea cometido de la propia sociedad sin que filósofos, científicos, historiadores o sacerdotes puedan imponer sus pareceres implica la nada fácil tarea de establecer mecanismos que reconduzcan a la unidad normativa los diversos valores, intereses o conceptos sobre lo que las cosas son y sobre lo que deberían ser.

Nada es “lo que es” de un modo cierto y definitivo por naturaleza, somos nosotros quienes catalogamos nuestras percepciones conforme a distintas categorías conceptuales. En el mundo de las ciencias naturales el acuerdo semántico es más fácil, es sencillo admitir un concepto unívoco de masa, de velocidad, de intensidad eléctrica, etc. pero en la medida en que pasamos de lo material a lo social la incertidumbre se apodera de nosotros.

Siempre habrá un discurso dominante que ponga nombre a las cosas y catalogue los fenómenos desde el punto de vista jurídico, político, ético, estético, etc. pero, aún admitiendo el hecho de que, por muy dominante que sea, no tiene la capacidad taumatúrgica de modificar la naturaleza de las cosas… ¿Quién es uno para suponer que su percepción particular es más acertada que la general?… Nadie.

Ahora bien, entre una posición soberbia (todos están equivocados menos yo), un solipsismo cínico (nada es verdad ni es mentira), pasota (todo da igual) o un sometimiento mecánico a los portavoces del poder legitimador de turno caben algunas posiciones críticas.

Debemos precavernos, por ejemplo, frente al “atractivo de la positividad jurídica”. En efecto, durante el debate político, las cosas son objeto de una discusión abierta sobre sus ventajas o inconvenientes. Finalmente el sistema produce una norma, es decir, una definición de la realidad escogida entre las varias posibles y una respuesta jurídica determinada. A partir de ese momento los juicios éticos, económicos o prácticos que justificaban la posición suelen desaparecer. Tenemos la armadura del vigor de la ley aunque, tal vez dentro de ella cabalgue un caballero inexistente. La norma se convierte en la motivación de la norma.

Pero la legalidad no deja de ser sino otra convención, lo que no quiere decir que no tenga importancia, que la tiene, pero no toda norma jurídico-positiva vigente es, por serlo, valiosa, buena y legítima, ni su publicación cierra todos los debates posibles ni cabe imaginar normas jurídicas eternas. La evolución de las circunstancias puede hacernos considerar que la situación requiere un cambio. La política siempre será un conflicto entre la realidad existente y un orden jurídico que, como obra humana, nunca podrá satisfacer a todos. En principio, pues, nada hay de inmoral o inicuo en pretender su modificación, desde la Constitución hasta el mas mínimo Reglamento. No debe escandalizarnos que la agenda pública se llene precisamente de propuestas que, en el momento de hacerse, están “fuera de la ley”… es lo lógico.

Otro fenómeno, muy relacionado con el descrito, es el de la “magia mayoritaria”. En efecto, cada mayoría aprovecha su dominio sobre el aparato político para tratar de definir categorías sociales, históricas, culturales, etc., revistiéndolas de la fuerza legitimadora del derecho positivo.

¿Hasta qué punto pueden las mayorías utilizar el poder para imponer sus particulares percepciones del mundo?… ¿La definición “legal” de una realidad debe ser, tan sólo, la versión mínima universalmente exigible o puede, por el contrario, entronizar una determinada visión de la misma?

Salvo en los momentos de euforia política (procesos constituyentes o revolucionarios) las normas jurídicas evitan declararse “creadoras” de realidades nuevas, pero anheladas, sino que suelen limitarse al “reconocimiento” de algún tipo de realidad que se presume preexistente y necesitada de un suficiente acomodo en el mundo del derecho. Una vez obtenido éste, ya se encargarán sus promotores de consolidarla (no por su gusto, claro está, sino en cumplimiento fiel de la norma positiva).

La defensa frente a las paranoias mayoritarias no puede partir del desprecio de la democracia sino de la consideración de unos inatacables derechos de las minorías (y de los individuos) y de la aplicación de unos principios generales que inspiren todo el ordenamiento y a los que deban sujetarse los concretos desarrollos normativos, es decir, de la aplicación de un principio liberal de tolerancia.

En relación a las actividades privadas el principio es el conocido de la máxima libertad individual compatible con la libertad de los demás. Se trata, pues, de sacrificar las visiones particulares sobre cómo han de ser determinados hechos o comportamientos de manera que el ordenamiento jurídico dé cabida al máximo posible de formas de ver la vida, siempre y cuando no causen daños efectivos a terceros. Es importante destacar esta necesidad de la efectividad del daño. Cada individuo debe ser respetado en sus derechos, pero no en sus susceptibilidades ideológicas. Dicho de otro modo, los pruritos particulares (religiosos, por ejemplo) no pueden ser razón para limitar la libertad de los demás. El concepto de pecado no puede absorber el concepto de delito ni los deberes morales según la ética de cada cual pueden llegar, sin más, a constituir verdaderas obligaciones jurídicas.

En cuanto a la esfera de lo público (de contornos no siempre sencillos de delimitar) el principio será el pluralismo político. Renunciar a una sociedad cuyos componentes simbólicos satisfagan nuestras mas íntimas convicciones para intentar que sea lo mas inclusiva posible y dedicar nuestra energía política a cuestiones que, además de ser esencialmente públicas, sean sustantivas, materiales, transaccionables, es decir, contantes y sonantes.

Ahora bien ¿Quién está dispuesto a renunciar por tolerancia, y empatía al vistoso proyecto de que todo el edificio político encaje como un guante en su particular visión religiosa, étnica, lingüística, cultural, social, etc.?

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