PODERES EFECTIVAMENTE SEPARADOS

La separación de poderes suscita un extraordinario consenso como principio filosófico pero en la práctica se manifiesta de modo menos radical. Así, por ejemplo, el Poder Ejecutivo ejerce funciones que, como la reglamentaria, son en puridad de carácter legislativo. Leyes importantísimas son elaboradas mediante Decretos Legislativos del Gobierno y refrendados litúrgicamente por el Congreso cuando nada impediría que ese trabajo se llevara a cabo, por ejemplo, a través de Comisiones de Codificación parlamentarias. El Poder Judicial, por su parte, incorpora a su tarea jurisdiccional otras de tipo administrativo de naturaleza ejecutiva, etc.

Como proclamaba la Constitución norteamericana del Estado de New Hampshire (redactada bajo el influjo del federalista Alexander Hamilton en 1788): “Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial deben mantenerse tan separados e independientes unos de otros como lo permita la naturaleza de un gobierno libre, o en cuanto sea compatible con las relaciones que atan a todo el edificio constitucional con un lazo indisoluble de unidad y concordia”.

Vemos, pues, que los distintos poderes del Estado ejecutan unas funciones de modo principal y otras de manera auxiliar. Hay separación, si, pero hay también pertenencia a un mismo Estado Político.

Concretamente, la función de impartir justicia tiene un componente básicamente espiritual (dirimir conflictos, sancionar conductas y reestablecer el orden jurídico) pero como servicio público es atendido en España por más de 4.400 jueces en sus diversas categorías, asistidos de una pléyade de funcionarios dependientes de Ministerio de Justicia.

Es evidente que el deslinde entre los poderes que comparten la gestión del aparato judicial no es fácil. Se trataría, entre otras cosas, de definir con claridad los papeles que corresponden a instancias cuyos contornos no están suficientemente definidos como el Consejo General del Poder Judicial (órgano de gobierno de los jueces) y el Ministerio de Justicia que forma parte, como es obvio, del Gobierno.

Tampoco estaría de más aclarar el papel que haya de corresponder al Ministerio Fiscal (poco comprensible figura de semi-juez y semi-parte) y a la Abogacía del Estado que a pesar de su nombre es, salvo en los conflictos internacionales, una abogacía de la Administración Central, es decir, del Gobierno. Una abogacía que no es utilizada por los poderes locales ni autonómicos (que, al fin y al cabo, no dejan de ser “Estado”) y que sin embargo aparece en determinados pleitos, fundamentalmente de cariz político, como si se tratase de una parte más… ¿El Estado contra el Estado?

Vaya por delante la advertencia de que no se trata de argumentar a partir de la legalidad positiva (ya sabemos que las cosas son de este modo porque así lo dice la ley) sino de preguntarnos… ¿Y si la legislación vigente no ha acertado con la mejor solución o está siendo superada por la evolución social?

Por ejemplo ¿Qué sentido práctico o político puede tener hoy en día que la dotación de los medios humanos y materiales precisos para el desempeño de la función jurisdiccional permanezca en manos del poder ejecutivo? ¿Acaso no consideramos a los jueces lo suficientemente capacitados como para determinar, presupuestar y gestionar (autogestionar) sus necesidades? ¿Por qué se mantiene semejante tutela de un Poder del Estado sobre otro que, además, se predica “independiente”? ¿No sería más independiente si gestionara sus propios recursos?

La memoria que anualmente remite el Consejo General del Poder Judicial a las Cortes Generales incluye la relación de sus necesidades en materia de personal, instalaciones y demás. Desde ese momento el Parlamento está enterado de lo que los jueces precisan para el desarrollo de su función ¿Qué problema puede existir entonces para que el Proyecto de Presupuestos Generales incorpore simplemente una partida de dotación genérica al Consejo General del Poder Judicial para su gestión anual? ¿Qué ventajas aporta la tutela heterónima del ejecutivo (Ministerio de Justicia, incluso Comunidades Autónomas) sobre la gestión de la Justicia?… “Pluralitas non est ponenda sine necesitate”.

El Ministerio Fiscal es otra de esas instituciones difíciles de entender para el ciudadano común, lo que lejos de provocar una cierta satisfacción gremial debería interrogarnos sobre su coherencia.

El Ministerio Fiscal, en su configuración actual, es un órgano “integrado dentro del Poder Judicial”. El legislador podía haber dicho “perteneciente” o “propio” pero tal vez era consciente de lo pantanoso de su definición o incluso, siguiendo la reconocida predilección de los redactores de textos legales por la oscuridad y el equívoco, deseaba difuminar sus contornos. “Integrado” parece sugerir la idea de que hablamos de algo externo por su naturaleza que se inserta en el Poder Judicial sin llegar del todo a serlo…Una especie de prótesis.

Es un órgano, dice la ley, que actúa “con autonomía” en el desempeño de sus funciones. Ahora bien… ¿Autonomía con respecto a quien? ¿Autonomía respecto del Poder Judicial dentro del cual se “integra”?… ¡Pues vaya integración! ¿Autonomía respecto a otros Poderes del Estado? Esto no dejaría de ser un contrasentido pues al integrarse “dentro” del Poder Judicial queda ya encuadrado en el seno de un poder independiente del ejecutivo y como todos sabemos, no hay mayor autonomía que la independencia. ¿Qué implica, entonces, esta proclamada “Autonomía”?… ¿Es un puro adorno o tiene, como parece, un contenido esencialmente corporativo?

Finalmente, si el Ministerio Fiscal es (y lo es) una institución jerarquizada… ¿Dónde queda su autonomía cuando la cúspide de dicha organización (el Fiscal General del Estado) es designado por el Gobierno cuyas directrices debe aplicar e imponer (jerárquicamente) al resto de fiscales?

Por otra parte, la inmensa mayoría de las funciones del Ministerio Fiscal (descritas en la Ley de forma farragosa y redundante) podrían resumirse en una sola:

Intervenir en los diferentes procesos jurisdiccionales velando por la defensa del interés general (sea el interés público o el de personas especialmente vulnerables).

Siendo esto así ¿Qué inconveniente habría en residenciar el Ministerio Fiscal en el seno del propio Ministerio de Justicia que, como Gobierno, tiene la misión de servir los intereses generales (art. 103 CE) y promover la Igualdad y la Libertad efectiva de los individuos y grupos (art. 92 CE)?… ¿Estamos suponiendo, acaso, que el Gobierno no va a perseguir con el suficiente ahínco el interés general ante los Tribunales de Justicia?

El sentido común exige la Separación de Poderes y la Independencia del Poder Judicial pero algo no encaja en esa semi-autonomía, semi-integración, semi-jerarquía del Ministerio Fiscal. Si su proclamada autonomía resulta, como parece ser, impracticable o inconveniente ¿No sería mas razonable, aunque ello supusiera enfrentar enormes resistencias corporativas, definir al Ministerio Fiscal como el instrumento del Gobierno para la promoción de la Acción Pública en vez de arrostrar las críticas, tal vez interesadas pero demoledoras, que ponen de manifiesto la incoherencia entre el discurso legal y la praxis política?

Las señaladas son dos modificaciones, a mi juicio necesarias, que no completan ni mucho menos el escenario de posibles y deseables mejoras. Este artículo no tiene ánimo exhaustivo ni dogmático alguno, todo lo contrario. Ahora bien, lo que si quisiera es llamar la atención sobre el nefasto comportamiento político que ponen de manifiesto. Es la resistencia a la reforma de organismos, procesos, normas o acuerdos por mucho que la realidad demuestre su ineficacia cuando no su carácter contraproducente. Da la impresión de que cualquier reforma sustancial de algo cuya legitimidad se asiente en la taumatúrgica Constitución de 1978 debe permanecer intocable so riesgo de abrir una terrorífica “caja de Pandora” institucional. En un debate político tan polarizado como el español cualquier pretensión reformadora equivale a una claudicación, una cobardía, una “bajada de pantalones”, con perdón.

Por no enfrentar lo evidente (la existencia de errores iniciales o sobrevenidos) vamos atornillando nuestras posiciones mientras se abre un abismo entre lo oficialmente admitido como correcto (a ciencia y conciencia de que no lo es) y la realidad. Actuamos con arreglo al conocido modelo de la ruina del jugador, aumentando nuestra apuesta precisamente cuando aparecen las pérdidas esperando que el transcurso del tiempo traiga el olvido o un golpe de suerte que solucione el problema, algo que nunca sucede.

La demagogia más hipócrita nutre las críticas de la oposición en el convencimiento de que el Gobierno siempre rehuirá ante cualquier brete una salida que implique el reconocimiento de un error y pueda ofrecer, por tanto, una imagen de fracaso o debilidad. Por su parte, la defensa de las posiciones políticas y jurídicas gubernamentales se torna por su parte hueca, descreída y ritual. Nos parapetamos tras la fácil explicación de que ésto o aquéllo es “lo que dice la ley”… Pero la ley es el canon del gobierno (que no debe saltársela) y de los jueces (que deben aplicarla) pero no de los partidos políticos ni de los parlamentarios. El canon del poder legislativo no es la ley sino el razonamiento.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: