NOTAS SOBRE POLÍTICA ANTITERRORISTA

El conflicto y la violencia son consustanciales a la vida política. Ahora bien, no todo conflicto es violento y no toda violencia, es terrorismo. El terrorismo es un tipo de violencia mucho mas fácil de condenar (de hecho todo el mundo lo hace) que de definir.

Una de las características principales de este fenómeno es la falta de motivación interpersonal directa entre el agresor y su víctima. El terrorista escoge a su víctima (si es que lo hace) por razones operativas (facilidad, provecho o propaganda, etc.) o funcionales (ser militar, político, etc.). Lo que elimina del concepto tanto el crimen palaciego (político pero interpersonal) como las matanzas interétnicas o interreligiosas.

El terrorista, llevando a su extremo la dialéctica “amigo-enemigo” schmittiana, actúa sin sentimiento personal ni rencor alguno. ¡Se trata de una cuestión política! Lo que nos lleva a una de las expresiones más estúpidas y más frecuentes. El hecho de que exista una criminalidad con finalidad “política” no otorga a ésta una “legitimación política” ni convierte al terrorista que purga su condena en “preso político”.

Otra característica es su intencionalidad indirecta (“No te causo un daño a tí para tí, sino para otros”). El terrorista busca condicionar la acción del poder político mediante el uso del miedo y la víctima, si sobrevive, queda inmunizada frente al terror. En realidad, el terrorista tiene tres tipos de víctimas. De un lado, evidentemente, su víctima directa. De otra parte, el gobernante responsable de la libertad y la seguridad conculcadas y por fin, la opinión pública que, atemorizada o harta de presionar al gobernante con tal de librarse de la amenaza ante la que éste debe rendir cuentas.

Resulta, asimismo, falsa la distinción entre medidas “policiales” y medidas “políticas” cuando se habla de la lucha contra el terrorismo. Se trata de una utilización performativa del lenguaje para construir categorías basadas en la pura alquimia semántica ¿Acaso las decisiones legislativas y los actos del gobierno que dirige a la policía no son acciones absolutamente políticas?

El terrorismo tampoco es cosa de fanáticos. Utiliza fanáticos, que no es lo mismo. El terrorismo, como actividad política, es esencialmente racional. El suicida que se inmola para llevarse por delante unos cuantos viandantes o el adolescente que comienza a quemar contenedores y cajeros automáticos es un perfecto idiota al servicio de los verdaderos terroristas. La mano ejecutora solo es mano (de obra) no cerebro. El terrorismo actual siempre es fruto de una organización jerarquizada y estratégica.

Otra prevención tiene que ver con nuestra tendencia a personificar los fenómenos sociales. Esto nos ocurre con el concepto de “terrorismo internacional”. Que el terrorismo sea un fenómeno criminal capaz de producirse en y desde cualquier parte del mundo es algo evidente. Concluir a partir de ello que “todos los terroristas son iguales” o incluso, que existe “un terrorismo internacional organizado” es un inmenso error. Todo terrorismo es igualmente condenable pero ello no quiere decir que sus causas, procedimientos, objetivos ni los posibles abordajes jurídicos, sociológicos, políticos, al mismo puedan ser iguales.

Por tanto, si el terrorismo resulta tan difícil de definir, la política antiterrorista también lo ha de ser, forzosamente. Y si la política es difícil de definir, no es posible que sea tan sencilla de juzgar como podría suponerse al escuchar los dicterios que desde la derecha española se vienen haciendo al gobierno en torno a esta cuestión.

En efecto, frente al hecho terrorista, el gobernante adoptará, necesariamente, alguna variante entre dos estrategias básicas como son el “palo” (represión) y la “zanahoria” (motivación).

¿Cuándo podemos decir, entonces, que una política antiterrorista es buena?… Cuando produce los efectos buscados, en este caso la desaparición de toda amenaza. ¿De cualquier modo?… No, añadiríamos,… sólo cuando lo hace de un modo legal, económico, eficiente, equitativo y ético. Pero… ¿Qué ética?… El político, como dejó escrito Max Weber, no debe guiarse por la ética de sus convicciones. Las convicciones íntimas sobre lo digno y lo inmoral pueden y deben presidir nuestra vida particular. El gobernante debe someterse además (y si llega el conflicto, por encima) a una ética que valore las consecuencias de sus actos, los medios y los fines puestos en juego: la “ética de la responsabilidad”.

El gobierno desplegará su estrategia sobre tres sectores básicos: los militantes criminales, los dirigentes o inspiradores políticos de aquéllos y la propia opinión publica. Cada uno de estos sectores básicos podrá estar, a su vez, mas o menos fragmentado. Así, por ejemplo, dentro de la Opinión Pública podríamos distinguir: ciudadanía (electorado); medios de comunicación; agentes cualificados generadores de opinión (empresarios, intelectuales…); instituciones sociales (universidad, iglesia, entidades públicas, ongs…), etc. Cada uno de estos grupos tendrá sus matices, su sensibilidad y su manera de reaccionar, por lo que requerirá una actuación política, adaptada y oportuna.

Un caso especial de segmentación se produce entre las víctimas y el resto de los ciudadanos. Los actos terroristas hacen nacer la demanda de que el poder político “haga algo” (luego discutiremos el qué) para restablecer la convivencia pacífica. Esta prioridad política será mayor o menor en función de otros problemas y de la vulnerabilidad que sintamos frente al daño amenazante. No se trata de una cuestión moral sino psicológica. Ante el terrorismo, cada ciudadano se siente más cerca o más lejos de la diana. Es lógico suponer que para las víctimas del terrorismo la vindicación de justicia (de una justicia que, además y desgraciadamente, nunca podrá ser reparadora) sea prioritaria frente al universal deseo de tranquilidad. No entender ésto no es sólo una falta de solidaridad y de empatía sino, fundamentalmente, un colosal error político.

Por cierto que, en cuanto que error “político”, no es menor el de quienes no comprenden que mas allá del reconocimiento moral del sufrimiento y de la atención a las necesidades objetivas de las víctimas, es probable que los intereses generales obliguen al gobernante a modular la satisfacción de la pretensión justiciera en favor de otras estrategias.

La cuestión es, a todas luces, muy difícil. Si algo podemos concluir es precisamente la ineficacia de cualquier estrategia simple o extrema. Dicho de otro modo, no vale el “solo palo” ni vale la “solo zanahoria”.

Tampoco podemos olvidar que la fragmentación entre las víctimas y el resto de ciudadanos no es la única. En el modelo americano el terrorismo es una amenaza difusa, externa y absolutamente inmoral frente a un pueblo americano corpóreo y unívoco que se siente plenamente legitimado para su defensa. ¿Ocurre algo así en Euskadi… ? Ni muchísimo menos.

Frente al terrorismo etarra encontramos desde la exaltación hasta el rechazo visceral pasando por la colaboración, la comprensión, la falta de condena, el aprovechamiento de la situación creada, la comunión en los fines con rechazo de los procedimientos, el miedo, la indiferencia… etc. ¿Qué parte de la población podríamos adscribir a cada actitud?… No lo se. Lo evidente es que la sociedad vasca, enferma de terrorismo desde hace muchos años, es hoy en día todo menos unívoca respecto de esta cuestión.

No olvidemos que, al contrario que el terrorismo islamista cuyos postulados ideológicos son ajenos a los de las sociedades amenazadas, aquí el terrorismo busca promover, a su modo, las posiciones de uno de los actores políticos en liza, el nacionalismo. Es fácil (sobre el papel) adoptar medidas contra el fundamentalismo subyacente al terrorismo islámico pero… ¿Se puede pretender socavar los cimientos políticos del terrorismo etarra cuando éstos coinciden con los del resto del nacionalismo vasco?

Podríamos, tal vez, sustituir el debate respecto de una bondad o maldad intrínsecas de la política antiterrorista (algo que parece abocado a la esterilidad pues siempre será prueba de la “traición” o de la “represión” según se mire) para evaluar si dicha política está “bien hecha”, calidad sobre la que si podemos encontrar algún referente normativo como, por ejemplo, el respeto de los derechos humanos, el principio de legalidad, la eficacia y la economía de medios, la búsqueda del más amplio consenso, el principio de máxima reparación para con la víctimas, etc.

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