EL PRECIO DE NACER VASCO

 

Hace unos días terminaba un artículo denunciando los sutiles (o simplemente pequeños) atentados que contra el pluralismo político, la igualdad y la libertad de los ciudadanos se cometen desde el poder y lo desapercibidos que pasan.

 

Esto ocurre, sencillamente, porque la mala práctica no necesita siquiera de declaraciones impresas en el Boletín Oficial. No es necesario. Cada funcionario es una terminal del poder, precisamente la que entra en contacto con el ciudadano, capaz de suavizar o endurecer el texto de cualquier norma. La politización sesgada del empleado público, la maraña de directrices escritas o verbales, las presiones para una actuación “políticamente correcta” (que siempre será mejor percibida por “los de arriba”) etc. dejan al receptor de los servicios públicos inerme ante abusos microscópicos pero cotidianos. “small is beautyful”…si, pero también es cierto que “small is painful”… lo pequeño puede llegar a ser muy dañino, sobre todo porque… ¿Quién se va a oponer?… ¿Quién va a “significarse” (terrible palabra) por tanta poca cosa?… ¿Quién va a enfrentarse con la todopoderosa administración cuando la sangre no llega al río…cuando parece que a nadie le importa?

 

No se trata solo de una cuestión moral sino esencial para la sociedad política. Si el poder tributario del estado nos hace a todos contribuyentes, sea cual sea el grado de sintonía  que tengamos con respecto al gobernante de turno, la gestión  injustificadamente discriminatoria del poder público hace saltar por los aires el Contrato Social.

 

Todos tenemos el mismo bagaje de derechos y deberes y todos debemos acceder en condiciones de igualdad a las mismas políticas y servicios públicos. El canon a la hora de gestionar la Administración de las cosas públicas es la ciudadanía plural. Las intenciones, por muy loables que sean, no pueden (no deberían) quebrar este principio.

 

 La acción positiva de los poderes públicos, además de encontrar su límite en los principios de legalidad, igualdad y libertad, tiene un poderoso rector teleológico, bellamente descrito en el artículo 9.2 de nuestra Constitución, cuando ordena remover los obstáculos (materiales, sociales, económicos, etc.) que impidan o dificulten que la libertad o la igualdad sean “reales y efectivas”. Eso es lo único que puede justificar tratamientos desiguales.

 

Es evidente que nadie anunciará nunca medidas políticas discriminatorias con ánimo negativo…como quien dice “por fastidiar”. Muy al contrario, este tipo de actividades van siempre precedidas de una rimbombante presentación legitimadora. Se trata siempre de medidas “positivas”, de modo que la ciudadanía entera y en especial las personas perjudicadas  estén más predispuestas a sufrir en silencio o incluso gustosamente la discriminación.

 

Años de siembra machacona de ideas como la de la “necesaria normalización” (de unas cosas u otras) han conseguido anestesiar en buena medida la sensibilidad liberal e igualitaria de la población vasca, hasta el punto de que sean tolerados comportamientos, hechos, actitudes, medidas, etc. que no deberían serlo.

 

Hemos asumido el mito de que la simple ciudadanía no resulta suficiente para la plenitud de la condición política de los vascos… que algo nos falta, que algo está aún pendiente de realizar, una indefinida tarea colectiva que acarrea exigencias, deberes y gabelas personales de distinto tipo presuntamente necesarias para la plena realización de la Euskadi ideal.

 

Los vascos realmente existentes, los censados, nacemos por tanto a la ciudadanía cargados con unas  específicas obligaciones  que los demás no tienen y que se supone vendrían a compensar algunos privilegios concomitantes (el Concierto Económico, por ejemplo) de la misma forma en que el Patrimonio Nacional impone ciertos deberes a los afortunados propietarios de determinados palacios.

 

 Ser vasco, pues, no sale gratis.  Así, se habla sin rubor, por ejemplo, de los “deberes de los ciudadanos vascos en relación al euskera” del  mismo modo en que se diseñan políticas públicas discriminatorias (y/o se ejecutan de manera discriminatoria) fundamentalmente en los campos cultural y educativo, así como en lo relativo a las políticas de personal o al inabarcable campo de las subvenciones. Discriminaciones que la gente cree que deben ser toleradas  en la medida en que, según se anuncian, están orientadas a la realización de grandes ideales políticos.

 

No debemos olvidar, por otra parte, que estas cosas duelen menos en una situación en la que, como ocurría hasta ahora en Euskadi, hemos venido atando los perros con longanizas y con unas arcas públicas repletas… Veremos que pasa ahora. 

 

27/01/2009 

 

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