CONVENIOS DEPORTIVOS

 

Tratar el tema de la financiación pública de determinados clubes (o sociedades anónimas) de fútbol requiere previamente efectuar unas precisiones, unos acercamientos por las bandas que, por seguir con la terminología futbolística, “pongan el balón sobre el punto de penalty”.

 

La primera de ellas tiene que ver con la crítica de las políticas públicas en general. En efecto, tanto los propios actores como comunicadores y demás agentes de opinión suelen utilizar como canon valorativo racional (no entremos ahora en la paranoia sectaria de cada cual) casi exclusivamente el de la legalidad. Esto plantea múltiples problemas, desde la denostada “judicialización de la política” pasando por el pernicioso “efecto banquillo” y favoreciendo el asentamiento en nuestra cultura política de un concepto erróneo de “lo legal” con el significado de “lo no prohibido”…(aquél famoso “ná penal”). Esta interpretación no es, desde luego, acorde con el “sometimiento pleno a la ley y al Derecho” que proclama el artículo 103 de nuestra Constitución.

 

Cuando hablamos de Administración, legalidad no quiere decir sólo  realización de actividades lícitas (por descontado) sino desarrollo de los Intereses Generales (expresados en su finalidad, cuantía y límites en los Presupuestos) con arreglo a las normas que regulan los procedimientos administrativos y bajo los principios de Igualdad, Transparencia, Jerarquía, Competencia, etc.

 

 

La segunda acotación hace referencia a un vicio de nuestro análisis, una “sinécdoque” consistente en evaluar toda la gestión pública a tenor de uno solo de sus elementos, el más visible, el instrumento jurídico-formal en el que se presenta, olvidando el resto de factores, tanto de legalidad como de eficiencia, que pudieran verse comprometidos.

 

Estoy refiriéndome en concreto al uso (y notable abuso) de la figura de los convenios. Por supuesto (que duda cabe) una administración pública puede perfectamente suscribir convenios con otra administración o con un particular. Pero el hecho de que tal instrumento de gestión (el convenio) sea uno de los que puede disponer no implica que su contenido material quede excluído de todo control normativo. Haciendo un símil, diríamos que la posesión del carnet de conducir habilita a una persona para ponerse al volante de un coche…pero no para saltarse la normativa de tráfico (elementos de legalidad material) ni muchísimo menos para atropellar voluntariamente a un despistado peatón que deambule por la calzada, por mucho que sea éste quien en principio esté cometiendo una infracción (elemento teleológico).

 

Así pues, si una administración cualquiera firma un convenio con un particular (un equipo de fútbol, por ejemplo) estará haciendo una de estas dos cosas:  Si el particular a cambio de lo que recibe de la administración (recursos públicos) adquiere el compromiso de efectuar una contraprestación en forma de bienes o servicios razonablemente equivalente, nos encontraremos ante un contrato, por lo que deberán satisfacerse las exigencias básicas de la normativa reguladora de los contratos públicos.

 

Si, por el contrario, dicha contraprestación sinalagmática no existe, lo que el convenio encierra será una subvención y deberá considerarse como tal y ser contemplada a la luz de su correspondiente regulación.

 

Despejadas, pues, estas cuestiones previas, vayamos al caso de los convenios mediante los cuales nuestras (y otras) administraciones públicas “financian” a determinados equipos deportivos.

 

Señalemos para comenzar que la identificación emocional, por intensa que sea y por compartida que se halle entre los gestores y una mayoría de los ciudadanos, no puede legitimar la elusión de los principios de legalidad ni de eficiencia en el manejo de los recursos públicos.

 

Para seguir, observemos que por voluntad del legislador presupuestario (en nuestro caso, las Juntas Generales de Bizkaia) el fomento del deporte…….ya forma parte de la definición del Interés General, en proyecto, cuantía y límites determinados en los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia (………..prog…)

A las convocatorias de ayudas públicas que se realicen para la ejecución de dicho programa podrán acudir de manera igual, transparente y libre las diferentes entidades.

 

¿Considera la Diputación que resulta conveniente que algún equipo de fútbol reciba, además, otra subvención específica?…Nada más sencillo: Consígnese así, paladinamente, en el proto de Presupuestos para que sean los representantes de los ciudadanos quienes pública y democráticamente lo decidan y cada uno de los electores pueda forjarse una opinión respecto del destino dado a sus impuestos.

 

Lo contrario: “sobrevolar” el debate presupuestario público para, despues, mediante procedimientos administrativos poco rigurosos, movilizar importantes recursos a favor de particulares (por mucho que se trate de tan unánimente idolatradas entidades) no resulta en modo alguno aceptable  jurídica ni éticamente. Ni siquiera desde la perspectiva política del “Buen Gobierno” ni desde la técnica de la “Buena Gestión”.  

28/02/08

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