EL PODER CONSTITUYENTE

Al calor del debate sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña se ha producido cierta polémica sobre el diferente trato dado por el Congreso de los Diputados al Plan Ibarretxe.Sin embargo, entre el proyecto de reforma del estatuto catalán y el presentado en su día por el lehendakari hay una diferencia política sustancial respecto al poder constituyente

Las reformas estatutarias suponen, en efecto, un proceso materialmente constituyente, es decir, de definición del orden jurídico-político básico. Un proceso de este tipo implica tres elementos: Un “Poder Constituyente” que actúa; la definición de unos determinados “Poderes Constituidos” y naturalmente, un “Procedimiento Constituyente” reglado(Sieyés).

Resulta chocante que el debate público atienda fundamentalmente a la última cuestion, el “procedimiento”, dejando en segundo término los objetivos y desde luego, abandonando cualquier pretensión de análisis respecto del propio “Poder Constituyente”. ¿Cómo podemos adoptar decisiones políticas sobre el futuro constitucional de Euskadi sin analizar el origen, modo y legitimación del poder que para ello se manifiesta?. ¿Quién es el soberano que ejercerá, en nuestro caso, el Poder Constituyente?

La respuesta usual a esta pregunta suele ser de carácter simbólico: “El Pueblo”… “La Nación”… Pero los sujetos espirituales no actúan si no a través de otros sujetos reales, materiales, históricos, que asumen su representación.
¿Quien representa al Pueblo Vasco en la realidad política de hoy? La única acepción de Pueblo Vasco que resulta operativa es la referida a la ciudadanía, el electorado, los poseedores de la “condición política de vasco”, en los términos del artículo 3 del propio Estatuto de Autonomía.

Ahora bien, la intervención del electorado se limita a dar, o no, su aquiescencia al proyecto que se le proponga… ¿Por quién? En principio, por el Parlamento Vasco. Ahora bien, ¿Acaso el Parlamento en pleno (75 diputados) puede diseñar “ex nihilo” un proyecto que presentar al dictamen plebiscitario ? … Pues tampoco.

El Poder Constituyente parlamentario debe, a su vez, ser analizado bajo sus dos avatares: El “Poder Proyectivo”, el poder de establecer la agenda, de definir aquello que habrá de ser sometido a debate y el “Poder Deliberativo” o poder de discutir, enmendar y, en su caso, aprobar o rechazar lo que habrá de proponerse.
El Poder Proyectivo es una atribución típica de las mayorías políticas, llegando al extremo de que en materia presupuestaria el Gobierno goza del monopolio de la iniciativa legislativa.
“Quien parte y reparte, se lleva la mejor parte”. La posición de quien ejerce la iniciativa resulta sumamente ventajosa, lo que tratándose de un trámite ordinario no tiene nada de especial. ¿Es igual cuando nos enfrentamos a un proyecto de “ley de leyes”?¿Quien se atribuye en este caso el poder iniciador? ¿Quién puede estar legitimado para poner en marcha el proceso y definir la agenda de discusión? ¿A quien corresponde escribir el anteproyecto que habrá de someterse a debate?

La Constitución Española de 1978 fue encomendada a unas Cortes elegidas en 1977 con el objetivo de ser Cortes Constituyentes. El “pueblo” (en este caso el electorado español) eligió, con plena conciencia de lo que hacía, un parlamento representativo de las distintas minorías para la confección de la futura Constitución, hasta el punto de que, aprobada ésta, las Cortes se disolvían facilitando el arranque de una vida institucional nueva, democrática y ya constitucional.

Para la redacción del Anteproyecto (funcion proyectiva) fue organizada, como todo el mundo sabe, una amplia ponencia representativa de los distintos sectores (los llamados “Padres de la Constitución”) amplia hasta el punto de que el Grupo Parlamentario Socialista cedió uno de sus representantes para que la voz del segmento político nacionalista (vasco y catalán) pudiera hacerse oír.

Finalizados los trabajos en un reconocido espíritu de consenso, el Proyecto continuó sus trámites de Comisión y Pleno, tanto en el Congreso como en el Senado (ejercicio del poder deliberativo) para su posterior aprobación plebiscitaria el 6 de diciembre de 1978.

¿Tiene esta forma de organización del “Poder Constituyente” algo que ver con lo que aquí ha ocurrido con el denominado “Plan Ibarretxe”?…Parece que no.

Al presentarse para su debate en el Parlamento Vasco este proyecto de Reforma del Estatuto se jugaba con cartas marcadas. Aún a través de mecanismos formalmente democráticos, el “poder constituyente” del Parlamento Vasco era una pura entelequia pues la oposición no tenía mas alternativa que ver sus planteamientos “democráticamente” rechazados. La “ausente presencia” de Batasuna garantizaba la victoria aritmética mínima de medio país sobre el otro medio.

El texto sometido al Parlamento Vasco no fue fruto de una ponencia plural sino de un laboratorio secreto. Un proyecto parcial, nítidamente nacionalista, sobre el que a los demás grupos no quedaba otro papel que el de oponerse y perder estoicamente votación tras votación.

En el futuro, si se estima conveniente reiniciar un proceso de reforma estatutaria, sería mas deseable abandonar cualquier posición dogmática partidista y buscar la integración, la cohesión, de ese único “Poder Constituyente” (proyectivo y deliberativo) parlamentario evitando que una definición pobremente democrática en lo sustancial (aunque se salven los mínimos requisitos formalistas) predetermine un resultado final que siempre será insatisfactorio, profundamente insatisfactorio, para la mitad de la población vasca. Que no podrá ser considerado nunca como la genuina manifestación política de “un Pueblo”.

Publicado el 30/11/2005

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