LAS CAJAS DE PANDORA

Es posible que desde el punto de vista político, es decir, en orden al incremento del bienestar de los ciudadanos vascos, sea conveniente la fusión de las tres cajas de ahorros actuales, aunque también es posible que no. Se trata, en cualquier caso, de algo que debería ser objeto de un debate en el que se pongan de manifiesto las diversas alternativas, sus ventajas e inconvenientes.

Sin embargo, en este asunto, como ocurre con tanta frecuencia en cuanto algo tiene que ver con la economía, tanto los responsables políticos como otros comentaristas (expertos, periodistas, representantes empresariales, etc.) procuran revestir sus discursos de un componente técnico que debido a su propia naturaleza empírica los excluya de toda discusión.

El empleo de este tipo de legitimación política por transferencia tecnocrática coincide con momentos de descrédito de la política y aún de la democracia misma y su culminación se alcanza cuando ni siquiera se considera necesaria la explicación más o menos detallada del argumento técnico sino que basta su simple invocación.

Esto es así, viene a decirse, “por su propia naturaleza técnica…como todo el mundo sabe”. En ese “todo el mundo sabe”, aparentemente neutral y motivado por la necesidad de no insistir en aquello que ya es obvio, se contiene un mensaje normativo. En realidad se está diciendo…”como todo el mundo debería saber” de modo que aquél que no lo “sepa”, es decir, aquél que no opine como opinamos nosotros en virtud de un razonamiento que ocultamos pero que afirmamos se basa en incuestionables principios técnicos…es un idiota o un contumaz. ¿Quién osará jugar ante el saber convencional el papel del niño que en el cuento de Andersen veía al rey desnudo?

Un servidor, aún a sabiendas de lo inútil del empeño, excepto para cimentar la opinión de que uno es un cantamañanas, quisiera hacer un par de preguntas respecto de la fusión de las cajas. La primera…¿Porqué?

Recordemos que las cajas de ahorros son en origen entidades públicas creadas por las administraciones locales con dos finalidades complementarias: canalizar el ahorro y el crédito popular en condiciones seguras y no especulativas y destinar el beneficio de su explotación a tareas de asistencia social. Dicho de otra manera, son instrumentos financieros en manos de la administración para la realización de finalidades indudablemente públicas.

No obstante, el tiempo, inexorable, pasa y van produciéndose dos fenómenos. De un lado, que el Estado de Bienestar extiende y profundiza su cobertura, universalizando buena parte de las prestaciones que antaño constituían la “Obra Social” de las cajas.

Por otra parte, podemos observar, significativamente en los últimos años, una relajación del control institucional sobre las mismas. Una vez asentada la idea de que el control público es equivalente a la politización partidista, cuando no a la corrupción, se opta por la creación de una variopinta red de comités y asambleas de diversificada composición en los que nadie tiene demasiada idea de lo que se cuece ni demasiados incentivos para investigarlo, sino todo lo contrario. Nadie responde personalmente de nada y lógicamente, los intereses que triunfan son los corporativos, si bien, ahora denominados eufemísticamente “profesionales” o “independientes”.

El caso es que el debilitamiento del control jurídico-administrativo y estratégico de las instituciones no se sustituye por una verdadera anarquía empresarial, propia de la libertad de mercado, no. El control formal se sustituye por un control igualmente partidista, pero solapado. La aristocracia de altos empleados y directivos de las cajas, cuando no proviene directamente de los partidos, pacta con ellos su supervivencia y su bienestar. En que consistan los intercambios entre directivos de las cajas y políticos es algo que desconozco.

Lo cierto es que el limbo jurídico en el que flotan estas entidades las convierte hoy en día en un poderoso y versátil instrumento en manos del poder político con el que llevar a cabo operaciones financieras de gran calado bajo una cobertura aparentemente privada, algo completamente ajeno a su misión social.

Desde este punto de vista…¿Cuál es el razonamiento técnico que avala la fusión de las tres cajas de ahorros provinciales vascas?

El tamaño es una cuestión que puede, ciertamente, resultar relevante para un banco, es decir, para una empresa financiera privada y, aún en este caso, todo dependerá de su estrategia (véase el Banco Popular).

En nuestro caso…¿Para que objetivos puede ser conveniente el incremento de la dimensión de las cajas? Y si llegáramos al convencimiento de que, en efecto, el aumento del tamaño mediante fusiones o adquisiciones es ventajoso…¿Qué razones técnicas avalan que dicha fusión deba llevarse a cabo exclusivamente entre las cajas de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa?…¿Porqué no, por ejemplo, con la de Burgos, La Rioja o Cantabria?

Desde luego, no se producen significativas economías de escala (como sí ocurrió en la fusión de las cajas municipales con las provinciales) puesto que, como se ha recordado últimamente, no hay sucursales fuera del territorio de cada una.

Tampoco hay datos que nos hagan suponer que la captación de pasivo (ahorro popular) o de crédito de una futura caja unificada vaya a ser superior al sumatorio del negocio actual por separado.

En lo tocante a la obra social, nadie se ha tomado la más mínima molestia en explicar a la ciudadanía como habría de ser la de la gran caja vasca. ¿Qué se dejaría de hacer y, en su caso, cuáles serían sus nuevos objetivos sociales a escala comunitaria?

En resumidas cuentas y a falta de otras muchas explicaciones que se supone que nos serán suministradas en los próximos meses. Lo importante es que si las cajas tienen alguna función pública que cumplir (como era en un principio)…lo que nos han de demostrar es que dicha función pública va a ser satisfecha en mejores condiciones de legalidad o eficiencia a través de esa caja unificada.

Si, por el contrario, la reflexión nos lleva a la conclusión de que las cajas no son hoy en día necesarias, es decir, que su función pública ha desaparecido merced al afortunado desarrollo de nuestro estado social de derecho…entonces las cajas deben, lisa y llanamente, ser privatizadas, vendidas al sector bancario, un sector suficientísimamente dotado en Euskadi sin necesidad de mayores aportaciones institucionales, con lo que las administraciones obtendrían sustanciosas plusvalías que poder dedicar a sus políticas públicas (preferiblemente a las sociales) y los actuales gestores de las cajas encontrarían la ocasión de competir verdaderamente en los mercados financieros que es lo que, al parecer, anhelan.

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