CAJAS Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA

Como ha puesto de manifiesto certeramente algún autor (Emilio Alfaro, El País, 31/03/08) la representación en los órganos de las Cajas de Ahorros comienza a resultar conflictiva, algo que hasta ahora quedaba diluido “en la ocupación que ha hecho el nacionalismo institucional de casi todas las organizaciones del país como si fuera algo natural” lo que implica que la “politización” no es nueva. En realidad, pasamos de una politización solapada y opaca a una politización transparente.
En todo caso, la politización de las Cajas de Ahorros, considerada en sí misma… ¿Es mala, buena o indiferente?… ¿Es lógica o antinatural?

En principio, la cuestión de la competencia para ejercer el poder en una organización es un problema sencillísimo: Manda el dueño. Si es uno solo, manda él. Si son varios (una sociedad anónima, por ejemplo) manda el designado por la asamblea de propietarios. En el ámbito privado ese “dueño” (individual o colectivo) está perfectamente identificado y en lo que respecta al sector público, también: La Ciudadanía, “el Común”.

¿Y cómo toma decisiones el Común?… Pues, en un sistema democrático como el nuestro, a través del debate de los partidos, tal y como proclama el art. 6 de la Constitución Española: “los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”. Dicho de otro modo: En lo referente al Sector Público los partidos no “contaminan” de perversa politización lo que tocan sino que son precisamente los legitimados para ejercer su representación y desde luego, para constituir sus órganos rectores.

Lo que nos conduce a la tercera parte del enigma: Las Cajas de Ahorros territoriales… ¿Son sector público?… ¿Son privado o que son?
Según la opinión de algunos (Xabier de Irala, 03/02/2007) se trata (la BBK) de “una entidad que es, de hecho, una entidad privada.”

La objeción surge de que la naturaleza de las personas jurídicas (como, por ejemplo, una Caja de Ahorros) no se establece “de hecho” sino “de derecho” y sobre esto lo único que sabemos es que la antigua “Caja de Ahorros Vizcaina” y su correspondiente “Caja de Ahorros municipal de Bilbao” (que al fusionarse hace no tantos años dieron lugar a la BBK) eran fundaciones públicas creadas por la Diputación de Vizcaya y por el Ayuntamiento de Bilbao, ambas entidades indiscutidamente públicas, digo yo.
Puede haber, desde luego, otro tipo de cajas con diferentes patronazgos, desde la Iglesia católica hasta cooperativas, pero éstas de las que hablamos, las cajas fundadas por las propias administraciones territoriales, son públicas de cabo a rabo, con independencia , claro está, de que operan en el tráfico mercantil privado, precisamente como instrumento de sus patronos.

Es por esto que, desde el primer momento de la Transición, el sistema político español fijó su atención sobre estas entidades (Real Decreto 2290/1977 sobre Regulación de los órganos gestores de las Cajas de Ahorros, interés remachado en la Ley 31/1985 y en la 44/2002, así como en una variada regulación autonómica). El objetivo declarado de esta legislación ha sido, desde un principio, la “democratización” de las cajas, es decir, una transformación que, con independencia de que haya alcanzado, o no, el éxito esperado, implica el reconocimiento de una indubitada naturaleza política. Evidentemente, la “democratización”, se entienda como se entienda, solo tiene sentido en el ámbito de lo público.

A la hora de plantear la constitución de los órganos de representación de las cajas, el legislador, siguiendo un criterio neoconservador, quiso dar entrada a una hipotética “Sociedad Civil” al margen de los partidos: “mediante la representación en la misma (asamblea) de aquellos estamentos sociales más íntimamente ligados…”. Esto, habrá que recordar, es algo que ya había sido probado en la España franquista mediante el experimento de la “Democracia Orgánica” consistente en transitar desde la defensa de los “intereses de las organizaciones” a la construcción de los intereses generales “a través” del cauce de las organizaciones, que no es lo mismo, tal y como señalaban los Principios del Movimiento Nacional (Principio VIII) que establecía “un sistema que prescinde de los cauces de las democracias liberales (los partidos políticos) y opera a través de tres pilares: la Familia, el Municipio y el Sindicato”.

De un modo profundamente equivocado, a mi juicio, el legislador postconstitucional ha deslizado un principio propio de la democracia orgánica en el modelo de representación de las cajas cuya disfuncionalidad no se ha puesto de manifiesto, como era de esperar, hasta que no se ha utilizado de forma plural (exactamente como ocurrió con las propias instituciones franquistas).

¿Qué intereses colectivos pueden representar unos impositores elegidos por sorteo? Por cierto… ¿Por qué tienen asiento los impositores (clientes de pasivo) y no, por ejemplo, los deudores hipotecarios (clientes de activo) u otros muchos representantes de sectores afectados por las decisiones que se hayan de adoptar en las cajas?… Pues bien, o no representan nada significativo, limitándose a una función de comparsa con gran satisfacción de los gestores burocráticos… (Nuevamente, como las Cortes franquistas) o bien representarán, tarde o temprano, intereses políticos, es decir, generales, lo que pondrá de manifiesto la presencia de los partidos. Partidos que, con todos sus defectos, son lo mejor (o lo menos malo) que hemos inventado para ordenar la convivencia… ¿O a alguien se le ocurre otra cosa?
05-04-08

Una respuesta a CAJAS Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA

  1. Veo que has denominado esta sección Cajas en la colina. Espero que la reacción del PNV ante el próximo lehendakari no te obligue a cambiarlo por Cajas al Monte. Y no digo monte de piedad sino monte monte.

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