CAJAS DE HERRAMIENTAS

Las empresas toman decisiones por razones que giran en torno a la idea de la creación de valor para sus accionistas. Esta creación de riqueza, este ánimo de lucro, constituye la legítima misión de las entidades mercantiles. Por otra parte, las sociedades, como personas jurídicas que son, no tienen una inteligencia ni una voluntad propia sino que necesitan del concurso de gestores que sepan interpretar en cada momento la situación de los mercados, establecer sus estrategias y adoptar las decisiones que mejor conduzcan al logro de la mencionada misión (ganar dinero).

La entrada en la escena de estos gestores acarrea inevitablemente la aparición del factor humano con todas sus potencialidades, tanto positivas (intuición, inteligencia, valor, etc.) como negativas. Se ponen, por ejemplo, de manifiesto intereses personales o corporativos, así como los sentimientos morales o políticos de los gerentes o sencillamente sus particulares manías, influencias todas ellas que no siempre coinciden con la misión de la empresa pudiendo llegar, incluso, a resultar contraproducentes.

Para enfrentar estas situaciones en las empresas privadas se han articulado remedios más o menos eficaces, como la composición cruzada de los consejos de administración en los que junto a consejeros dominicales y designados por la propia dirección aparecen los llamados “consejeros independientes” con el ánimo, no de que desaparezcan los intereses corporativos o personales, tarea imposible, sino de que al conjugarse unos y otros se neutralicen sus efectos más perniciosos. Los consejos de administración, además, responden de su gestión ante la junta de accionistas y por si todo ello fuera poco, los mercados financieros, sobre todo la bolsa, en cuanto detectan que una determinada empresa amenaza con no satisfacer su sagrada misión de ganar dinero debido a las desviadas decisiones de sus directivos, bien se encargan de castigarla severamente. En último término, si además de no ganar las decisiones de los gestores llevan a la compañía a perder dinero, la ley hará recaer sobre sus espaldas el peso de su responsabilidad personal. Es lo que tiene el capitalismo competitivo, que es muy mirado para estas cosas.

La actividad de la administración, sin embargo, no se rige (ni debería hacerlo jamás) por criterios de este tipo. La administración debe servir con objetividad los intereses generales que le defina en cada momento el sistema político con pleno sometimiento a la ley y del modo más eficiente posible.

Las cajas de ahorro, por su parte, tienen también una misión que cumplir y que orienta y preside todo su actuar, es su “Obra Social”.
La obra social de las cajas no es, como a veces da la impresión, una especie de liberalidad que tales entidades financieras tienen a gala dedicar por razones de “responsabilidad social corporativa”, no.

La obra social constituye precisamente la razón de ser de las cajas de ahorro, máxime de las cajas de ahorro territoriales fundadas por las propias administraciones públicas. La obra social es a las cajas lo que el ánimo de lucro a las empresas privadas, el canon de su racionalidad, su misión.

Siendo esto así, será forzoso interpretar que cualquier decisión que distrajere recursos de tal finalidad, por ejemplo inmovilizando capitales en forma de participaciones en carteras de control de empresas privadas, se aleja del objetivo primordial de las cajas por motivos que solo pueden fundamentarse lógicamente en los intereses personales, corporativos o políticos de los gestores.

En estas circunstancias, si se tratara de empresas privadas, sabemos como reaccionarían los mecanismos de control (Junta de accionistas, mercados, etc.) pero, si esto ocurre en las cajas… ¿quién y cómo reaccionará?

El Gobierno Vasco, por sí solo o con la cooperación de las Diputaciones Forales puede ¡faltaría más! diseñar e implementar una política industrial de corte nacionalista (el declarado “elemento clave” es el mantenimiento en Euskadi de los centros de decisión de las empresas beneficiarias) o de cualquier otro tipo. Las bondades o perjuicios de esa u otra decisión habrán de ser objeto, en su caso, de debate en otros foros, lo único que puede exigírsele de antemano es que se desarrolle con respeto a la legalidad (incluida la normativa de la Unión Europea) y que sea objetiva, eficaz y económica.

Ahora bien, embarcar a las cajas de ahorro territoriales en ello, desviar sus excedentes, inmovilizándolos, respecto de la Obra Social y construir mediante la pantalla de la oscura personalidad jurídica de las cajas una apariencia de “privacidad” que facilite la elusión de los requisitos legales de las ayudas publicas a las empresas del país, son cuestiones que requieren una inmediata discusión y una exposición pública y transparente de lo que se pretende.

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