CONSTRUYENDO LA AGENDA PROGRESISTA

Es un lugar común la idea de que el socialismo democrático no representa sino una profundización de la libertad, de los principios inspiradores de la revolución burguesa (libertad, igualdad y fraternidad) que si no van acompañados de una razonable equidad económica son papel mojado, un lujo para minorías privilegiadas, falsa libertad política bajo el yugo de la explotación o la miseria.

Superada la experiencia histórica del comunismo (socialismo sin libertad) parece que nuestros Estados de Bienestar han alcanzado su plenitud y no queda nada que decir en lo tocante a la democracia, estableciéndose el frente de batalla político en el campo de las decisiones económicas y aún en este ámbito con discrepancias muy matizadas. En economía parece reinar como en pocos terrenos el llamado “pensamiento único”. Sin embargo, unos años después de aquel “…es la economía, estúpido” nos encontramos con una cierta efervescencia de la política, incluso podríamos decir de la pasión política.

Está de una parte el auge de los movimientos “Neocon” irradiados, como tantas otras cosas, desde los EEUU, con unos discursos radicales y “sin complejos” de carácter profundamente reaccionario y antiliberal que procuran galvanizar el desasosiego de quienes ven peligrar su identidad o, sobre todo, su bienestar ante las consecuencias de la globalización económica y social: inmigración, multiculturalismo, presión sobre el empleo o sobre la seguridad en áreas urbanas, etc.

Más cercanos a lo anterior de lo que quisieran confesar perviven y medran nacionalismos cercanos en algunos casos a movimientos ecologistas radicalizados y a diversas componentes antisistema. Se trata de posicionamientos solapadamente antimodernos que reclaman una idílica Arcadia sin contaminación de ninguna especie, fundamentalmente libre de mestizaje lingüístico, étnico, económico, cultural, etc.

Por el lado de la izquierda, también podemos encontrar áreas emergentes de elaboración política. Tenemos, por ejemplo, todo el universo de los llamados “Nuevos Derechos” que incorporan a su vez nuevos principios como el de “sostenibilidad” medioambiental, social, etc.

Afrontamos, asimismo, nuevas realidades, nuevos objetos sobre los que operar. El impresionante desarrollo tecnológico crea situaciones que interrogan al sistema político-institucional reclamando una reformulación del papel del ciudadano y de su relación con el poder.

Estamos hablando de un nuevo “ciber-ciudadano” que, conectado a Internet, adquiere la capacidad de dar y recibir información y de actuar en múltiples ámbitos comerciales, administrativos, jurídicos, etc. sin necesidad de someterse a los tradicionales (¿obsoletos?) intermediarios sociales, económicos ni políticos. La irrupción de este nuevo ciudadano en la arena política hace que nos debamos preguntar… ¿De verdad está dicha la última palabra en lo tocante a los derechos civiles y políticos?… ¿Está agotada la agenda liberal progresista?

Creo que no. Es más, aunque produzca un cierto vértigo reconocerlo, creo que lo que está caduco es el modelo constitucional español vigente (por centrarnos en lo nuestro).

En efecto, el sistema político de la Constitución de 1978 fue diseñado para posibilitar una salida viable a la dictadura franquista dando paso a una “política de masas” que era lo que en aquellos años parecía bullir agazapado y reprimido. Toda la arquitectura constitucional trasluce un pacto que no se plantea entre “burguesía y proletariado” ni siquiera entre “derechas e izquierdas” (como hubiera sido deseable en los tiempos de la segunda República) sino entre la burocracia descreída que en realidad sostenía el régimen del General Franco y los líderes de unas inmensas fuerzas sociopolíticas…¡de papel!

Comenzando por el sistema electoral (listas cerradas y bloqueadas, etc.) todo fue perfilado para que unas elites traspasaran el poder sin demasiado sobresalto a otras elites (o a si mismas) igualmente burocráticas pero legitimadas mediante el sufragio popular.

Llama la atención, por ejemplo, la escasa eliminación de estructuras políticas, administrativas y públicas en general en un proceso de cambio político aparentemente tan radical como lo fue el de la Transición Española, nada menos que el paso de una dictadura personalista a una democracia plena. En realidad asistimos más que a una revolución a una reconversión, en bastantes aspectos, reconversión complementada por una imparable y tal vez disparatada generación de nuevas instancias de poder, tanto a nivel institucional como territorial, que “diluyeran” los restos de un franquismo cuyas trazas, homeopáticamente distribuidas, pueden detectarse aún al cabo de tantos años.

Frente al estado de cosas de la Transición la respuesta de la izquierda no fue revolucionaria (lo que seguramente es muy de agradecer) pero tampoco fue liberal, sino adaptativa. De la larga noche del franquismo el comunismo español salió envejecido; el socialismo, comatoso y el anarquismo, aquella poderosísima rama del movimiento obrero del primer tercio del siglo XX, muerto, inexistente. Consecuentemente, las libertades individuales, más allá de aquéllas cuyo ejercicio colectivo se encomienda a los propios partidos, no representaron una gran preocupación.

Ahora bien… ¿Encaja el modelo actual en lo que necesita ese ciber-ciudadano del que hablábamos?… ¿Cómo pueden imponerse hoy en día absurdas obligaciones, prohibiciones y regulaciones que impliquen una restricción a la libertad personal y que no encuentren una razonable justificación el principios políticos del más alto valor?…¿Acaso la libertad no es un “Valor Superior” de nuestro ordenamiento jurídico (Art.1,1 C.E.)

No creo que, por ejemplo, deban pasar desapercibidos para la izquierda resabios corporativos, gremiales, antiliberales y antimodernos (por muy consolidados que estén por el uso) que aún perviven entre nosotros tales como la regulación abusiva de las farmacias o la contratación innecesaria pero forzosa de abogados, procuradores, notarios, registradores, etc. (obsérvese que pongo el acento, no en la “conveniencia”, sobre lo que cada uno tendrá su propia opinión, sino sobre la injustificada obligatoriedad de la contratación de tales servicios).

Hay muchísimos más casos… ¿Cómo puede el poder político entrometerse imponiendo, por ejemplo, restricciones a la libertad de horarios comerciales?…¿Sólo porque los chinos son un tipo de inmigrante particularmente sumiso?… ¿Cómo puede la Administración “meterse en la cama“ de la gente para decidir sobre la legalidad de la elección de su cónyuge (cuestión todavía discutida por el Partido Popular) o para poner dificultades gratuitas y sobre todo crueles sobre la dispensación de las sustancias que posibiliten una muerte digna?…¿Cómo puede imponerse un idioma distinto del materno (y no más oficial que éste) en la escolarización de los hijos?…¿Porqué un consignatario está obligado a contratar la estiba o desestiba de su nave en puerto a una única empresa?..¿Que puede justificar en los tiempos que corren semejantes monopolios?

Todas estas preguntas y otras muchas que podrían hacerse son, evidentemente, retóricas. Conocemos de sobra la respuesta. Se trata de que el poder político no es algo independiente de la pugna de intereses entre los distintos grupos sociales. Se trata de que el poder político y el derecho, el propio Estado, son utilizados para el beneficio de castas burocráticas, corporativas, religiosas, empresariales, etc. que intentan (y con frecuencia consiguen) imponer sus intereses sobre el interés general.
Ahora bien, sabiendo que todo esto ocurre y que ocurre de modo natural e inevitable pues forma parte de la naturaleza política del ser humano… ¿Cómo es posible que la izquierda democrática, la “Socialista a fuer de liberal”, no tome en sus manos la bandera de la defensa del ciudadano, del individuo, de la persona libre frente a tanto corporativismo interesado, tanta burocracia y tanta imposición totalitaria?

Cada vez que nos topemos con una intromisión en la esfera de libertad y autonomía personal de la gente, una obligación o una prohibición deberíamos preguntar por su “ratio legis”…Y ésto… ¿Por qué? Y si la respuesta desprende un aroma tuitivo, un razonamiento del tipo de “por su propio bien” deberíamos tener en cuenta a ese ciudadano de hoy (y de mañana) y decir “No, gracias”.

En definitiva, que antes de entrar, incluso, en el proceloso mar de la gestión pública de la economía, la agenda política socialdemócrata ya debería estar rebosante de propuestas tendentes a la satisfacción del bien más preciado del hombre, su libertad.

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